La Puerta de Segura - Jaen

Por si no fueran bastantes los gravísimos casos de corrupción que la sociedad española tiene abiertos (Gürtel, Bárcenas, Pujol y su familia, ERE de Andalucía, tarjetas opacas de Caja Madrid o el sindicalista Villa, entre otros), esta semana ha visto cómo la Guardia Civil destapaba otra trama corrupta en la que están inmersos políticos del PSOE, de Izquierda Unida, pero, sobre todo, del Partido Popular, con Francisco Granados a su cabeza. Como soy la máxima responsable de que este señor haya ocupado cargos muy señalados, el pasado lunes, nada más conocer la noticia de que la Guardia Civil había puesto en marcha la operación Púnica convoqué una rueda de prensa (abierta, por supuesto, a todas las preguntas que quisieran hacerme los periodistas) para reconocer mi error al haber depositado mi confianza en esta persona y para pedir excusas a los ciudadanos por su comportamiento absolutamente indigno. Porque la mayor indignidad de un político es aprovecharse de la confianza que le otorgan los ciudadanos o los dirigentes de su partido para su provecho personal. Ese reconocimiento de mi error y esa petición de excusas los expuse con el mayor de los respetos para todos los ciudadanos que han –hemos– sido víctimas de las actuaciones de este señor y, especialmente, para con todos los que en las elecciones han otorgado su confianza al Partido Popular.
Pero en una situación como la que ahora estamos viviendo en España, con tantos casos de corrupción en manos de los jueces y en las primeras páginas de los medios de comunicación, pedir perdón no basta. Se hace imprescindible la adopción de medidas drásticas, rápidas y eficaces para descubrir y castigar de manera ejemplar a los culpables. Medidas que, al mismo tiempo, tengan un inequívoco poder ejemplarizante y disuasorio para que, antes de cometer un acto de corrupción, el político tenga que pensárselo dos veces. Y, sobre todo, medidas que sirvan para que los ciudadanos recuperen la confianza en los políticos.
Recuperar esa confianza es hoy la principal tarea de todos los que nos dedicamos a la política. Si muchos españoles –según las encuestas– creen hoy que la solución a nuestros problemas está en un movimiento populista que quiere hacer tabla rasa con todo lo que tenemos y que tanto ha costado construir, es, precisamente, porque han perdido su confianza en los políticos.
Algunos podrán pensar que no soy yo –después de lo que han hecho algunas personas nombradas por mí– la más indicada para proponer medidas contra la corrupción, pero precisamente por eso, por haber cometido graves errores en la elección y en la vigilancia de esos colaboradores corruptos, me atrevo a proponerlas desde la experiencia de esos errores míos. Son medidas que podrían ser llevadas a la práctica con carácter de urgencia, y que podrían ser las primeras de otras posteriores para mejorar la calidad de nuestra democracia y para corregir los defectos que han aparecido en estos 36 años de vida constitucional.
1. Facilitar a los jueces la posibilidad de ordenar la prisión inmediata no eludible con fianza para políticos y cargos públicos imputados por delitos de corrupción, es decir, por delitos que hayan supuesto su enriquecimiento personal y fraudulento a costa del dinero público. Estoy convencida de que, si todos los imputados por el caso Gürtel –que lleva casi seis años instruyéndose– estuvieran en la cárcel desde que fueron descubiertos, eso habría sido un importante factor disuasorio para evitar que otros cayeran en cualquier tentación.
2. Cambios legislativos inmediatos para reducir el tiempo de instrucción de las causas judiciales abiertas por corrupción. Un año, prorrogable seis meses en los casos más complejos, debería ser el tiempo máximo de instrucción de estos casos. Si los casos de corrupción no son juzgados con mucha más rapidez, los ciudadanos –que somos las víctimas de los corruptos– nos indignamos cuando vemos que nadie les castiga, y, cuando llega la sentencia, ya hasta nos hemos olvidado de las fechorías que habían llevado a cabo.
3. Una nueva Ley Electoral. Con la actual, la preocupación y la ocupación fundamentales de los políticos es la de agradar a las cúpulas de sus partidos, de las que depende su inclusión en las listas electorales. Hay que ir a una ley que permita a los ciudadanos conocer directamente a los políticos a los que otorgan sus votos, y que obligue a estos a dar cuenta ante sus electores de manera constante y continua. El control de los ciudadanos es una vacuna muy eficaz contra la corrupción.
4. «Hearings» para la designación de los candidatos de los partidos a los cargos públicos. Todos hemos podido contemplar los duros interrogatorios a que ha sido sometido Miguel Arias Cañete para ser designado comisario europeo. Le han preguntado de todo, desde detalles de su formación académica hasta el estado de su economía personal. Todos los que quieran dedicarse a la política tendrían que pasar por un examen parecido que sirviera para que los ciudadanos les conocieran lo mejor posible.
5. Transparencia total en las cuentas de los partidos y de las instituciones. Los ciudadanos quieren saber, y tienen derecho a ello, el origen de hasta el último céntimo que entra en un partido político y el destino que se le da. Publicar las cuentas, tal y como las conocen los responsables de los partidos, alejaría la posibilidad de esconder dinero procedente de la corrupción. Y en cuanto a las donaciones, yo me inclino más por el sistema anglosajón de hacerlas públicas que por la prohibición, que ya hemos comprobado que no ha funcionado.
6. Cambiar la Ley de Contratos del Estado. La misma existencia en esta ley de un llamado «procedimiento negociado sin publicidad» ya indica la posibilidad de contratar sin la necesaria transparencia. Además se hace imprescindible eliminar la discrecionalidad en las adjudicaciones, haciendo obligatoria la elección de la oferta más ventajosa en el precio.
Estas medidas, y otras que se pueden arbitrar, pretenden ponerles las cosas más difíciles a los que tengan la tentación de corromperse, pero no nos equivoquemos, la clave final de la existencia de la corrupción es la existencia de corruptos, de personas sin moral ni vergüenza, capaces de llevarse a su bolsillo el dinero de los demás, sus conciudadanos.

