Vilches - Jaen

Los andaluces podrán llevar al juez a los consistorios que no oferten VPO
La Junta dio ayer luz verde al anteproyecto de ley de vivienda, pionero en regular el derecho de acceso a un piso asequible. La norma obligará a los ayuntamientos a crear registros de demandantes de VPO y planes municipales de vivienda. El ciudadano podrá llevar al juez a los consistorios que no oferten VPO.

El Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de ley del derecho a la vivienda, el primer texto legal en España que regula específicamente el derecho ciudadano de acceso a un piso digno y asequible, recogido en la Constitución y en el Estatuto. La futura norma, que se prevé que llegue al Parlamento en enero de 2009, garantizará que la oferta de VPO se corresponda con la demanda de cada municipio.

Para ello obligará a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a crear registros de demandantes de vivienda protegida –que incluyan los datos de aquéllos que tengan necesidad de VPO– y a elaborar planes municipales de vivienda –la Junta hará los autonómicos–, para planificar esa oferta. Los consistorios cuentan con un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley para redactar sus planes, que se revisarán al menos cada cinco años. Los andaluces podrán acudir a los tribunales, vía contencioso-administrativo, para exigir que las administraciones cumplan con ese deber.

El anteproyecto, de 25 artículos, se presentará ahora a los alcaldes y a los agentes socioeconómicos para que hagan sus aportaciones. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, explicó que en virtud de esta ley las administraciones están obligadas a crear las condiciones favorables de acceso a una VPO a las personas que cumplan estos requisitos: que sus ingresos familiares no superen los 3.100 euros al mes, estar empadronado en la comunidad, no ser titular ni tener derecho de disfrute sobre un piso ya existente y estar inscrito en el registro de demandantes.

Este registro será la “pieza clave” de la norma, según Espadas, porque no sólo determinará el número de solicitantes de VPO, sino que establecerá la cantidad de pisos y sus tipologías. Se pasa así de las estimaciones a datos reales de demanda. El consejero dijo que la Junta mantiene las previsiones del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) –unos 300.000 andaluces necesitarán una VPO en la próxima década–, que son “perfectamente asumibles por los ayuntamientos”, señaló. La responsabilidad será “compartida”, añadió.

Los requisitos de la base de datos, mucho más completos que los exigidos ahora para optar a una VPO, se fijarán en un decreto que se promulgará en breve, después de que la Junta los haya pactado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). El registro se actualizará constantemente y la financiación de su puesta en marcha correrá a cargo del Gobierno.

Espadas aseguró que la ley –que cuenta con un informe positivo del Consejo Consultivo y el asesoramiento de varios catedráticos– es el “paso final” para garantizar que nadie tenga que destinar más de un tercio de su sueldo a la compra de un piso protegido y un cuarto en caso de alquiler. ¿Podrá hacerse realidad en una época de crisis? “La viabilidad económica queda blindada en el plan autonómico de vivienda y en los presupuestos de la Junta”, aclaró. El PP no tardó en criticar la norma. Javier Arenas acusó al presidente Chaves de haber sustituido las “viviendas gratis” por “pisos a precios asequibles”.