Vilches - Jaen

El Gobierno aprobó la semana pasada la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta Ley obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.

Dice la Ley que los altos cargos de la Administración y las entidades del sector público "actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, con el objetivo de satisfacer el interés general". También establece penas de prisión para altos cargos y gestores que hayan falseado cuentas u ocultado datos en perjuicio de las Administraciones, inhabilitando, así mismo, a los que abusen de su posición y gasten por encima del crédito.

Si esta Ley se aplicara con efectos retroactivos, serían sancionados muchos políticos, destacando entre ellos: Francisco Camps, José Blanco y Rita Barberá.

Francisco Camps, por su enorme despilfarro, que ha dejado a la Comunidad Valenciana superendeudada: En Valencia obras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias (sólo el arquitecto que la construyó cobró 94 millones de euros), el nuevo hospital de la Fe, la construcción del estadio de fútbol Nuevo Mestalla, las pistas para las carreras de Fórmula 1, que sólo se utilizan algunos días al año con un coste de 20 millones para la comunidad.
En Alicante: El parque temático Terra Mítica y los estudios de cine Ciudad de la Luz, sólo los estudios suponen una deuda de 190 millones de euros.
En Castellón: El famoso "aeropuerto sin aviones".

José Blanco, por la compra de cuatro trenes que costaron 18,5 millones, que no pueden circular por las vías españolas, y por el encargo de un retrato de Francisco Álvarez Cascos que ha costado al Estado 190.000 €.

Rita Barberá, por los regalos recibidos de empresas relacionadas con contratos públicos del municipio, pues la Ley dice que "en el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio del Estado". Los bolsos de Loewe que le regalaron a Rita tienen un coste medio de 900 € cada uno (aunque la denuncia fue archivada por la Fiscalía de Valencia).

Lógicamente, tendremos que esperar a ver si realmente funciona una vez esté vigente, pero de entrada:¿Es esta Ley lo suficientemente contundente como para acabar con la corrupción?