La Carolina - Jaen

SEVILLA- Lo ha dicho la Guardia Civil en un atestado y la documentación así lo respalda: nada cambió en la arbitraria tramitación de los ERE y las ayudas discrecionales a empresas con el cese de Francisco Javier Guerrero –al que la Junta sitúa como máximo y único responsable– como director general de Trabajo y Seguridad Social, ya que sus sustitutos, Juan Márquez Contreras y el actual, Daniel Alberto Rivera –también imputados– siguieron prescindiendo del procedimiento administrativo establecido para la concesión de las ayudas. El último ejemplo de que el Ejecutivo de Griñán siguió trabajando de la misma forma que el de Chaves lo aportó ayer el PP-A: el actual director general de Trabajo firmó dos ayudas directas a una de las intermediarias de la trama, Uniter, por un importe de 860.773,14 euros.
La primera de ellas es del 28 de julio de 2010. En una resolución, Rivera ordena a la Agencia IDEA –el ente público que ha abonado todas las subvenciones– un pago de 452.468,25 euros a Uniter por sus trabajos dentro del ERE de Santana Motor. La segunda resolución es del 20 de diciembre de 2010 y forma parte del expediente de la Faja Pirítica de Huelva. El director general de Trabajo ordena a IDEA que ingrese 408.304,89 euros en la cuenta corriente de Uniter.
Pese a ello, el Ejecutivo andaluz ha negado en reiteradas ocasiones que hayan pagado comisiones a intermediarios por su participación en los ERE. Ahora el PP reclama a la juez Mercedes Alaya, que solicita esta documentación, que está en la Consejería de Empleo «desde hace tiempo».