Palacios del Sil - Leon

La Agencia Tributaria denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Un informe de 94 folios concluye “la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades con reparto de funciones y mantenida a lo largo del tiempo”, que cobraron de las eléctricas al menos 110 millones de euros para agilizar la tramitación de parques eólicos en la Comunidad, según informa en su edición de este lunes el diario El País.

Hacienda incluye en esa organización a “autoridades públicas de Castilla y León, las empresas eléctricas que iban a hacer la instalación y explotación de los parques, los intermediarios promotores de los parques eólicos que obtuvieron las autorizaciones administrativas precisas y las sociedades propiedad de los empresarios locales que, sin motivos económicos válidos, recibieron las transferencias de fondos o de acciones por importe superior a 110 millones de euros”.

El informe, siempre según El País, detalla siete operaciones en las que las eléctricas terminan pagando a empresarios locales o altos cargos estas cantidades directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques y sin que se produzca ninguna contraprestación o actuación concreta.

La conclusión es que las eléctricas transfieren las acciones de las sociedad creadas de tal forma que “se multiplica por cientos de veces, incluso miles, el capital inicialmente aportado, sin que en la mayoría de los casos hayan llegado a instalarse los aerogeneradores para la producción de energía”.

La Agencia Tributaria ha detectado que entre los beneficiarios hay personas que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y León, que autorizaba los parques.

La Agencia Tributaria ha detectado que entre los beneficiarios hay personas que entonces ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y Leon, la que autorizaba los parques.

Uno es el entonces viceconsejero, Rafael Delgado Núñez, el que firmaba las autorizaciones administrativas “en virtud de acuerdos de avocación específicos”.

Sin embargo, el principal señalado por el documento es Alberto Esgueva, que fue hasta 2006 consejero delegado de Excal, empresa pública de la Junta dedicada a fomentar exportaciones. Su grupo empresarial es uno de los más beneficiados por las operaciones. Desde el pasado mes de septiembre reside en Polonia, donde dirige una empresa inmobiliaria.

El responsable de la Consejería de Economía es Tomás Villanueva, que lleva en el cargo desde 2003 y es considerado como la mano derecha del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera (PP). Su nombre se menciona en el informe para señalar que Delgado Núñez “desempeñó un puesto muy importante en dos consejerías de la Junta de Castilla y León (Economía y Educación) cuya titularidad correspondió al consejero Tomás Villanueva, de manera que cuando el consejero cambiaba de consejería también lo hacía Rafael [Delgado], ya fuera como viceconsejero o secretario general”.