La operación Púnica de la Guardia Civil ha permitido desmantelar una trama de corrupción transversal con políticos implicados de casi todo el arco ideológico. Entre los 52 imputados figuran dirigentes y empresarios vinculados o afines al Partido Popular, el Partido Socialista e incluso a formaciones independientes. Las pesquisas se centran en la Comunidad de Madrid pero los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ya han puesto sobre la mesa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del procedimiento, una nueva línea de investigación que apunta directamente a los pelotazos que habría logrado en el feudo murciano del PP un empresario vinculado al PSOE. En ningún otro caso las relaciones entre ambos partidos habrían resultado tan fructíferas.

José Antonio Alonso. (EFE)José Antonio Alonso. (EFE)
El empresario del PSOE al que señala la UCO es el constructor José Antonio Alonso Conesa. Llegó a la política como un humilde maestro de EGB pero en 1989, con menos de 30 años, logró un escaño en el Congreso de los Diputados y, dos años después, se convirtió en alcalde de Cartagena. Su mandato sólo duró cuatro años (1991-1995) pero le sirvió para convertirse en un hombre fuerte del partido, incluso a nivel federal. En 1998, por ejemplo, fue uno de los cargos en los que se apoyó Josep Borrell para las primarias que le catapultaron a la Secretaría General del PSOE. Tras esa meteórica ascensión, Alonso siguió vinculado al PSOE en un plano más discreto pero decidió entrar de lleno en el mundo del ladrillo.

El juez Velasco considera ahora acreditado que, dentro de la trama Púnica, Alonso encabezaba “un entramado de tráfico de influencias, habiéndose acreditado que se ha concertado con diversas autoridades en Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la administración a través de contratos públicos adjudicados a terceras empresas”. El magistrado detalla que la estrategia del consultor, en compañía de otro de los cabecillas de la red, Alejandro de Pedro Llorca, “consiste en que realiza ciertos trabajos para mejorar la reputación en Internet del político, lo que no sólo le sirve para obtener un lucro económico directo (que se financia con facturas publicas vinculadas a contratos públicos ajenos y de de terceros) sino que también le sirve para acceder luego a otro tipo de contrataciones públicas para sí o para terceros a cambio de una comisión, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, falsedad documental y fraude”.