Denuncia del presidente del Sindicato de Funcionarios de Andalucia. Denuncia de Alfredo Pérez, presidente del sindicato de funcionarios andaluces "En Andalucía han pillado todos y a todos se les ha ido la mano, ya no sabemos qué más puede salir" A dos semanas de que las urnas decidan quién será el próximo presidente de la Junta de Andalucía, el actual jefe del gobierno andaluz, José Antonio Griñán, no da abasto para tapar las vías de agua y silenciar las acusaciones derivadas de los ERE irregulares. Polémicas grabaciones inculpatorias, declaraciones ante la juez Alaya, decenas de imputados... El presidente del Sindicato de funcionarios andaluces denuncia el "descontrol" en la gestión pública y no se atreve a pronosticar hasta dónde puede llegar la trama. El próximo 25 de marzo es una fecha señalada en el calendario de José Antonio Griñán. Ese día, con las encuestas previas en la mano, el actual presidente de la Junta de Andalucía podría ceder el mando del gobierno autonómico a un Partido Popular andaluz comandado por Javier Arenas en lo que sería un trasvase de poder histórico en la región. De materializarse la victoria popular, Griñán dejaría el cargo por la puerta de atrás, salpicado por numerosos escándalos políticos y económicos, con la Justicia llamando a su puerta a raíz de la trama de los ERE irregulares y con un PSOE-A en plena guerra civil, con acusaciones de "caciquismo" incluidas, tras la ruptura sufrida en el Congreso Federal de febrero. En las últimas horas, varias son las 'bombas' informativas que le han estallado a Griñán en sus propias manos. El pasado lunes, El Mundo y ABC sacaban a la luz una grabación en la que Laura Gómiz, ex presidenta de Invercaria, empresa dependiente de la Junta dedicada a la inversión y al capital riesgo, admitía ante un empleado las irregularidades que se estaban cometiendo en Andalucía y que los máximos responsables del Ejecutivo autonómico estaban al tanto. Poco menos de 48 horas después salía a la luz otra grabación que deja en muy mal lugar a Gómiz, puesto que durante la misma ella se ofrece y admite "mover" expedientes falsos sobre empresas subvencionadas. "Si no hay inversión nos la inventamos", se llega a escuchar de boca de la ex responsable de Invercaria. Aunque la grabación no deja lugar a la dudas, el PSOE-A y la Junta no tardaron en culpar a una supuesta manipulación, aunque un juez las aceptó en una causa previa por despido improcedente, y desmentir todas las acusaciones vertidas a raíz de la misma. Por lo pronto, Gómiz ha decidido demandar al empleado que captó su 'indiscreción'. A pesar de que el escándalo de Invercaria no ha hecho más que comenzar, el pasado domingo Griñán anunciaba durante un mitin en la localidad granadina de Atarfe que, en caso de ser reelegido el próximo día 25, tiene pensado crear una especie de Instituto de Crédito Oficial andaluz, similar al ICO estatal, para, según el presidente andaluz, "dar liquidez a emprendedores y pequeñas empresas", una función similar a la que desempeña la hoy investigada empresa Invercaria, con una partida presupuestaria que rondaría los 12.000 millones de euros. Dentro de la planificación del ICO regional, el equipo de Griñán tiene prevista la creación de un 'Agente del emprendedor', una especie de mediador entre el joven empresario y el gobierno autonómico que asesoraría y tutelaría los proyectos que contaran con la financiación pública. Una de las organizaciones que más ha denunciado las malas prácticas en el seno de la Junta ha sido el Sindicato de Funcionarios Andaluces (Safja). Su presidente, Alfredo Pérez, recuerda en declaraciones que ellos ya se personaron en su momento en la causa de los ERE irregulares, al tiempo que apunta que los últimos episodios "vienen a corroborar el descontrol generalizado de la administración pública en nuestra región". Además, Pérez también señala que "no se puede prever qué queda por salir porque está aflorando mucho más de lo que podíamos esperar y todo esto nos está sorprendiendo, pero lo que está claro es que hay que esperar cualquier cosa porque en Andalucía han pillado todos y a todos se les ha ido la mano". Imputados un día sí y otro también Ayer martes, la juez que instruye la trama de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, imputaba a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente andaluz socialista José Rodríguez de la Borbolla, quien se habría visto beneficiado por la Consejería de Empleo de la Junta con más de nueve millones de euros "con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud". Por si todo esto no fuera poco, este miércoles ha declarado ante la juez Alaya el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, al que la magistrada le imputa seis delitos: dos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil. A pesar de que las pruebas en contra de Guerrero se apilan en los juzgados de Sevilla, este ha defendido su inocencia frente a Alaya durante más de una hora de comparecencia. El ex responsable de Empleo andaluz ha señalado ante los medios que "no se siente culpable de nada" y ha declarado que "nada se ha hecho a espaldas de la Junta". Además, no hay que olvidar que otros dos altos cargos de Trabajo de la Junta, Daniel Alberto Rivera (actual responsable) y Juan Márquez, también figuran como imputados en la instrucción del caso. Por último, este miércoles se hacía oficial el despido inmediato y fulminante por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de Manuel Blanco, actual director de MercaSevilla, por sustraer "información confidencial" relacionada con el caso de los ERE. De este modo, el Gobierno autonómico pierde votos y credibilidad en los juzgados mientras que el PP-A apenas tiene que hacer campaña para convencer a los andaluces de la debacle del actual equipo de Gobierno y son los juzgados los que están destapando, día tras día, la tupida red de favores y concesiones ilegales que ha ido tejiendo la Junta en los últimos años. |