La Carolina - Jaen

La Junta de Andalucía, a través del Servicio de Ordenación y Coordinación Laboral de la Consejería de Empleo, está enviando cartas a jienenses detectados como 'intrusos' en Expedientes de Regulación de Empleo, en las que les reclama que devuelvan el dinero percibido de forma irregular. Cantidades que oscilan entre los 100.000 y los 180.000 euros por los servicios prestados en empresas donde nunca prestaron servicios, y donde constan como prejubilados.
Hay una decena de jienenses en el procedimiento, en su mayoría ex sindicalistas y familiares. La administración andaluza les concede un plazo de diez días para que paguen o para que presentan las alegaciones que consideren pertinentes al expediente administrativo abierto contra ellos.
«Habiéndose constatado que el interesado no tuvo relación laboral con la empresa Hitemasa, para el supuesto de quedar acreditado que estas cantidades hubiesen sido objeto de percepción indebida o irregular, las mismas podrán ser reclamadas (junto con intereses y cualesquiera otros gastos devengados) para su devolución o reintegro a esta Administración», dice la carta recibida por uno de los hombres de los que más se habló al principio de estallar el escándalo, el jienense Juan Lanzas. Su carta salió de la Consejería con fecha 2 de noviembre. «No tenemos constancia de que todas las personas en Jaén hayan recibido esta notificación, pero lo más fácil es que las cartas salgan en remesas y les vayan llegando», han dicho fuentes cercanas al caso, que tampoco entienden la premura de los diez días que les daban.
La Junta de Andalucía detectó en su investigación interna un total de 72 'intrusos' en ERE, a los que hay que sumar otros 111 casos con irregularidades administrativas en el cobro de prejubilaciones. El montante total del dinero pagado indebidamente por la administración, según esta estimación de la propia Junta, alcanzaría los diez millones de euros.
Contra las notificaciones de reintegro emitidas por la Junta hay recursos. En primer lugar, porque por la vía administrativa, si hubo irregularidades, estarían prescritas en muchos casos. «Hay pólizas de 2001 y 2003», dicen desde la representación legal de una de las personas que ha recibido carta.
En realidad, estarían prescritas todas las pólizas cobradas antes de 2007. Prácticamente todas las que afectan a jienenses. Aunque hay algunos ERE posteriores en empresas con supuestas irregularidades, como el de Gres Vilches, destapado por el portavoz parlamentario del PSOE Mario Jiménez y que afecta al ex popular Ramón Polo, de La Carolina, que es del año 2008.
Doble vía
Además, los implicado señalan se pueden ser obligados a pagar por dos vías si prospera la intención de la Junta: por una lado por el expediente administrativo de la administración y además están los autos penales de la jueza Alaya, que ha comenzado a imponer fianzas por el importe de lo supuestamente defraudado más un 30% a los primeros imputados contra los que ha actuado. Así que si los recursos son desestimados se abre para ellos la vía de acudir a los tribunales de los contencioso-administrativo, donde podrían mantener los litigios abiertos durante años.
Por otra parte, hay casos particulares, como el del jienense Juan Lanzas, que no admite que las pólizas a su nombre sean por prejubilación. En una entrevista concedida a IDEAL en primavera indicó que ese dinero se lo ingresó la mutua Vitalia en concepto de pago por diversos servicios prestados, y que se puso una de ellas a nombre de su esposa por un tema fiscal. Si luego Vitalia se la 'coló' a la Junta y lo puso como intruso, él es ajeno a toda irregularidad, vino a decir el exsindicalista.

Son unos sinverguenzas,que devuelvan lo cobrado ilegalmente y los metan una temporada en el trullo.