Puente Castro - Leon

El Ayuntamiento recurre al juez para que 19 familias dejen los pisos que les prestó Acción Social
La concejala asegura que han superado el plazo fijado e incumplido los criterios por los que les fueron adjudicados
18.10.07 - V. M. V.
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Rosa Hernández. / G. VILLAMIL
ALOJAMIENTOS PROVISIONALES
Alojamiento provisional: Se trata del servicio social específico por el que el Ayuntamiento de Valladolid «concede el uso temporal de una vivienda, como instrumento para el desarrollo de intervenciones dirigidas a la promoción e inserción socio-laboral de las personas o familias beneficiarias al amparo de la convocatoria».

Duración: Seis meses, prorrogable hasta 36, previo informe favorable sobre la oportunidad social de dicha medida.

Vivienda: Pueden ser beneficiarios de alojamiento provisional cualquier persona o familia que carezca de cualquier recurso de alojamiento o de posibilidades de acceder a él.

Empadronamiento: Al menos un año empadronados en Valladolid capital. Además, deben estar inscritos en el registro público de demandantes de viviendas protegidas de Castilla y León.

Riesgo: Que se encuentren en riesgo de exclusión social, siempre que el acceso a un alojamiento temporal constituya un medio para promover su integración.

Intervención social: Un año antes a la presentación de la solicitud, ningún miembro de la unidad familiar debe haber rechazado la participación en proyectos de intervención sociofamiliar y laboral.

Niños: Los menores en edad escolar obligatoria no deben presentar problemas de absentismo (faltar a clase).

Sin rechazos anteriores: Los beneficiarios no pueden haber rechazado injustificadamente cualquier ofrecimiento de vivienda de este programa ni tampoco una vivienda de protección oficial de la que hubieran sido adjudicatarios.

Antecedentes: Ninguno de los miembros de la unidad familiar debe tener antecedentes penales relacionados con el tráfico de drogas y, en el caso de familiares en esta situación, deben haber participado en un programa de desintoxicación.

La concejala de Acción Social, Rosa Hernández, informó ayer durante la comisión de de esta área municipal de que el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a la vía judicial para que 19 familias abandonen las viviendas municipales que ocupaban al incumplir los criterios que Acción Social reclama para habitar de forma temporal uno de estos alojamientos provisionales, o superar los tres años establecidos como periodo máximo de ocupación.

Hernández aseguró que el Ayuntamiento requirió a estas familias la devolución de llaves (a doce en el 2006 y otras doce en el 2007) y solo cinco lo han hecho, por lo que ha tenido que acudir a los juzgados para poder expulsar a los ocupantes de estas viviendas, concebidas como alojamientos temporales «y no como una solución definitiva para determinadas familias», comentó Hernández.

«En la actualidad estamos viendo la posibilidad de que accedan a un alojamiento en alquiler y establecer un servicio de mediación. Hay familias que tienen voluntad de irse, pero presentan dificultades para encontrar una vivienda acorde con su renta o posibilidades», comenta la concejala. Sin embargo, añadió que «es una cuestión difícil, ya que estas familias han incumplido su compromiso con el Ayuntamiento, por lo que es complicado que ese mismo Ayuntamiento haga de mediador», añadió. Hernández recordó que estos inquilinos -hay abiertos 39 expedientes- llegaron a las viviendas desde distintos puntos de la ciudad «y no proceden del antiguo poblado de La Esperanza».

Alfonso Sánchez, concejal de Izquierda Unida, aseguró que la resolución judicial, cuando llegue, puede desembocar en el desahucio, «lo que generaría un problema social. Se tendría que llegar a algún tipo de mediación, quizá con el Secretariado Gitano, para ayudar al alquiler de una nueva vivienda, fuera de este programa, a las familias que están interesadas y que, verdaderamente, tienen intención de alquilar una vivienda pero no pueden hacerlo».

La concejala socialista Mayte Carbajo aseguró que «no podemos solucionar un problema social creando otro» y solicitó también la mediación municipal, «pero no a través de los servicios para inmigrantes, como proponen, sino con uno específico para colectivos en riesgo de exclusión». Los tres grupos políticos coinciden al señalar que estas viviendas son «soluciones provisionales» y que el Ayuntamiento «no está para poner pisos gratis a nadie».

Calle La Flor

Carbajo añadió que la situación se puede complicar durante las próximas fechas ante el anunciado desalojo de las doscientas personas que viven hacinadas en el gueto de la calle La Flor, en el barrio de Las Flores. El PSOE solicitó ayer información en la comisión correspondiente. Rosa Hernández, responsable de Acción Social, explicó que la concejalía de Urbanismo ha realizado un estudio técnico sobre el estado en el que se encuentran las viviendas de la zona y que «estos datos se tendrán que cruzar después con los de Acción Social; pero aún no hemos recibido los datos de Urbanismo». Hernández sí que adelantó que «no será un realojo similar al de La Esperanza. En este caso hay familias con capacidad para alquilar», añadió.