Lucillo - Leon

¿Están los políticos, altos cargos del Estado y las empresas públicas, altos ejecutivos de la banca y los monopolios, dispuestos a quedarse dos o tres meses sin sus salarios de miles de euros, 8.000, 10.000, 20.00 o más de 50.000 euros mensuales, para contribuir a salir de la crisis? ¿Está el gobierno dispuesto a dejar dos o tres meses sin sus buenas pensiones a los ex-presidentes y sin sus millonarias pensiones a los banqueros? ¿O dos meses sin sueldo a la Casa del Rey? Pues eso es lo que significan para millones de familias trabajadoras los recortes y ajustes de Rajoy. ¿”Unos eurillos”? ¿”Cuatro cafés”? No, señor Rajoy y dirigentes del PP, dos o tres meses sin sueldo para trabajadores y pensionistas. Y un paso más hacia la miseria absoluta para millones de parados sin ingresos.

Unos “pocos eurillos…”

Rajoy ha tomado la senda de Zapatero pisando a fondo el acelerador. Euro a euro los planes de ajuste y recortes, más la subida de los precios de los servicios básicos, están suponiendo para la inmensa mayoría de las familias españolas la pérdida del equivalente a uno, dos o más meses de sus ingresos. "¿A cuántas familias un “copago” más las coloca al borde de la desesperación, como al pensionista griego que se pegó un tiro ante el parlamento?"


La rebaja de los salarios está en aceleración continua desde las medidas de Zapatero y la rebaja del 5% a los funcionarios. En los cinco años de crisis los salarios han perdido 12,7 puntos en el reparto de la riqueza, el equivalente a 127.000 millones de euros; o lo que es lo mismo, cada trabajador ha perdido una media de 1.100 euros al año. Es la media, porque para millones de parados la pérdida es de miles de euros.


Si la subida del IVA de Zapatero esquilmó 290 euros a cada familia, según cálculos de la organización de consumidores OCU; la subida de impuestos de Rajoy, IRPF e IBI, ha sido otro hachazo de 270 euros de media, según la organización de los técnicos de Hacienda, Gestha.


Durante la crisis, la subida de los servicios básicos, con precios autorizados por el gobierno, incluyendo los impuestos especiales que los gravan, es un auténtico atraco al 90% de la población, en beneficio de los grandes monopolios. Según la asociación de consumidores Facua, en los últimos cinco años la luz ha subido un 60%, lo que significa que cada familia estamos pagando una recarga media de casi 367 euros más que en 2007. Por las hipotecas estamos pagando 360 euros más al año. Y llenar el depósito de gasolina cuesta hoy 60 euros más que en 2007.


¿Cuántos “eurillos” van a suponer las nuevas subidas de precios básicos y los nuevos recortes adicionales de Rajoy? Según las organizaciones de consumidores, luz, gas y agua aumentarán las facturas en 118 euros más al año. Los primeros estudios ya avisan que el copago farmacéutico puede suponer entre 90 y 200 euros más de media para las familias.


¿Se han parado el presidente del gobierno y los dirigentes del PP a sacar las cuentas de cuantos “eurillos” suma el atraco de los recortes, ajustes y precios de los servicios básicos? ¡Más de 3.300 euros! anuales para una familia media. Y esto es sólo el atraco directo al bolsillo, sin tener en cuenta las tasas universitarias o la repercusión de los recortes en los servicios públicos de educación, sanidad o dependencia. ¿Y se han parado los dirigentes del PSOE?, porque estas son las cuentas de ZP más Rajoy.


Lo que para Rajoy son “unos pocos euros”, son dos o tres meses de sueldo de un mileurista, casi cuatro meses el sueldo de 900 euros más frecuente en España. ¿A cuántas familias un “copago” más las coloca al borde de la desesperación, como al pensionista griego que se pegó un tiro ante el parlamento?

“¡Sí hay dinero! ¡Lo tienen los banqueros!”

¿No hay dinero para “para mantener los servicios básicos” del Estado de Bienestar como dice Rajoy, y por eso “hay que hacer sacrificios”? Los números dicen otra cosa, sí hay dinero y el problema es dónde está y quién se lo lleva. ¿Cómo va a haber dinero si se lo llevan el capital extranjero, la banca y los monopolios? " Más de 455.000 millones de euros de dinero público para rescates bancarios y monopolistas ¿y no hay dinero?"


El 59% de los presupuestos está hipotecado por la deuda, por el pago de intereses y la devolución de capital a los bancos extranjeros y españoles. Sólo por los intereses de la deuda pagaremos este año más de 37.000 millones de euros; que pueden ser varios miles de millones más si tenemos en cuenta que sólo en los tres primeros meses la subida de la prima de riesgo nos ha costado 8.800 millones de euros adicionales.


