Fabero - Leon

El PSOE exige al alcalde de Fabero que derribe la ampliación «ilegal» de su casa

El expediente abierto por infracción urbanística grave no avanza, denuncia Canedo









Una multa de 6.000 a 300.000 euros y demoler lo construido sin licencia

El ex alcalde socialista de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, instó ayer a su sucesor, el popular José Ramón Cerezales, a retomar el expediente por infracción urbanística grave que le abrió la anterior corporación, después de que el arquitecto municipal detectara -”y así lo refleja un informe firmado cuatro días después de las elecciones municipales y cuando Cerezales todavía no había sido investido alcalde-” que Cerezales, a través de su empresa Pirober 39 SL, estaba construyendo sin licencia una piscina cubierta y un edificio auxiliar de 90 metros cuadrados, anexo a la vivienda con fachada a la avenida del Bierzo para la que sí había obtenido permiso en octubre del 2008. El informe del arquitecto concluía recomendando la apertura del expediente sancionador porque las obras «no son legalizables».

Canedo, que habló en nombre del grupo municipal socialista, expresó su temor a que el nuevo alcalde caiga en la tentación de «olvidarse» del expediente sancionador porque hasta la fecha el equipo de gobierno no ha nombrado ningún instructor nuevo para sustituir al anterior concejal de Urbanismo, Francisco Robles, y continuar la tramitación de la multa por infracción urbanística grave y la demolición de todo lo construido sin licencia antes de que pase el plazo legal de seis meses

«Empezó a construir el edificio anexo en forma de ele en una zona que no es edificable porque está dentro de una unidad de ejecución urbanística que no se ha desarrollado», explicó Canedo, que el 6 de junio, y todavía ejerciendo en funciones, firmó uno de sus últimos decretos como alcalde para ordenar la suspensión inmediata de las la construcción sin licencia, incoar el expediente sancionador y otro para demoler lo construido. El arquitecto municipal también cuantifica el valor de las construcciones ilegales. «Se estima un valor de la obra que se realiza sin licencia en 42.000 euros».

El grupo municipal socialista, sin embargo, teme que el expediente esté congelado porque no ha avanzado «nada» en las últimas semanas. «No conocemos la nuevo instructor, a parte de que el alcalde, como parte interesada, debería delegar el nombramiento en otra persona», aseguró el ex alcalde, recordando que Robles, al abandonar su responsabilidad como concejal de Urbanismo, también se ha apartado del expediente.

Prevaricación si no actúa. Canedo advirtió a su sucesor que puede incurrir en un delito de prevaricación -”adoptar resoluciones injustas a sabiendas-” si no continúa con la tramitación del expediente sancionador abierto. «El expediente se puede reabrir después de los seis meses» afirmó.

El ex alcalde también advirtió a su sucesor de que su imagen todavía puede salir más tocada. «Que empiece el mandato con una infracción urbanística grave es como para replantearse mucho su moralidad y la legitimidad para ser alcalde», manifestó.

La Fiscalía de Área Ponferrada ha observado indicios de delito penal presuntamente cometido por el alcalde del PP en Fabero, Ramón Cerezales, por negar de manera reiterada al Grupo Socialista la información, documentación y posibilidad de debate a las que la oposición municipal tiene derecho constitucional, como el propio fiscal explica en su escrito de imputación al regidor.

Lejos de archivar la denuncia iniciada por los socialistas de Fabero, el fiscal traslada el caso al juzgado de Instrucción, para que continúe con el caso, tome declaraciones, requiera documentación y active cuantas gestiones sean necesarias. El regidor se enfrenta a un delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal, que conlleva de 1 a 4 años de inhabilitación.

En su escrito, el ministerio fiscal repasa abundante jurisprudencia, que deja claro que denegar información y/o denegar documentos, así como no convocar plenos ordinarios o extraordinarios atenta contra derechos civiles y democráticos de toda oposición política. "El reconocimientos de dichos derechos quedaría vacío si no se estableciese la sanción de los funcionarios públicos o autoridades que, abusando de su función, impidiesen ejercitarlos", reza el decreto del fiscal.
El Grupo Socialista llegó a reclamar por escrito dos plenos extraordinarios, asegura que "esperó en vano" a otros plenos ordinarios que teniendo obligación de convocarse el PP impidió celebrar y reclamó numerosa información tanto por escrito, pasando por registro, como de viva voz, que jamás fue facilitada ni aportada por el equipo de gobierno del PP.
El PSOE afirma que conoció la decisión judicial "hace meses" pero que, por "prudencia y responsabilidad", no ha querido anunciarla públicamente hasta ahora, cuando ya es inminente el inicio de las declaraciones ordenadas por el juez. Ahora bien, el grupo considera que "unos gobernantes no pueden estar haciendo muy bien las cosas cuando los jueces investigan de manera permanente supuestos delitos gravísimos".
La portavoz socialista María Paz Martínez se refiere tanto a los casos que afectan directamente al alcalde como al presunto delito de prevaricación del que ha sido acusado el teniente de alcalde y presidente local del PP en Fabero, José Manuel Digón, por contratar seguros municipales a un familiar directo, "contratación que el regidor ha aplaudido".
Ante la acumulación de casos, el Grupo Socialista reclama al PP "que se aplique la misma medicina que tantas veces ha pedido para los demás y dimitan de sus cargos". Además, Martínez se pregunta si Izquierda Unida, "que tantas veces dijo que no apoyaría a políticos imputados" seguirá sosteniendo con sus votos "a un PP que tiene a 2 de sus 3 concejales imputados" o si "disimulará a un año de las elecciones".