La Carolina - Jaen

ya l0 dijeron por ahí, el racimero este


Laia Ortiz, diputada , Congreso, ha registrado una pregunta al ministro de Defensa, Pedro Morenés, instándole a aclarar si el Gobierno tiene pensado pagar los 40 millones que exige Instalaza, su antigua empresa, en concepto de indemnización por el tratado internacional que firmó España para poner fin a las bombas de racimo. Ortiz asegura que este hecho pone en evidencia que existe "un conflicto de intereses" entre el pasado de Morenés en la empresa privada y su actual puesto como cargo público

Las bombas de Gadafi


Además, en su escrito, Ortiz recuerda que el tratado empezó a ser efectivo en 2008, pero la empresa “todavía mantenía la bomba de racimo MAT-120 en el catálogo de su web” en el 2009, a pesar de ser ya ilegal. La diputada también menciona que, según diferentes ONG, esa bomba, fabricada por Instalaza, fue la que usó Muammar Gadafi contra la población libia en Misurata.