Calzadilla de Los Hermanillos - Leon

]En defensa de lo comunal

Fuente: Diario de León

José Serrano Cepeando. Doctor en Historia Económica por la UAB y autor de varias obras sobre bienes comunales 07/08/2012.

El día 13 de julio del 2012 puede pasar a la historia como uno de los días más nefastos para la provincia de León. El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local prevé la desaparición de las Entidades Locales menores que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos, que también se quedarían con los bienes de los pueblos. Aunque detrás de estas medidas se argumenta la racionalización de la administración, visto el nivel de endeudamiento de los Ayuntamientos no sería descartable que estas propiedades acabasen vendidas al mejor postor, como ya ocurrió hace un siglo y medio. Es decir, los pueblos leoneses estuvieron a punto de perder sus propiedades con las desamortizaciones puestas en marcha a lo largo del siglo XIX para reducir la deuda del Estado.
Primero, la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837) puso en venta los bienes de la Iglesia. Sin embargo los pueblos se vieron privados de bienes que aprovechaban colectivamente como «cotos redondos», «dehesas de labor» o montes pertenecientes a monasterios como los de Sahagún Carracedo, Gradefes o Carrizo de la Ribera y que fueron comprados por burgueses y especuladores. Aunque éstos continuaron arrendándolos a los pueblos, impusieron nuevas condiciones, a veces abusivas; un ejemplo de lo ocurrido es Villaverde de Sandoval, comprado de forma fraudulenta por G. Balbuena y que derivó en un conflicto de orden público, al quedar excluidos de los aprovechamientos la mayor parte de los vecinos. No obstante, también los pueblos se valieron de la ocasión para comprar de forma colectiva montes y propiedades comunales.
De nuevo a mediados del siglo XIX, con un Estado fuertemente endeudado, Pascual Madoz, ministro de Hacienda, puso en venta los llamados bienes de propios; es decir, bienes cuyo aprovechamiento era cedido por el concejo a particulares a cambio del pago de un canon. Al amparo de esta desamortización fueron enajenados molinos, fraguas, cantinas, quiñones, cotos boyales o montes de aprovechamiento común. No obstante, en León, en comparación con otras provincias españolas, la superficie de comunal vendida durante el siglo XIX fue mínima. La principal razón de ello es que, al ser los comunales básicos para las economías campesinas todos los sectores sociales se aliaron para impedir su venta. A través de estrategias legales como las «solicitudes de excepción» de la venta, o «ilegales» como la violencia contra los compradores o las quiebras fraudulentas, los pueblos impidieron muchas ventas. También hubo ocasiones en las que los pueblos conservaron su patrimonio comunal porque los vecinos, comprometiendo sus capitales, compraron colectivamente bienes subastados, los cuales posteriormente eran escriturados a favor de las Juntas vecinales.
También durante el XIX los pueblos fueron desposeídos de comunales con la desamortización de foros y censos y con la «abolición de los señoríos», resuelta de forma muy favorable a la nobleza al reconocerle la propiedad plena de montes y fincas por las cuales los pueblos pagaban rentas señoriales. De hecho, cuando en 1931 la Ley de Bases de Reforma Agraria republicana preveía la abolición de los señoríos y el rescate de los comunales de los pueblos que un siglo antes habían sido vendidos o usurpados al amparo de la desamortización, diversos pueblos de León acudieron al Instituto de Reforma Agraria a reclamar, siendo destacado el caso de Villamor de Riello defendido por el insigne D. Vicente Flórez de Quiñones.
