Peal de Becerro - Jaen

Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana.La lectura de miles de folios de la investigación judicial muestra un sinfín de corruptelas que afectan a concejales, alcaldes, diputados provinciales y hasta consejeros autonómicos valencianos.

La mecánica era siempre la misma: los empresarios que pretendían algún trato de favor de las instituciones valencianas, o bien pagaban comisiones ilegales a los cargos públicos o intermediarios que les favorecían, o bien colocaban a parientes de esos cargos públicos en sus empresas; o ponían a disposición de los dirigentes políticos un yate con el capitán incluido; o hacían regalos especialmente caros a sus benefactores. Lo que sigue es solo una muestra de lo que aparece probado en el sumario por documentos oficiales o grabaciones telefónicas a sus protagonistas.

- Concurso de basuras. La investigación destapa que en el concurso convocado para adjudicar el Plan Zona de Gestión de Residuos de la Zona XVII, hubo pactos encubiertos para que el empresario Ángel Fenoll, cuya oferta perdió, se quedara con una parte del negocio que le facilitó uno de los ganadores, Enrique Ortiz.

El sumario apunta a las gestiones del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), para conseguir este objetivo. A cambio, Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden del propio Ripoll. A su vez, el adjudicatario del negocio de las basuras, Enrique Ortiz, premió con regalos al presidente de la Diputación Provincial por esta concesión.

- Plan General de Alicante. Los crecimientos urbanísticos de Alicante destaparon la influencia del empresario Enrique Ortiz sobre las decisiones del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. Así, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, Ortiz mantuvo contactos con las principales autoridades responsables del plan y presumió ante sus empleados de que era "la mano negra" en ese proyecto.

- Estadio Rico Pérez. Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente autonómico, Gerardo Camps, intermedió, según la investigación, para que la Comunidad Valenciana avalara por 16 millones de euros al club de fútbol del Hércules, cuyo principal accionista era Enrique Ortiz. Este empresario pagó al intermediario al menos 12.000 euros por sus gestiones, según el sumario del caso.

- Empresa del hijo del alcalde. Como favor al hijo de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante que facilitó a Enrique Ortiz las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, el empresario le crea una sociedad de publicidad llamada Verass Operadores Publicitarios.

- Enchufismo. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Ramos, logró que Enrique Ortiz colocara en sus empresas a dos personas que había recomendado. Castedo mantenía con Ortiz una estrecha relación sobre los negocios del empresario, destapada por los pinchazos telefónicos.

- Entradas gratis. Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por 600 euros a un concejal de Alicante cuyo voto era importante para alguno de los negocios del empresario.

Son solo algunos de los ejemplos de las innumerables corruptelas que ha descubierto una larguísima investigación judicial que dura varios años y que ha destapado en distintas instituciones de la Comunidad Valenciana una serie de adjudicaciones irregulares basadas en el trato de favor al poderoso Enrique Ortiz. Este empresario hablaba también con parientes de los principales miembros del Gobierno de Francisco Camps, como el consejero Juan Cotino o el ex consejero Fernando de Rosa y trataba sobre negocios multimillonarios (el concurso eólico o la construcción de Palacios de Justicia) que adjudicaba el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.

El Partido Popular puso ayer el dedo en la llaga de lo que ha venido denunciando en los últimos días en relación al «caso Mercasevilla», que no es sino la petición a un grupo empresarial, por parte de dos políticos socialistas de Andalucía, de comisiones (450.000 euros), a cambio de que la Administración socialista le conceda una subvención (900.000 euros para una Escuela de Hostelería).Y lo dijo claramente, después de dar a conocer, por primera vez, el contenido de la grabación telefónica en la que se sorprende a estos políticos, concretamente al director y al director adjunto de Mercasevilla, participada al 51,24 por ciento por el Ayuntamiento y al 48,20 por ciento por la Sociedad Estatal Mercasa, ésta última dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que, «según las cintas y las personas que intervienen, que son cargos públicos, el PSOE estaría financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta de Andalucía, incluso estaría prestando las fundaciones de la Junta para que se blanquease el dinero con el que se financian las campañas socialistas». Las acusaciones no se quedaron ahí, ya que el portavoz popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, afirmó que el PSOE «convierte el dinero blanco en negro. Como convierte dinero público en dinero B» y apuntó directamente al alcalde de la capital hispalense, Alfredo Sánchez Monteseirín, sobre el que afirmó que, desde que está al frente del Consistorio, «la corrupción ha estado más presente de lo que nos hubiera gustado».
Esta dura crítica venía justificada por el contenido de la grabación. Unas cintas, a las que el PP ha tenido acceso al estar personado en la causa, que no se activaron hasta que los populares presentaron una denuncia, según recordó Zoido. De hecho,la Fiscalía conocía el caso desde febrero, cuando un consejero de la Junta remitió al fiscal la grabación, pero el caso quedó en nada. En este sentido, González Pons fue muy claro: «La actitud del fiscal y de la Policía han sido de brazos caídos. No hay detenidos, no hay esposados, ni prisiones preventivas. Hay una doble vara demedir de los órganos del Estado, según sea una administración del PSOE o del PP. Cuando se trata de políticos del PSOE, el Fiscal General del Estado levanta el pie del acelerador y deja que la inercia conduzca a la impunidad». En las cintas se desvela que la Junta concede subvenciones y cursos a cambio de dinero, «la colaboración es muy condicionada. Es decir, si tu colaboras, todos los cursos que tú tengas van a venir subvencionados. Eso es así de claro», dice el director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponde.