Mancha Real - Jaen

¿Hay que pagar la deuda?
18 junio 2012 | Categorías: Opinión | |
Esther Vivas – Huffington Post
La deuda es hoy una cuestión central en la agenda social y política. En su nombre se llevan a cabo privatizaciones, recortes, ajustes y, en definitiva, se transfiere el coste de la crisis a la mayor parte de la población. Pero, ¿a quién beneficia la deuda? ¿Quién la contrajo? ¿A qué ha servido? ¿Quién debe pagarla? A estas preguntas buscan respuesta aquellos que en el seno del movimiento indignado plantean una auditoría ciudadana de la misma.
En la década de los años 80, 90, 2000, vimos el impacto de la deuda externa en los pueblos del Sur, mediante la aplicación sistemática de programas de ajuste estructural y de recortes sociales, que se decían necesarios para hacer frente a su pago. Desde el 2010, con el estallido de la crisis de la deuda soberana, ésta se ha convertido en un tema clave en los países de la Unión Europea, y en especial en los de su periferia donde se condensan las contradicciones de la crisis contemporánea.
La deuda externa ha sido un instrumento de control y dominación de las élites políticas y económicas del Norte respecto al Sur, y un potente mecanismo de transferencia de recursos financieros en sentido inverso. Ahora, la misma lógica centro-periferia de sometimiento vuelve a darse aunque, en este caso, en el seno de Europa y se repite el mantra de que es necesario pagar la deuda y de que para hacerlo es imprescindible aplicar dichas medidas de ajuste.
Pero el repudio de la deuda ha sido una constante a lo largo de la historia. La doctrina de la deuda odiosa, que en derecho internacional se utiliza para repudiar una deuda tomada por un gobierno y utilizada en contra de su pueblo, se ha esgrimido y aplicado para no pagar deudas contraídas a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI.
Desde hace años, organizaciones sociales en los países del Sur impulsan campañas para denunciar la ilegitimidad de la deuda y en consecuencia su no pago. Y las auditorías han sido uno de los principales instrumentos utilizados con este fin. La experiencia más relevante fue la llevada a cabo en Ecuador donde, en 2007, se puso en marcha la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda Pública Interna y Externa, formada por representantes de la administración y de organizaciones sociales ecuatorianas y de otros países, y que culminó, en el 2008, rechazando pagar parte de la deuda al declararla ilegítima.
El proceso de auditoría posibilita investigar por qué las deudas fueron contraídas, para qué sirvieron, a quiénes beneficiaron y sacar a la luz las irregularidades presentes en su contratación, revelar la complicidad de sus acreedores y obtener los fundamentos legales para su repudio. Se trata de un instrumento profundamente pedagógico que permite discutir sobre el funcionamiento del Estado, de la economía de mercado, de las relaciones institucionales e inyectar un rayo de luz en los oscuros pasillos de las bambalinas del poder.
Con la llegada de la crisis de la deuda a Europa, organizaciones y movimientos que en décadas anteriores trabajaron en campañas de repudio de la deuda externa de los países del Sur ahora, y junto al movimiento indignado y occupier, han empezado a promover acciones de denuncia sobre el pago de la deuda y a explicar las implicaciones que esta tiene en los recortes, las privatizaciones y el aumento de la precariedad.
Con el objetivo de promover un debate público y la participación popular en la toma de decisiones sobre la deuda y romper con el discurso hegemónico de la “inevitabilidad” de su pago, los procesos de auditoría se han convertido en una de sus principales herramientas. Su celebración debería permitir, junto a una gran movilización social, anular la parte ilegítima de la deuda y reducir significativamente el resto. En países como Grecia, Portugal, Francia, Bélgica, Irlanda, Italia y el Estado español están en marcha campañas ciudadanas para auditarla.
De este modo, frente al discurso hegemónico de “salvar a los bancos”, “rescatar a las finanzas”, “pagar la deuda”, empieza emerger otro discurso: el de “salvar a las familias”, “rescatar a los pobres”, “no pagar la deuda”. ¿Cuál es el sentido de inyectar masivamente dinero público a entidades financieras como Bankia sino mantener los privilegios de unos pocos a costa de los derechos y las necesidades de la gran mayoría? Como bien señala Occupy Wall Street, se sacrifica al 99% para salvar al 1%.
Las verdades absolutas para hacer frente a la crisis empiezan a resquebrajarse. Otra conciencia colectiva emerge desde abajo y empieza por preguntarse: ¿Hay que pagar la deuda? La respuesta es clara.

La miseria se desborda en la Comunidad Valenciana
No pretendo ser reiterante con un exceso de artículos sobre pobreza y exclusión social, pero no me queda otra ante el continuo incremento de la miseria con unas cifras que desbordan cualquier sosiego y previsión anterior, sobre todo si afectan a personas de avanzada edad de forma alarmante en una región como la Comunidad Valenciana o también llamada “zona cero” en algunos ámbitos económicos. Una región que se encuentra cinco puntos por encima de la media española en exclusión social y pobreza entre los más mayores. Los datos son aterradores, se podría decir que uno de cada tres ancianos vive bajo el umbral de la pobreza, en términos porcentuales esta debacle social escala en la Comunidad Valenciana hasta el 32,4% y las cifras no terminan aquí.
Se calcula que en la Comunidad Valenciana existen 280.000 ancianos considerados pobres, una gran parte de estas personas perciben pensiones que no superan los 400 euros mensuales, según el INE el 37% percibe únicamente 360 euros mensuales. La pobreza entre los ciudadanos valencianos mayores de 65 años afecta más a las mujeres, hasta tasas que en estos momentos superan el 42%. Hay diferentes causas que inciden en el crecimiento de la pobreza en este colectivo, hay ancianos que tienen que costearse una asistente que les ayude a superar problemas de dependencia porque no pueden valerse por sí mismos, también hay mayores que antes recibían la atención de sus hijos y ahora a causa de la crisis económica son ellos los que deben auxiliar con sus bajas pensiones a familiares en desempleo.
La Comunidad Valenciana o mejor la denomino aunque resida en ella “zona cero”, atesora datos muy alarmantes, existen 200.000 hogares en que todos sus miembros se encuentran en desempleo y una de cada cuatro familias están bajo el umbral de la pobreza con rentas inferiores a 627 euros mensuales. Hay otros datos que duelen incluso al ser redactados, el 40% de todas las personas que atendió Cáritas en la “zona cero” eran de origen español, un dato que choca con un 23% de ciudadanos españoles atendidos en el año 2007 y la -Casa de la Caridad de Valencia- ha repartido durante los tres primeros meses de este año, un 9,7% más de raciones de comida entre los ciudadanos valencianos que en el mismo periodo del 2011.
Una sociedad valenciana que sigue escalando en desempleo, en exclusión social y pobreza, donde sus políticos apuestan más por los eventos públicos de gran envergadura que por el bienestar de sus propios ciudadanos. Lo más preocupante es la negativa tendencia de estas cifras, unas tasas porcentuales que siguen en alza y nadie es capaz de vislumbrar hasta donde pueden llegar. En la “zona cero” el drama está servido.