La Carolina - Jaen

EL SUPREMO PONE FIRME A GARZÓN
LA ACUSACIÓN PEDIRÁ AL TS QUE INCULPE A GARZÓN POR PREVARICACIÓN Y EXTORSIÓN
Los abogados Mazón y Panea argumentan en su recurso de reforma que el ‘juez estrella’ intimidó a empresas y bancos. Esta conducta conlleva pena de prisión
• La acusación popular, representada por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, presentarán hoy un recurso de reforma contra la decisión del magistrado Manuel Marchena, que inculpó a Garzón por un presunto delito de cohecho impropio por el caso de los cobros de Nueva York. Los abogados confirmaron que van a pedir al Tribunal Supremo que “por los mismos hechos recogidos en el auto de Marchena de preparación de juicio oral también acuse al juez suspendido de los presuntos delitos de prevaricación y de extorsión”.
“El primero de ellos, explica la acusación, tiene su origen cuando Garzón asumió la competencia para estudiar la querella interpuesta en octubre de 2006 por Pérez Escolar contra Emilio Botín y otros”. En otras palabras, “contra un grupo de personas que habían sido sus patrocinadores en los cursos de la Universidad de Nueva York”. En este sentido, la acusación ya argumentó en su día que “el juez imputado debió abstenerse para conocer de este asunto por amistad e interés directo o indirecto en el pleito”. Por ello, lo procedente hubiera sido que “Garzón la hubiera remitido a otro juez de la Audiencia que no tuvieran ninguna relación con los directivos del Banco Santander”, subrayan los acusadores.
Así las cosas, la Sala Penal en un auto dictado el 28 de enero de 2010 ya admitió la querella precisamente por un presunto delito de prevaricación y cohecho; y excluyó el de estafa. La querella de Mazón y Panea incluía tres presuntos hechos delictivos.
Por lo que respecta a la presunta conducta de extorsión, el recurso de reforma argumentará que “Garzón intimidó a las empresas y bancos que se recogen en el auto del Supremo (Banco Santander, BBVA, Telefónica, Endesa y Cepsa) para pedirles dinero y así poder financiarse los cursos de la Universidad de Nueva York”.
En consecuencia, apuntan los abogados, “el imputado pedía dinero por el solo hecho de quien era y porque sabía que esas empresas tenían o habían tenido casos en la Audiencia Nacional”. Un ejemplo de esta situación lo recoge el auto de Marchena dictado el jueves pasado. Cuando Garzón contacta con el BBVA, “lo hace apenas unos meses después de haber incoado procedimiento abreviado contra buena parte de sus anteriores directivos y en un momento en el que el proceso no estaba cerrado”. Así consiguió 200.000 dólares.
Fastidiarle la vida
El delito de extorsión se recoge en el artículo 243 del Código Penal, que reza así: “El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años (...)”.
La acusación sostiene en su recurso que la intimidación del juez de la Audiencia fue “psicológica, pues si las empresas o bancos no le daban el dinero, se exponían a ganarse las antipatías de un miembro de la judicatura que podía fastidiarle la vida”. Así, el auto del Tribunal Supremo explica que cuando Garzón se dirigió a Endesa en una carta para recordarle el retraso en el abono del primero de los plazos, en el ángulo inferior izquierdo se lee: “Baltasar Garzón Real.
Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional. Madrid”. También se presume que Garzón recurrirá dicho auto.

al" dios "se le empiezan a ver los pies de barro.