Durante el siglo XIX no sólo les fueron arrebatadas a los pueblos propiedades comunales, sino que el Estado liberal intentó despojar a los concejos y a los vecinos de la gestión de sus bienes comunales. Por un lado, con la creación de los municipios en 1812, las leyes únicamente reconocían a los ayuntamientos, columna vertebral del c..aciquismo, como interlocutores entre los pueblos y la Administración. Posteriormente, a través de diversas leyes se determinó que la administración de los comunales y montes «públicos» era competencia de los Alcaldes municipales y ayuntamientos y no de los concejos de vecinos. Una de las consecuencias es que las Juntas administrativas o vecinales se vieron privadas de competencias para castigar a quienes cometiesen infracciones en la utilización de los recursos comunales. No obstante, a pesar de que administrativamente se despojó a los «concejos de vecinos» de competencias y se intentó desposeer de todo valor legal a la costumbre y a las ordenanzas concejiles, los pueblos siguieron defendiendo y aplicando el ordenamiento comunitario.
Por otro lado, y en lo que se refiere a la gestión de los montes de los pueblos, a partir de 1853 ésta pasó a ser tutelada por los Ingenieros de Montes. A partir de ese momento, se prohibieron y castigaron aprovechamientos tradicionales como las roturaciones y el pastoreo, considerados dañinos para el monte; incluso, a partir de 1876 se encargó a la Guardia Civil las tareas de guardería forestal. A pesar de la represión, el intento de los ingenieros de montes de promover un monte productor de madera a través de repoblaciones y ordenaciones fracasó y tuvieron que limitarse a cobrar el 10% de la tasación de los aprovechamientos tradicionales (ganadería, ramón, leñas y roturaciones). Los ingenieros no pudieron salirse con la suya porque los vecinos resistieron y rechazaron la injerencia exterior, la cual ponía en peligro sus medios de vida y su supervivencia que dependía de los aprovechamientos en los comunales.
Si hoy en día en León, en pleno siglo XXI, se mantienen los comunales es porque los vecinos las defendieron con «uñas y dientes» frente a las embestidas del Estado liberal. Esos bienes de los pueblos hoy vuelven a estar en peligro, casi por las mismas razones que el siglo XIX: un Estado endeudado y unas instituciones políticas en manos de gente que las ha venido utilizando en provecho propio. A diferencia del pasado, hoy los comunales ya no son fundamentales en la economía leonesa, ya que cada día menos gente vive de la agricultura y de la ganadería. Sin embargo, los comunales son un legado de nuestros antepasados que hoy nos toca defender a nosotros. Con una economía en manos de especuladores, se corre el riesgo de que los montes y las propiedades de los pueblos acaben vendidos a precio de saldo; es más, lo peligroso es que hoy con una economía globalizada estas propiedades acaben en manos de empresas extranjeras y que acabemos sintiéndonos extraños en nuestra propia tierra.

