Riego de la Vega - Leon

Los escándalos de corrupción asedian al PP. Las múltiples investigaciones avanzan, a pesar de las tácticas dilatorias y obstruccionistas usadas por la defensa. En este marco, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lanzado un recordatorio que tiene mucho de amenaza para el conjunto de los fiscales de este país: les ha recordado que "todos" pueden ser cesados si pierden la confianza de Eduardo Torres Dulce, el Fiscal General puesto por el PP.

Las declaraciones no son nada inocentes. Además, aunque la vicepresidenta sólo se ha referido, con nombres y apellidos, a las presiones ejercidas contra el Fiscal Jefe de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, que finalmente han conducido a su dimisión antes de que Torres Dulce siguiese con su plan de expulsarle del puesto, el “mensaje” se produce el mismo día en que el Fiscal General del Estado ha intentado amedrentar a la Fiscalía Anticorrupción criticando algunas de sus últimas decisiones, que afectan directamente a la “tranquilidad jurídica” a algunos dirigentes del PP.

En medios políticos se señala que la parrafada de la vicepresidenta “o no tiene sentido, o tiene un sentido claramente amenazante. No hace falta recordar a profesionales con una amplia formación jurídica que la carrera fiscal es jerárquica, y que dependen orgánicamente del Fiscal General nombrado por el Gobierno, Por tanto, la única explicación posible para estas palabras es lanzar el mensaje de que al Gobierno –y a sus más directos servidores- no les va a temblar la mano para ‘hacer una limpia’ de fiscales díscolos”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha aludido a la independencia de la fiscalía respecto al Gobierno pero ha subrayado su estructura de "dependencia jerárquica" en su obligación de defensa de la legalidad. En este marco, compete al fiscal general del Estado organizar la propia fiscalía "atendiendo al cumplimiento de sus fines". "Es un organismo de dependencia jerárquica de acuerdo al principio de confianza y el cumplimiento de las funciones", ha reiterado hasta la saciedad Santamaría, por si acaso alguien es duro de oído o de mollera.
Pocas horas después de estas declaraciones, Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, según su propia confesión “porque no sabe hacer otra cosa”, y cuya implicación en las tramas Gürtel y Noos cada vez parece que está más cerca de ser probada por la Fiscalía, ha hecho unas declaraciones en las que ha dejado claro que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, había “desautorizado” manifiestamente las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y que, por tanto, ella seguía tranquila y que no había “nada nuevo”. Así están las cosas.