LA CRONICA DE LEON --EDITORIAL / La última contrarreloj del carbón Las diez centrales térmicas españolas a las que la ley obliga a consumir carbón autóctono (tres de ellas en León) comenzarán la próxima semana a quemar producción nacional después de una interrupción de casi dos años. Es de sobra conocido que ese paréntesis, provocado por la caída del consumo y por la derogación del decreto que incentivaba el carbón nacional para competir con el importado más barato, acabaron generando uno de los conflictos más duros que se recuerdan en el sector minero con una huelga que acabó durando un mes y una segunda Marcha Negra que llegó a la capital leonesa el pasado 29 de septiembre. Precisamente esa ha sido la fecha que ha marcado el punto de inflexión. Europa dio el visto bueno al nuevo decreto del Gobierno español para primar el mineral autóctono en la generación de energía eléctrica después de todo un verano de espera y de que más de 2.500 mineros de los grupos Alonso y Viloria vieran interrumpido el cobro de sus salarios, detonante lógico del conflicto. Según fuentes de las propias centrales térmicas, será difícil que la maquinaria administrativa pueda poner en marcha todo el proceso antes del próximo miércoles, 20 de octubre. Las térmicas tienen previsto quemar hasta final de año 44.734 toneladas diarias de carbón español. La cantidad de consumo diario debería aumentarse para poder cumplir las previsiones del Ministerio de Industria y que a final de año se terminen quemando en las térmicas 4,08 millones de toneladas de mineral nacional. Se calcula que los parques de las empresas mineras y de las propias centrales almacenan 18 millones de toneladas de materia prima. El real decreto tiene vigencia hasta el final del Plan del Carbón en 2012, pero la reglamentación europea finaliza este año y la nueva propuesta de la Comisión Europea fija ya 2014 para interrumpir las ayudas, que sólo para las térmicas leonesas suponen una media de 700 millones de euros al año. La batalla del carbón debe librarse ahora en Bruselas para lograr que la fecha límite se amplíe hasta 2018 ó 2020, como ya proponen los gobiernos de España y Alemania, y que la baza de la reserva estratégica pueda encajar con una generación de energías más limpias que ya se desarrolla, por ejemplo, en la planta de captura de CO2 de Ponferrada. La última contrarreloj que ya ha comenzado. |