La Carolina - Jaen

• DEL ANTERIOR GOBIERNO
EL TRIBUNAL DE CUENTAS REVELA DEFICIENCIAS EN LAS SUBVENCIONES A ONG DE INMIGRACIÓN
La fiscalización expone "numerosos casos" de posible infracción adminitrativa en las entidades que la administración socialista no investigó.
• El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que revela "deficienias" y "debilidades" así como falta de control interno y "discrecionalidad" en la concesión de subvenciones a ONG para la atención de inmigrantes y refugiados por parte de la extinta Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y, en concreto, de su Dirección General de Integración de Inmigrantes (DGII).
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, analiza partidas por importe superior a 60,5 millones de euros concedidas en 2007 a un puñado de ONG --CEAR, Cruz Roja Española, Vomade, La Calle, Rumiñahui, ACCEM y ATIME, entre otras-- con cargo al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración aprobado aquel año, y concluye que los procedimientos "adolecieron de diversas debilidades de control interno", en muchos casos, por "falta de personal". Según el texto, estas carencias "impidieron garantizar la adecuación de la gestión de estas subvenciones a los principios de publicidad, transprencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como a los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".
Estos problemas de control se dejan ver especialmente en la comprobación por parte de la administración de que se han ejecutado las actividades financiadas y que se ha justificado cada euro gastado. Sobre el primer asunto, la DGII emprendió visitas "con carácter general, escasas" y su plan de seguimiento fue "insuficiente e inadecuado para garantizar la efectiva realización de actividades subvencionadas". En cuanto al dinero, en las subvenciones por concurso se han producido, entre otros problemas, "demoras" en la revisión de la justificación de gastos, falta de verificación de la aportación de financiación externa comprometida por las ONG, y "defectos de justificación generalizados". En las subvenciones directas, los controles han sido de tipo formal, "no habiéndose efectuado comprobación alguna sobre justificantes de gasto".
No obstante, las incidencias, que varían en índole y gravedad, se detectan en todas las fases del procedimiento. Así, tanto en la redacción de las bases reguladoras como en la instrucción de expedientes, el Tribunal ha encontrado "deficiencias" como la admisión de solicitudes presentadas fuera de plazo que, finalmente, fueron adjudicatarias de los fondos.
En este sentido, en las subvenciones concedidas de forma directa, el 70% del total, el Tribunal revela que no se hicieron estudios previos sobre los costes unitarios de las actividades y servicios, ni sobre el número de posibles beneficiarios para calcular lo que se debía asignar, como tampoco se contó con instrucciones internas para evaluar objetivamente las solicitudes. Es decir, "se produjo un significativo grado de discrecionalidad tanto en la selección de las entidades beneficiarias como en la asignación de las cuantías subvencionadas a cada una de ellas" lo que compromete, entre otros principios, los de transparencia, eficacia y eficiencia, tal y como explica el informe.