Estudis de Mobilitat

Luis Herrero Rubinat. Concejal de San Andrés del Rabanedo 15/08/2012

Nacieron en aquellos tiempos en que fuimos el Reino de referencia: germen de la idea de España, cuna de reyes, caldo de fueros, semilla del parlamentarismo democrático. Entonces, como ahora, se demostró la utilidad de un sistema basado en la autogestión de los pueblos, en la democracia directa y en la optimización de los recursos comunes con el trabajo de los propios vecinos. Del conjunto de los vecinos. Montes, pastos y caza; leña, agua, caminos; cementerio y fiestas. Bienes y recursos de todos, «del común», gestionados por todos, conforme a las decisiones emanadas del concejo de cada pueblo.
Crecieron con los años, se desarrollaron con el paso de los siglos y, en la actualidad, conforman una realidad milenaria. Son parte, desde una muy destacada posición, de eso que se conoce como el acervo cultural, la idiosincrasia o la identidad de nuestra tierra. Las juntas vecinales son parte del «ser» leonés, de la cultura leonesa, de la identidad leonesa. Hasta el punto de que, sin esta institución señera, no sería concebible ni la vida ni la historia de la mayoría de los pueblos de León.
Contrasta el enraizamiento de esta expresión singular de organizarse los pueblos a través del tiempo, con los momentos cambiantes, pendulares y esquizofrénicos que nos ha tocado vivir. Tiempos en los que parece que hay que cambiarlo todo, ponerlo patas arriba para, a partir de ahí, volver a replantear lo cambiado en un círculo vicioso e infinito. Las juntas vecinales leonesas se erigen como un monumento, erguido y orgulloso, construido, piedra a piedra, pueblo a pueblo, año a año, con el consenso de generaciones a través de los tiempos.
La propuesta para talar el árbol milenario del concejo no se justifica, —esta vez, no—, por cuestiones monetarias ni crematísticas. Ese monumento enraizado y que apunta, con desafío señero, al cielo de León, es, precisamente, de las pocas cosas que hoy en día se mantienen sin que suponga un coste para los ciudadanos. Salvo un puñado de muy deshonrosas excepciones, los miles de alcaldes pedáneos y los demás miembros de las asambleas de las juntas vecinales no cobran emolumento alguno. Trabajan gratis. Por amor a su pueblo, por respeto a sus tradiciones y para beneficio del conjunto de los vecinos.
Tampoco se justifica la pretendida muerte de las juntas vecinales en la petición de los pueblos, en la acreditación de su obsolescencia o en una incipiente sospecha de la inutilidad de estas instituciones en los tiempos presentes. No. El señor de la moto sierra avisa de su llegada, y nada más. Avisa de que vendrá, no le importa si será bien recibido, o no; y avisa de que llegará con una idea preconcebida: aniquilar a los pueblos de León.
Frente a la alarma generada en la provincia ante este anuncio, parece que la respuesta más responsable es la de la movilización.
Los pueblos necesitan un referente a quien seguir, en quien confiar. Hasta ahora la mayoría de los partidos políticos y el resto de organizaciones sociales han dado una respuesta más bien tibia: puede ser que estén esperando a que se diluyan los calores del verano. Mientras, como casi siempre desde hace siete meses, los parlamentarios nacionales del PP callan. Callan, y otorgan.
Mi opinión es que esta batalla la va a ganar, una vez más, la razón; y la va a perder un gobierno petulante, ignorante, corrosivo. Las juntas vecinales nacieron con el reino de León y, a partir de ese momento, han sobrevivido a todas las etapas históricas. Crecieron en el reino, mientras fue independiente, y también cuando se entrecruzaron anexiones y repartos de territorios, por herencias o botín de guerra. Sobrevivieron a la época de los señores feudales y del Medioevo. Presenciaron desamortizaciones, pestes, hambrunas y hasta el rechazo al moro invasor. También fueron testigos del paso de dinastías reales y de repúblicas, a las que subsistieron en todos los casos. Ni los regímenes de generales y caudillos, que también superaron, fueron óbice para que el árbol del concejo leonés siguiera creciendo y floreciendo.
Sólo desde la configuración del actual marco autonómico ha perdido parte de su frondosidad, que no su propia supervivencia. Verbigracia la legislación autonómica en materia de Régimen Local o de Montes.
Por ello estoy convencido. Si sobrevivieron al inquisidor de la hoguera, superarán las aviesas intenciones de esta versión, en gallego, de un nuevo Torquemada. La voz de nuestras juntas vecinales saldrá triunfadora de esta batalla artificial. Ni este gobierno ni ningún otro podrán con ellas; venga o no cabalgando como Atila, que dejaba yermo el terreno a su paso. El final de este lamentable episodio será el grito, alto y claro, convencido y premonitorio, de los pueblos leoneses advirtiendo a un presidente, con el aspecto patético que ofrece mientras empuña la moto sierra, que las juntas vecinales leonesas tienen cuerda para rato. Para otros mil años, o más.
O simplificando, tal vez en lenguaje más entendible para el nuevo señor barbado que mira a sus vasallos desde las alturas de palacio, dicho en tres palabras: «Te sobreviviremos. ¡Carallo!».