Los rescates bancarios, para que la gran banca de Botín y Cía paguen las deudas de su expansión internacional y se queden con las cajas de ahorros, nos cuestan 255.000 millones de euros. Otros 24.000 millones de euros del llamado “déficit tarifario” –transformados en deuda pública- se les están regalando a las eléctricas, iniciativa que empezó ZP y sigue Rajoy. El pago a los proveedores, 35.000 millones de euros se ha convertido en otro rescate bancario encubierto, ya que los bancos no sólo se quedarán con ese dinero “a cuenta de las deudas” de las empresas con ellos, sino que se llevarán además 800 millones por comisiones y 4.000 por los intereses.


Pero hay más, España contribuye con 100.000 millones, en dinero efectivo y avales, al Fondo de Estabilida Europeo, es decir, al rescate de la gran banca alemana y francesa, principales dueños de la deuda griega..
Más de 455.000 millones de euros de dinero público para rescates bancarios y monopolistas ¿y no hay dinero? ¿O lo que no hay es vergüenza, señor Rajoy, sino sumisión al hegemonismo a cuenta de sangrar hasta la última gota a trabajadores, pensionistas, pymes y familias?

Hay gente que va a morir por esto”. Así valoraba un médico los efectos de los nuevos recortes en sanidad. Así de claro. Y lo peor de todo es que es verdad. Van a obligar a los pensionistas a pagar por los medicamentos. Nos van a cobrar a todos por servicios sanitarios vitales, hasta ahora gratuitos. Negarán asistencia médica a todos los inmigrantes ilegales… y a los españoles mayores de 26 años que no hayan cotizado… Se están cargando la sanidad pública universal y gratuita, una de las mayores conquistas sociales. Y todo arranca de una noche donde el gobierno de Rajoy se reunió de urgencia, por mandato de Washington y Berlín, para anunciar un nuevo tijeretazo de 10.000 millones en sanidad y educación. El mensaje lanzado desde Washington y Berlín es claro: “si España no puede permitirse tener una sanidad pública universal y gratuita, que no la tenga, porque la prioridad absoluta es que me paguen”. Y el gobierno parece estar dispuesto a cumplir este nuevo mandato. A costa de nuestra salud.





Copago, repago y tripago
Los pensionistas tendrán que pagar por los medicamentos. Pero, para más escarnio, tendrán que “adelantar el dinero”. Se fija un límite de pago según renta, de entre 8 y 18 euros mensuales. Pero todos los pensionistas deberán pagar en el momento el 10% del precio de los medicamentos. Y la diferencia que exceda de los topes marcados les será reembolsada en un plazo de seis meses. "La gestión de toda la sanidad pública valenciana estará en manos del capital extranjero... ¿hay mayor peligro para nuestra salud?"


Teniendo en cuenta que el precio medio de las medicinas que necesita un jubilado es de 200 euros mensuales, todos tendrán que “adelantar” el dinero. Cuanto menor será la pensión, más se notará el coste extra de ese “adelanto”.


Pero la cosa no queda aquí. Medicamentos que ellos catalogan “para síntomas poco graves” quedarán excluidos de la seguridad social, y habrá que pagar la totalidad de su precio. Algunos de ellos son vitales para muchos enfermos crónicos, y supondrá un coste que muchos no podrán asumir.




Y, junto al copago farmacéutico, ya nos han metido el copago asistencial. Han creado una “cartera básica de servicios”. El resto son considerados “accesorios”, y dejarán de ser gratuitos.


El “servicio sanitario no urgente”, las prótesis y los tratamientos dietéticos han sido los primeros en aplicarles el copago. Un enfermo de diálisis impedido tendrá que costear la ambulancia que le traslada. Unos 35 euros diarios. Un dependiente tendrá que pagarse su silla de ruedas. Puede costar hasta 2.500 euros. Una familia con hijas con trastornos dietéticos tendrá que pagar el coste de los suplementos alimenticios que necesiten. Puede suponer un gasto de 2.000 euros mensuales.


¿Y quién no pueda pagar? Pues no recibirá ningún servicio.


Excluidos de la sanidad pública
A partir del 31 de agosto, 150.000 inmigrantes ilegales serán expulsados de la sanidad pública. Si necesitan tratarse un cáncer, serán abandonados. Solo podrán acudir a urgencias.


Han empezado por el sector más débil, y contra el que pueden lanzar diabólicos climas de opinión –“no cotizan”, “abusan de la sanidad pública”…-. Pero este es un ataque contra todo el pueblo. Si consiguen negarle la asistencia médica a un sector, acabarán por negársela a todo el mundo.


Y ya lo han demostrado. Anuncian que los españoles mayores de 26 años que no hayan cotizado, no tendrán derecho a la sanidad pública. Es el caso de 166.000 estudiantes que todavía no han encontrado su primer empleo.


Volvemos a los tiempos del falangista Girón de Velasco como ministro de sanidad. La sanidad deja de ser un derecho ciudadano universal, y pasa a ser una contraprestación a la que solo tienen derecho los “asegurados”, los que coticen. Y quien no cotice, queda fuera.



La salud de todos los valencianos entregada al capital extranjero
El gobierno valenciano nos ha revelado la razón de tan salvaje ataque a la sanidad pública. A partir del 2 de enero de 2.013, la gestión de toda la sanidad pública va a pasar a manos privadas.


