Mancha Real - Jaen

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene desde hoy sobre su mesa una denuncia por el robo de 261 niños cometido en distintas oleadas durante el franquismo y hasta finales de los años ochenta. La Asociación Nacional de Afectados de Adopciones Irregulares (Anadir) ha decidido acudir al fiscal con la esperanza de que abra una causa que les permita encontrar a las madres, hijos y hermanos que buscan.
"Hay muchos más, que irán adhiriéndose a la denuncia", augura el abogado Enrique Vila. "La mayoría [84 casos] ocurrieron en Madrid, pero también hay muchos en Andalucía y Cataluña. Ocurrió en todas las comunidades autónomas. Con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago, e inscripción como hijo propio".
En la denuncia, la asociación de afectados argumenta que existen indicios de los delitos de tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto (simular haber dado a luz a un niño vivo) y secuestro y detención ilegal, que no prescriben.
El escrito incluye un listado de las pruebas que podrían presentar al fiscal, como partidas de nacimiento y defunción falsificadas, y los testimonios de una enfermera que trabajó en la Clínica San Ramón (Madrid) y asegura que la venta de niños era habitual allí; un funerario de Málaga que relata cómo rellenaba los pequeños ataúdes que le llegaban vacíos de algunas maternidades; una mujer que confiesa haber comprado una niña en un parque de Melilla en 1979 y otra que cuenta cómo le dijeron que fingiera un embarazo antes de regalarle un bebé.
"Los precios iban de las 50.000 pesetas en los años cincuenta hasta un máximo de un millón", añade Vila. "Es cierto que el origen, cuando le quitaban los hijos a las republicanas, es una depuración política, pero eso es solo el origen, unos 30.000 casos, según el juez Garzón. Nosotros pensamos que puede haber cientos de miles porque esto siguió muchos años después como negocio".
La mayoría de los casos denunciados hoy se produjeron a finales de los setenta. Hasta 1987, cuando se cambió la ley, la Administración apenas tenía control sobre las adopciones, lo que favorecía el poder de los médicos para amañar la venta de bebés, explica Vila. Antonio Barroso, presidente de Anadir, afirma que el objetivo de la denuncia es conocer la verdad. Por eso piden a Pumpido que "como poder judicial se dirija al Ejecutivo y le pida un banco de ADN para los afectados". "Los hijos robados buscan su origen, y las madres, a sus hijos y un castigo a los culpables. Debería haberse investigado mucho antes. Si Pumpido dice que esto ha prescrito, iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", señala el abogado Enrique Vila.

"MI PADRE ME CONFESÓ QUE NOS HABÍA COMPRADO A UN CURA POR 150.000 PTAS.-"

https://ww.elmundo.es/especiales/2010/09/espana/ninos_robados/juanluis_antonio.html

Redes de religiosos, médicos y funcionarios

por Raquel Quílez

La historia de los niños 'apropiados' —así prefieren ellos que se les llame— hunde sus raíces en el franquismo. Aunque en los primeros años estuvo cargada de ideología —robaban a los hijos de presas políticas y mujeres republicanas para dárselos a familias conservadoras—, pronto se convirtieron en tramas puramente económicas que extendieron sus tentáculos más allá de la dictadura. Lo atestigua Francisco Tena, sociólogo y experto en la materia que lleva años rastreando el origen de algunas de estas personas. «Los casos más numerosos se dieron entre 1963 y 1970, aunque yo manejo casos de 1943 a 1995. En 50 años, ¡imagínate todos los afectados que pudo haber!», exclama. El abogado Enrique Vila representa a 'apropiados' de hasta 1979.

Estudiando los casos, descubren un 'modus operandi' recurrente. «Matrimonios que no podían tener hijos, normalmente mayores, se ponían en contacto mediante conocidos con personas que les podían 'facilitar' uno. En un primer encuentro les decían a qué ciudad tendrían que ir a buscarlo y el dinero que debían pagar por él [FUE EL CASO DE JUAN LUIS Y ANTONIO] y en la fecha señalada, se desplazaban hasta la ciudad pactada y se hacía el intercambio, normalmente en casas o parques. Después, les mandaban a una matrona o auxiliar de enfermería de su propia ciudad, que falsificaba, también previo pago, el certificado de alumbramiento y con él acudían al registro civil donde inscribían al bebé como propio. Todos se llevaban dinero», describe Vila.

El eje de la trama se urdía entre las paredes de los hospitales, donde se vivían situaciones dispares. Había madres que querían dar al niño en adopción, mujeres jóvenes o madres solteras que, presionadas por sus familias y la moral de la época, decidían no seguir adelante con su maternidad, prostitutas que no podían tener al bebé... Pero también casos más trágicos. «Había parturientas sanas y con partos normales a las que, tras dar a luz, les quitaban al niño diciéndoles que había muerto. Muchas nunca llegaban a ver el cuerpo del bebé, ni el certificado de defunción, ni nada de nada», afirma Francisco Tena. Ese niño salía de la clínica con destino a otro hogar y en la mayoría de los casos, como en el de Antonio Barroso o María Labarga, se modificaban los historiales médicos y las actas de nacimiento para borrar cualquier rastro de lo ocurrido.

«Casi siempre había religiosos implicados. Se creían con potestad moral para quitarles los bebés a madres sin recursos y dárselos a familias convencionales. Pero figuran en los casos porque trabajaban como enfermeras en los hospitales en esos años, no porque fuera una trama de la Iglesia como institución», explica Vila. La magnitud del escándalo llegó a alcanzar grandes proporciones. «Hubo muchas familias despojadas de sus hijos. Las madres no tenían normalmente recursos culturales ni económicos. Eran solteras, jóvenes indefensas que se resignaban cuando les decían que el niño había muerto. Algunas siguen hoy en tratamiento psicológico», denuncia Francisco Tena, quien matiza que «la mayoría de los adoptantes lo hicieron de buena fe» y no se les puede acusar de delito porque, aunque pagaban por los niños, «les decían que era para gastos médicos, papeleo, etc». «La responsabilidad la tienen los intermediarios y hubo mucha gente que se enriqueció con esto. Debería intervenir la Fiscalía y habría que estudiar su conexión con delitos de lesa humanidad. Es de una magnitud tremenda », sentencia.