La política, la Iglesia y el IBI

Francisco J. López Rodríguez. Profesor 14/08/2012

La reina-regente gobernadora, María Cristina, madre de la Reina Isabel II, para solucionar el caótico estado de la economía del Reino, llamó a Mendizábal, un español en el exilio por ser libertario e ir en contra del absolutismo de Fernando VII, para ocupar la cartera de Hacienda, ya que, parece ser, era un mago de las finanzas. No tuvo idea más peregrina que para resolver la situación económica se le ocurrió apoderarse de todos los bienes de la Iglesia. Este despojo se llamó: desamortización, término que consideraba que las propiedades en manos de estamentos privilegiados (nobleza, Iglesia, municipios), estaba en manos muertas, es decir, amortizadas.
Los bienes fueron declarados propiedad nacional y presentados a subasta. Se pensaba que las extensas tierras iban a ser adquiridas por los campesinos que las cultivaban. Así todos los colegios, monasterios, conventos de religiosos y religiosas se confiscaron. Resultado, se malvendieron. Los campesinos no tenían dinero y cayeron en manos de la burguesía desaprensiva y adinerada. Desalojaron a los campesinos de las tierras. Y a los religiosos de los colegios, conventos y a los monjes de los monasterios. No se consiguió solucionar el problema financiero del Estado y los campesinos, cada vez más pobres, fueron condenados a la miseria paupérrima, a deambular por los pueblos, a contraer enfermedades. Ya no podían disfrutar del usufructo de la tierra que el clero les daba a cambio por su cultivo. Ya no se podían refugiarse en los monasterios, ni en los conventos. Eran propiedades de la burguesía con añoranzas feudales.
Ahora se nos ocurre otra idea, vamos a resucitar a Mendizábal, porque parece que la Iglesia recuperó su patrimonio —una parte importante no se devolvió— y de nuevo tenemos una Iglesia rica, próspera y burguesa. Me viene a colación a un gran empresario. Cuando se encontraba sentado en el lugar más intimo de la casa, al salir decía: «he parido una idea, vamos a ponerla en marcha». Les puedo decir que aquellas ideas engrandecieron su empresa y es un referente empresarial. No sé si ciertos políticos sueñan de día y la duermen por la noche o divagan o reaccionan fruto de esquizofrenias o estertores postraumáticos etílicos o se sientan en ese púlpito para descargar la diarrea mental.
Propuesta económica: cobremos el IBI a la Iglesia y las finanzas de los ayuntamientos, del Estado, como por arte de magia milagrosa se van a solucionar y así tapamos los desmanes, los despilfarros y las golferías de muchos otros. etc.
¿Cuál es la realidad actual? Una familia española de cada cuatro necesita ayuda económica y alimenticia. Un niño de cada cinco no puede llevar nada al colegio para comer. El frigorífico está vacío y los bolsos están raídos. En un millón de hogares no hay ningún miembro trabajando. España es pobre, no tiene para alimentar a sus hijos. El Estado no puede porque ha despilfarrado sus ahorros y patrimonio. Las empresas, desaparecen. Las organizaciones sindicales y empresariales parece ser que ya no les llegan las cuantiosas subvenciones y prebendas y no tienen como fin hacer obras de caridad. Luego, ¿a dónde acude el desvalido, el hambriento, el pobre miserable, el que no tiene que llevar nada a su boca, el que no tiene un jergón donde echar su maltrecho cuerpo, el que no tiene un grifo para lavar el oxidado sudor, el que en las noches del frío invierno, no tiene donde cobijarse, o el que en el tórrido verano no encuentra la sombra donde recostar su cuerpo cansado de recorrer los polvorientos caminos?
Sí sabe el desvalido, el necesitado a dónde acudir: a las instituciones, a las ONGs, a Cruz Roja. No quiero quitar el mérito a éstas. Hoy nos toca hablar de la Iglesia y de las instituciones religiosas.
El desvalido acude a Caritas Diocesana, a la Asociación Leonesa de Caridad, Hogar del Transeúnte, a Calor y Café, a las puertas de las iglesias, de las catedrales. No acuden a aquellas organizaciones que dicen ser los defensores del oprimido, del trabajador. No, ellas dicen que están para defender al trabajador y así, tendrá trabajo y pan. ¡Cinismo puro y duro! Hay que reconocer que muchas empresas en León y en España donan muchos alimentos a las instituciones para alimentar a los hambrientos así como donaciones personales dignas de la mayor solidaridad. Luego, si no existieran la Iglesia, las instituciones religiosas, las donaciones de muchos cristianos, católicos y hombre y mujeres de bien, calmar la sed, el hambre no sería posible.