El “modelo Alzira” se extenderá a toda Valencia. Allí, la gestión de la salud de un millón de valencianos recae sobre Ribera Salud, en proceso de ser vendida al grupo Capio, cuyo propietario es el fondo de capital riesgo anglosajón CVC Partners Capital.


Estos oligopolios de la sanidad privada, controlados por el capital extranjero, junto a bancos y fondos de capital, son los principales interesados en quedarse ahora con la gestión de la salud de todos los valencianos.


Dicen que la “gestión público-privada” abarata los costes. No es verdad. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que “dejar en manos del sector privado la sanidad pública acaba siendo más costoso, y va en detrimento de la calidad”.


La única razón está en que los fondos de capital que gestionan el “modelo Alzira” ganan cada año 3 millones de beneficios, que en lugar de invertirse en nuestra salud pasan a sus cuentas de resultados.


Ahora, esos beneficios se multiplicarán, al quedarse con la gestión de toda la sanidad pública valenciana. Y todo lo que ganen ellos, se lo quitarán a nuestra salud.


Este es el único objetivo de la demolición de la sanidad pública. Entregarle nuestra salud al capital extranjero como fuente de negocio.

¡Y DE NUESTRA PROVINCIA QUE?
Mas de lo mismo, los populares en años de gobierno han conseguido meterla entre las tres ultimas en productividad, envejecida despoblada, la juventud largándose a buscarse la vida donde puede, pueblos abandonados y casi vacíos con cuatro viejos que van cayendo, un asilo improductivo e inactivo eso es nuestra querida tierra.


AHORA DICEN SE OPONEN A SU JEFE EL DE LOS LABIOS PERMANENTE HÚMEDOS mirada de alucine E ILILLOS EN LA BOCA. Que no quieren eliminar ayuntamientos, si no que se mancomunen o creen distritos para ayudarse, eso si voluntariamente. Me temo que es una pamema para bien quedar, y al final cuando no llegue el parne pasaran por el aro.

No es el copago. Es algo bastante peor. Bajo la bandera de la “racionalización del gasto” o la “priorización de los servicios básicos”, nos anuncian una salvaje poda de la sanidad pública y gratuita. Y la tijera va demasiado rápido. Sólo unos pocos días después de que De Guindos anunciara en los medios alemanes que “la próxima reforma será en sanidad y educación”, el gobierno anuncia un recorte “extra” de 10.000 millones que supondrá más cierres de ambulatorios, más privatizaciones… ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Cuanto más baja la sanidad pública, más sube la privada. Lo que está en juego es que los gigantescos presupuestos sanitarios públicos se conviertan en un negocio para los grandes fondos de capital extranjero. A costa de nuestra salud.


¿Qué significa esta amenaza?


La ministra de Sanidad, Ana Mato, ya prepara una propuesta de reforma donde se propone el recorte o la rebaja de las prestaciones sanitarias. Aquellos servicios que no se consideren básicos podrían quedar fuera de la sanidad pública. Y se podría dar un nuevo impulso a la privatización de la gestión de la sanidad.



Lo que preparan es un desmantelamiento –cada vez menos controlado y más salvaje- de la sanidad pública tal y como hasta ahora la hemos conocido.


Los casos del hospital de la Seu d´Urgell –de gestión semipública-, que ofrece saltarse la lista de espera de las operaciones si se paga cierta cantidad, podrían generalizarse.


Y si usted no puede pagar los servicios que va a dejar de prestar la sanidad pública… Simplemente no los recibirá.


Un gigantesco negocio oculto
¿Por qué se atreven con la sanidad pública? Porque los presupuestos sanitarios públicos –cifrados en 65.000 millones de euros anuales- son un gigantesco pastel que ahora se quieren merendar los grandes fondos de capital extranjeros.


La directora del monopolio germano Allianz Seguros, afirma desvergonzadamente que “esta situación [de recortes en la sanidad pública] supone una oportunidad para los seguros privados”.


Un reciente informe de Pricewaterhouse, habla de los “nichos de negocio” que se pueden abrir “con la caída del presupuesto de inversión sanitaria de hasta más del 40% en distintas autonomías”.


Y un analista financiero era mucho más claro al valorar que se está produciendo, en el terreno sanitario, “una transferencia de lo público a lo privado”.


¿Y quiénes son esas manos privadas? Gigantescos oligopolios de capital riesgo extranjeros que están tomando el control de la sanidad pública y privada en España.


El fondo británico-norteamericano Doughty Hanson va a convertirse en el primer “médico privado” de España, al adquirir una posición dominante en la fusión del grupo Quirón y USP.


El grupo Capio, propiedad del fondo británico CVC Partners Capital, controla ya los servicios sanitarios públicos de un 25% de los madrileños y un 20% de los valencianos.


Desmantelan la sanidad pública para que esos recursos se los quede el gran capital anglosajón, que está ya controlando la salud de millones de españoles.


Hay que detener a esta gente. Está en juego nuestra salud, y la de nuestros hijos y nietos.