La Carolina - Jaen

• Lo denuncia la Cámara de Cuentas
La Junta de Griñán empleó de forma irregular a 8.500 trabajadores
18 MAR 2012 | CARLOS PLAZA
Gastó 470 millones en cursos a los que nunca asistieron.
• El proyecto Proteja fue la gran apuesta del Ejecutivo de José Antonio Griñán para generar empleo entre 2009 y 2010. El programa tenía dos fases: se iniciaba con unos cursos de formación obligatorios, de acuerdo a la normativa interna del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y tras el curso los asistentes se veían provistos de un empleo por la Junta de Andalucía.
Sin embargo, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía desvela que más de 8.500 empleados a través del plan Proteja no cursaron el previo y preceptivo curso formativo.
Los cursillos, en los que la Junta invirtió 474,8 millones de euros, no alcanzaron el número de alumnos que esperaba el Gobierno socialista. De hecho, el informe del órgano de control andaluz apunta que “el SAE ha realizado entrevistas al 30% de los mismos [personas que han realizado obras Proteja en calidad de nuevos contratados], ha obtenido la predisposición a realizar un curso del 16% y, por fin, lo han llevado a cabo un 13% de ellos”.
La Junta, que presumía de haber generado 32.873 empleos, entrevistó a 9.861 trabajadores, de los cuales tan sólo 1.281 habían cursado la formación obligatoria. O lo que es lo mismo: 8.580 nuevos empleados Proteja lo fueron sin asistir a las previas clases. Como mínimo. Al respecto, el informe recuerda que “la legislación estipula el carácter obligatorio de esta formación para todo el colectivo citado”.
Por otro lado, la Cámara de Cuentas denuncia que se desconoce si la materia impartida en el plan estrella de Griñán provocó o no alguna contratación entre el alumnado. Ante la falta de información al respecto, la Cámara sentencia que “por el SAE no se lleva a cabo un seguimiento de los contratados que permita valorar la influencia del Programa en los índices de contratación laboral del alumnado y su relación con la formación recibida”.
Y ello a pesar de que todo programa público debe definir unos indicadores que posibiliten su seguimiento y formular un juicio final en base a parámetros de economía, eficiencia y eficacia.
Sin controlDenuncia el informe que en el programa sólo hubo un seguimiento de control: el que garantizaba su ejecución económica. Más allá de cuantificar la inversión y entregar el dinero, no hubo ninguna supervisión. Es más, cualquier supervisión era imposible pues, tal y como apunta el informe, “ni la legislación del Programa ni los órganos relacionados con su gestión han definido objetivos cuantificados e indicadores”.
Más infraccionesLos alumnos que injustificadamente rechazaban, no iniciaban o no asistían con regularidad a los cursos no eran sancionados por el SAE, contraviniendo así la la ley sobre infracciones y sanciones de orden social que estipula que, en estas circunstancias, el alumno merecería en todo caso una sanción.
Añade el estudio de la Cámara que el Servicio Andaluz de Empleo optó “por no dar de baja como demandante de empleo a dichos alumnos a pesar de recogerse en la normativa interna del SAE”.
Y es que, al aplicar su normativa interna el Servicio Andaluz de Empleo, no sólo cumpliría con su obligación, sino que las medidas sancionadoras “podrían tener un efecto ejemplarizante que provocara la reducción del índice de bajas de los cursos”. Un índice que rondaba el 30%.
12.000 por alumnoPor otro lado, y tal y como evidencia el órgano de control, los cursos de formación tuvieron un sorprendente coste por alumno, muy superior al resto de cursos. Las cifras señalan que “cada curso ha supuesto un desembolso de 72.500 euros y un alumno del programa supone más de 12.000 euros, mientras que una hora de docencia ha costado 200 euros de media”.