Ahora, para solucionar los problemas queremos cobrar el IBI a la Iglesia. Si una institución es lucrativa, genera beneficios, que le cobre el IBI, el IVA, el impuesto de los vehículos, que se aplique el Impuesto de Sociedades y que paguen religiosamente, nunca mejor dicho, lo que les corresponde. Pero no es así. Si no existieran, los pobres cada vez serían más pobres.
No podemos por menos poner encima de esta realidad, la hipocresía del mundo político y el despilfarro económico. Tenemos 18 defensores del pueblo. Hay 420.220 políticos, 300.000 más que en Alemania. Tenemos no sé cuantos órganos consultivos. Tenemos no sé cuantos consejos económicos y sociales.
Y después de todo esto, se les ocurre a los padres de la patria: ¡Hay que cobrar el IBI a la Iglesia! Parece ser que es la excusa de todos los males. Todavía estamos sacando de la vieja guardia aquello de que ¡la religión es el opio del pueblo! Como Mendizábal, vamos a solucionar la Hacienda, las finanzas públicas y la economía del país. Parece que esta propuesta a algunos partidos políticos y sindicatos les va a ser rentable. Van a conseguir más votos. Al fin es de lo que se trata.
Decía Heráclito, aquel filósofo griego: «una persona no puede bañarse en el mismo río dos veces porque el agua con que se baña la primera vez no será la misma cuando lo haga por segunda vez, ya que todo está en continuo movimiento y cambio, entonces cuando desciende al río por segunda vez ni yo ni el río somos los mismos». Añadía: «el mundo está caracterizado por constantes contradicciones, sino estuviéramos nunca enfermos, no entenderíamos lo que es estar sano: Si no tuviéramos nunca hambre no sabríamos apreciar estar saciados. Si no hubiera nunca guerra, no sabríamos valorar la paz y si no hubiera nunca invierno, no nos daríamos cuenta de la primavera». Y añadimos, como somos pobres, nos acordamos de que un día teníamos trabajo y dinero, y como estamos necesitados nos acordamos de que la Iglesia nos puede ayudar. Así todo ¡Seguiremos hablando de cobrar el IBI a la Iglesia! Por si fuera necesario, no olviden a Mendizábal y a Heráclito.
¡Basta de demagogia! ¡Basta de patrañas! ¡Basta ya de atacar a la Iglesia! ¿Qué mal nos está haciendo? Y emulando a Juan Ramón Jiménez. «Los pájaros seguirán cantando».
Juntas y revueltas
Ya disfrutaban los países del arco Atlántico de la red de autopistas cuando un paisano soltó un burro por León, y por donde iba el asno se hicieron las carreteras. Así se pueden explicar esas curvas infames hasta ahora achacadas a la cacicada de algún mandatario de junta vecinal. Podrían estar también confundidos los que se creen que estas instituciones locales han servido para poco más que maquear el entorno de la casa del pedáneo y dejar la zona como cosa de la quinta avenida, una isla en un medio sin urbanizar.
Salvemos la junta vecinal es el nuevo eslogan de cabecera de los socialistas en su cruzada contra el PP, ajenos a que el poder concejil era una de las barbas que querían afeitar desde aquel fabuloso plan de comarcas con el sello del puño y la rosa que se estazó en las urnas a principios de siglo cuando creían que los llevaría camino de la presidencia de la Junta de Castilla y León.
Se aventura otra guerra perdida con un ejército flácido para la batalla; si a Mariano no le hicieron ni cosquillas los cien mil hijos de las minas que metieron leoneses y asturianos el 12 de julio en Madrid (dijo Esperanza que en el PP el límite para contar gente es llenar dos Bernabéus, cuota mínima para lograr un concejal) todos los pedáneos y vocales de concejos de juntas vecinales de León le hacen la manicura al Gobierno. Por la cuenta de la vieja, soldados fieles, tres mil novecientos, a tres por representación de cada ente local amenazado; y eso, en el caso de que todos empuñen un arma.
Este asunto de las juntas vecinales va a sacar otra vez lo más miserable de la condición que acompaña al político. Es de imaginar el sainete en los plenos municipales que aborden una moción de apoyo a las pedanías. A ver qué alcalde/alcaldesa vota contra una norma que el PP le pone en bandeja para hincar el diente al patrimonio forestal, derechos de manantiales o aprovechamientos cinegéticos (sí, los corzos con sarna y los jabalíes con brucelosis) que tanto han deseado para sanear las cuentas municipales y otras cuitas mayores que sólo puede desentrañar la Fiscalía.
La jubilación de pedanías parece anticipar el advenimiento de aquel reparto apresurado de León que decidieron en Lillo Juan José Lucas y don David, el que siempre quiso pasearse por el norte de la provincia igual que Ortega Cano por Yerbabuena.


