Puente Almuhey - Leon

León / Valladolid 19/07/2013




La federación de pedanías solicita la aplicación inmediata de la normativa

El consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó ayer el decreto por el que se regulan las funciones de secretaría e intervención en las entidades locales menores (juntas vecinales y concejos) y que permitirá actuar a éstas dentro de la legalidad, en especial en lo que se refiere al trámite de sus presupuestos y la rendición de cuentas. En la comunidad autónoma existen 2.226 entidades locales menores, de las que unas 1.200 pertenecen a la provincia de León.

El decreto supone el desarrollo de la disposición
adicional sexta de la Ley de Régimen Local
en Castilla y León, de 1998,
que especifica que las funciones de secretaría e intervención de juntas vecinales y concejos corresponde al Secretario de la Ayuntamiento a cuyo municipio pertenecen las entidades locales menores o al servicio de asistencia a municipios de las diputaciones provinciales, según recordó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez. Con el decreto se posibilita a las entidades locales menores la obligación de rendir cuentas que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Precisamente la Federación Leonesa de Entidades Menores, creada ante la posibilidad de su disolución por la reordenación de la Administración que propuso el Gobierno de España, incidió desde un principio en la necesidad de que los secretarios municipales atendiesen a las pedanías con el fin de cumplir con los requisitos legales y promovió el desarrollo de la ley.

El decreto establece tres supuestos para la atención a las entidades locales menores en función del número de habitantes de los municipios a los que pertenecen.

En los municipios o agrupaciones de municipios que no superen los 5.000 habitantes, alrededor de 2.082 pedanías, será el secretario-interventor municipal el que se ocupe de la secretaría de las pedanías, si bien se establece que, en su defecto o por un exceso de trabajo, la función se desempeñe gracias a un convenio entre las juntas vecinales, el Ayuntamiento correspondiente y la Diputación.

Si este acuerdo no fuera posible, se encomendará las labores que requieran una atención más cercana y directa al secretario-interventor, mientras que aquellas que puedan atenderse a distancia recaerán en el servicio de asistencia de la Diputación o, en su caso, en el Consejo Comarcal del Bierzo.

Convenios y ayudas

En municipios o agrupaciones de éstos con población igual o inferior a los 20.000 habitantes, en los que las funciones de secretaría e intervención están separadas —situación de 11 pueblos— y en los que superan los 20.000 habitantes —33 localidades— se contempla como única posibilidad la colaboración entre cada ayuntamiento y las juntas vecinales con las diputaciones o el Consejo Comarcal del Bierzo. Las funciones que deberá cumplir cada una de las administraciones quedarán plasmadas en un convenio.

El consejero de Presidencia informó al Consejo de Gobierno de la concesión de ayudas a las diputaciones provinciales para la mejora del personal y el funcionamiento de sus servicios de asistencia a municipios y al Consejo Comarcal del Bierzo, dentro de su Convenio Marco de Colaboración.

La Diputación de León recibirá 377.480 euros y el Consejo Comarcal, 272.988. En cuanto al resto de las instituciones provinciales, se destinan a Ávila 269.848 euros, 398.745 a Burgos, 283.486 a Palencia, 379.481 a Salamanca, 242.491 a Segovia, Soria se lleva 207.429 euros, mientras que la cantidad destinada a Valladolid es de 308.489 y Zamora dispondrá de 272.988 euros.

Por otra parte, cada una de las diputaciones percibirá, además, 8.756 euros para la elaboración de la encuesta de infraestructuras locales.

19/07/2013

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La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores manifestó su agradecimiento al presidente Herrera por cumplir con el compromiso de aprobar el reglamento regulador de las funciones de secretaría antes de las vacaciones y recordó que ésta fue una se sus demandas desde que se constituyó el año pasado. Para la federación, la asistencia de los secretarios es «una exigencia ineludible de seguridad jurídica y de transparencia, pues las Juntas Vecinales son Administraciones públicas y deben estar asesoradas y controladas por funcionarios públicos», señala un comunicado que urge a una aplicación inmediata del decreto «para ver los problemas» que surjan en su aplicación y subsanarlos.

El escrito destaca que la Junta no ha cedido a la presión de los colegios de secretarios de ayuntamientos, que se oponían a la nueva norma, si bien pide a la Consejería de Presidencia un estudio de la carga de trabajo que supondrá su aplicación en cada puesto «al efecto de reordenar de forma eficiente la prestación de este servicio».

La entidad considera que el decreto «es el primer paso para modernizar» las juntas vecinales y la forma de atender los requerimientos del Gobierno central de transparencia, rendición de cuentas y eficacia.

También solicita a la Junta que apruebe unas instrucciones para los servicios de asistencia a municipios de las diputaciones para que no sean las juntas vecinales las que financien el trabajo de los secretarios