Mancha Real - Jaen

os agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigan el presunto fraude de los fondos de formación para desempleados subvencionados por la Junta, y que mantienen con fuerza que buena parte de estas partidas públicas se concedieron por «clientelismo político» y «proximidad ideológica», destacan que más de 400 millones de euros se otorgaron en los meses previos a las municipales de 2011.

Los agentes engloban estas presuntas irregularidades en una «red clientelar», cuyo fin sería «obtener el beneplácito, los votos, de un número muy extenso de la población andaluza», y que supuestamente parasitaba de los fondos para la formación de los parados. A éstos les llama «poderosamente la atención» el hecho de que en el primer trimestre de 2011 —a dos meses de las municipales— se «multiplicara exponencialmente» el número de resoluciones de concesión de subvenciones publicadas por la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La suma de los fondos adjudicados en tan solo tres meses asciende a más de 414.085.627 euros, resaltando considerablemente que 128.724.501 se concedieron solo en una jornada: el 31 de enero. Los investigadores advierten de que, al mismo tiempo, cada una de las ocho Direcciones Provinciales podía estar resolviendo otras resoluciones, por lo que la cuantía podría ser escandalosa. El informe resalta que entre enero y marzo de 2011 se publicaron once resoluciones de subvenciones.

Pero, además de tiempo, los investigadores hablan de personas. Y paralelamente ponen el foco sobre el caso del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, vinculado con una serie de empresas que recibieron más de 14 millones de euros de estas ayudas. Ojeda fue uno de los empresarios más agraciados en el reparto de las partidas para la formación de los desempleados.

«Destaca la reiteración en la percepción de las subvenciones y su elevada cuantía», recoge la diligencia policial, en la que se aclara que Ojeda operó hasta 2009 con unas nueve empresas relacionadas con el sector técnico y aeronáutico. A partir de ahí, que es cuando se aprueba la nueva norma que regula la concesión de ayudas y becas en este campo, se crean muchas de las compañías que ahora están bajo la lupa de los investigadores. Un «frenesí» empresarial que también coincide con el conflicto laboral de Delphi.