Democracia en las juntas vecinales

Xabier Lago Mestre colectivo cultural Fala Ceibe do Bierzo 11/08/2012 •

La ciudadanía va tomando conciencia del grave error político que supone la amenaza de supresión de nuestras juntas vecinales. Durante una visita por El Bierzo occidental un vecino de una aldea calificó de «verdadeira desfeita» y «carreira sen xeito» (verdadero desastre y carrera sin lógica) las sucesivas medidas del Gobierno para desmantelar el medio rural (bajos precios agrarios, escasas pensiones, cierre de escuelas…), y ahora la eliminación de las pedanías. El veterano vecino tuvo tiempo para comentarnos diversos aspectos de la especificidad democrática de las juntas vecinales que seguro que muchos desconocen.
• Funcionamiento de las asambleas: La verdad es que hay que destacar la peculiar caracterización democrática del funcionamiento secular de las juntas vecinales bercianas. Desde su origen medieval estas juntas rurales o concejos tradicionales facilitaron la participación democrática. Cada familia de los diversos núcleos de población («aldea, lugar, barrio, villar, caserío…») tenía su representante en las juntas vecinales. Normalmente era el padre («cabo de fogar») el que representaba a su familia. Pero, en su ausencia, podía ser sustituido por un hijo. En otros casos sabemos de la participación directa de viudas o mozos huérfanos en representación de sus familias. No era una democracia directa como ahora en que pueden votar directamente las personas mayores de 18 años. Pero recordemos que durante el siglo XIX las elecciones a los ayuntamientos, diputaciones y Cortes Generales fueron mediante voto censitario (según el patrimonio económico personal), y que a las mujeres no se les dejó votar hasta la centuria siguiente. Así pues, valoremos, en su justa medida comparativa y con visión histórica, la participación democrática secular en las juntas vecinales.
• Los concejos tradicionales contaban con su específico funcionamiento. El pedáneo era el encargado de las convocatorias a concejo («tocar a concello») mediante personas avisadoras o con diversos instrumentos («toque de campá, corna, bucina...»). Las reuniones estaban reglamentadas respecto al lugar («adro da igrexa, cruceiro, baixo árbore vella…») y al tiempo («tras misa, mañá, serán…»). Entre los asistentes se pasaba lista para reconocer a los representantes o sus sustitutos. Los vecinos que faltaban podían ser sancionados con multas vinales. En las asambleas tenían lugar las propuestas, debates y votaciones correspondientes para la toma de acuerdos, casos de los trabajos comunitarios («facedeiras»), aprobación de las ordenanzas concejiles, ventas o arrendamiento de bienes y demás asuntos.
• La participación democrática: Insistimos en la importancia de esta participación democrática en los concejos tradicionales. En el siglo XIX las juntas vecinales consiguieron el reconocimiento jurídico expreso mediante las llamadas juntas administrativas y en 1924 surgen los entes locales menores. Las Leyes del régimen local (estatal y autonómico) y electoral han reforzado su funcionalidad. Esto se ha concretado en la elección democrática y directa de sus órganos de gobierno (alcalde pedáneo y junta vecinal formada por vocales). Además, los municipios y las juntas vecinales que tradicionalmente han funcionado mediante concejo abierto pueden utilizarlo. Como hecho curioso, en toda Galicia hay menos de una decena de entes locales menores mientras que existen cientos de llamadas «parroquias rurais». Sorprendentemente, éstas cuentan con reconocimiento en el Estatuto de Autonomía pero no en el articulado DE la propia Ley de la Administración Local de Galicia (1997) por falta de interés político.
• Merece la pena recordar que cada cuatro años se eligen los representantes para los ayuntamientos, las diputaciones y los entes locales menores. Votamos mediante elección directa a nuestros representantes en ayuntamientos y entes locales menores. No sucede lo mismo en la elección de los diputados provinciales de León que no son elegidos de manera indirecta por los votantes. Es decir, el Gobierno estatal pretende, con su futura reforma del régimen local español, reforzar el papel de las diputaciones provinciales, órganos elegidos de forma indirecta, mientras quiere suprimir los entes locales menores, cuyos órganos de gobierno se eligen por democracia directa. Esta modificación regresiva y centralista de la normativa de la administración local reduce la participación democrática de los habitantes del medio rural al perder sus órganos representativos de los entes locales menores. A la vez se refuerza el papel de los ayuntamientos que podrán administrar directamente los amplios recursos patrimoniales de las suprimidas pedanías bercianas («montes, soutos, pradeiros, brañas…»). La regeneración del Estado de derecho precisa de más transparencia y control de la actividad política, así como menos restricciones de la participación democrática de los ciudadanos.

Saludos.

Mucho se ha escrito, no sólo en el momento actual, también a lo largo de los siglos XIX y XX, a favor o en contra de nuestras juntas vecinales (recuerdo quede las tresmil que hay en España, mil doscientas estan en la provincia de León), pero como leones y amante de las tradiciones no puedo evitar poner una piedra más para el mantenimiento de este duro camino, que resiste y se alarga, a pesar de los embates sufridos con el paso del tiempo.

Algunos historiadores datan la creación de los concejos allá por los siglos en que nuestros reyes ensanchaban fronteras y eran temidos y respetados. Otros opinan que de instituciones visigodas se trata. Personalmente creo que ya nuestros olvidados astures, herederos de culturas celtas, celebraban este tipo de asambleas, para poner orden en sus hombres y tierras.

Eran de asistencia obligatoria, ya que para opinar, defender o denostar algo, había que hacerlo en público. Los cabezas de familia habían de acudir a la llamada de la campana, para refrendar o contestar con su voto las propuestas que gobernaban y todavía gobiernan: aguas, tierras y los variados recursos que de ellas se deriven, para mejora y aprovechamiento de sus habitantes.

Pero llegó el siglo XIX y con él los liberales vieron unas riquezas de las que desearon apropiarse, partiendo de la base de que los rústicos eran incapaces de gestionar su patrimonio.

Y no sólo tomaron las tierras y posesiones eclesiásticas, intentaron también hacer lo propio con los montes, manantiales, pastos, aire y luz de las aldeas. Pero se resistieron los paisanos con uñas y dientes y el Estatuto Municipal del 8 de marzo de 1924 acabó por admitir y reforzar el reconocimiento jurídico y la titularidad de las tierras de las juntas vecinales.

La institución no sólo es modelo de democracia participativa y de libertad, sino que además es única en Europa y no genera ningún gasto, ya que sus pedáneos y vocales, no cobran ni un duro —perdón; ni un euro.
Quizá por eso no han perdido ni un centímetro de su patrimonio territorial, sino que han conseguido incrementarlo, defendiendo lo suyo.
Y ahora, en un tiempo en que la boca se nos llena de democracia, volvemos a intentar hacer desaparecer los concejos.

Sin duda es un momento idóneo. Los pueblos están habitados por ancianos, la despoblación aumenta por momentos y, sobre todo, hay que llenar las arcas para seguir dilapidando. Pero si las juntas vecinales desaparecen y los pocos habitantes que queden se desentienden de montes y manantiales que ya no les pertenecen, ¿quién se encargará de su conservación? ¿Lo hará tal vez el Estado. Desengañémonos. Nadie lo hará, y el monte bajará a los caminos y los animales salvajes usarán las carreteras y los pocos manantiales de aguas puras de montaña que aún se conservan desaparecerán porque nadie limpiará el hontanar ni el cauce.
Sin duda es el momento de cometer la injusticia, levantando bienes que siempre ha pertenecido al pueblo. Los ancianos, cansados de trabajos y años, no tendrán fuerzas para oponerse.

El leonés fue siempre un hombre libre, sin señores ni leyes más allá del derecho consuetudinario. Esto no deben olvidarlo algunos que no ven más allá del beneficio inmediato y no son capaces de imaginar el daño que se seguirá de una ley que traería consigo el abandono definitivo de la tierra, al arrebatarle al pueblo su último patrimonio.

Y la Diputacion de León en su campaña publicitaria, dice que se preocupa por la defensa de las tradiciones y costumbres de la provincia.

Saludos.

Buenos días desde una alcantarilla al sur del cabo Machichaco:
Bous; muy ilustrativo el relato expuesto. Esperemos que tus presagios no se lleven a término.
Saludos.