La Carolina - Jaen

• LOS MAYORÍA DE LOS CARGOS SON JEFES DE ÁREAS FINANCIERAS
EL GOBIERNO SALIENTE BLINDA A FUNCIONARIOS AFINES AL PSOE EN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD
Designa nuevos cancilleres en Bolivia y Omán, que ocuparán el cargo los próximos cinco años. El Boletín Oficial del Estado del jueves recogía una treintena de nombramientos por libre designación.
• El Gobierno en funciones sigue con su política de tierra quemada y no pierde el tiempo. Siguiendo las consignas de dejar todo atado, ha acelerado las designaciones a dedo de funcionarios afines en puestos de responsabilidad y blindando a otros en sus cargos, con el fin de que no puedan ser cambiados cuando tomen el poder los nuevos gestores del Partido Popular.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado miércoles recogía el nombramiento de una treintena de cargos, básicamente jefes de negociado con responsabilidades financieras y de personal, en la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid), la misma que ha comprometido más 250 millones de los presupuestos que gestionarán los populares durante los próximos tres años.
Los funcionarios ascendidos tomarán posesión de sus cargos la próxima semana, solamente unos días antes de que el líder popular, Mariano Rajoy, se haga cargo del Gobierno. La proximidad de estos funcionarios a los dirigentes socialistas queda patente con el impulso que alguno de ellos dio a la Plataforma Ciudadana de Apoyo a Rubalcaba. Igualmente fueron muy explícitos en las frases y comentarios que incluyeron en sus perfiles de Facebook, todos ellos mostraban su ánimo a las últimas medidas preconizadas por el Ejecutivo interino. Entre estas afirmaciones destacan algunas como “Franco fue un dictador derrocado por los valientes” o de apoyo a la “desacralización del Valle de los Caídos”.
El Gobierno socialista ha calificado los nuevos destinos como “voluntarios e irrenunciables” y ha blindado a estos funcionarios en sus nuevos puestos impidiendo que puedan optar a otros traslados en un plazo inferior a dos años, lo que implica que no puedan ser movidos durante ese plazo de tiempo, salvo que medien importantes indemnizaciones económicas.
También el Ministerio de Exteriores ha abierto un plazo de 15 días para que los funcionarios que están interesados puedan optar a ocupar, durante cinco años, las cancillerías de Omán y de Bolivia. Así mismo ofrecen destinos muy ansiados como los de jefe de negociado en China e India. La decisión de quién ocupará esos puestos queda en manos de los responsables del Ministerio de Trinidad Jiménez, puesto que el tiempo fijado para la elección de los mismos concluye antes de la entrada del nuevo Gobierno.
Pero no sólo el departamento de Exteriores se ha volcado en dejar controladas embajadas y consulados y áreas financieras y de recursos humanos. El Boletín Oficial del Estado recogía, solamente un día después, al menos una treintena de concursos para optar a puestos de libre designación. Los requisitos que se demandaban para ocuparlos eran muy escasos y quedaba abierta la posibilidad de que fueran designados para cubrirlos personas del entorno más próximo de quienes hoy ostentan el poder.
Por si fuera poco, el Ministerio de Justicia nombrará en unos días al nuevo secretario del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a un alto cargo, con importantes complementos, en la Secretaria del Gobierno del Tribunal Superior de Extremadura.
Elevados sueldos
También la Agencia Tributaria, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, se ha apresurado a aplicar esta política de colocación de funcionarios partidarios en puestos en los que se garantice su permanencia temporal, al menos durante dos años. Recientemente ha nombrado nueve cargos, del Grupo A y con niveles iguales o superior al 28, todos con elevadas retribuciones. Entre los nombramientos de última hora está el coordinador del portal en Internet de la AEAT –nivel 30– y el jefe de dependencia de Aduanas en Navarra, con complemento especifico de 33.000 euros.
Además, en el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en los próximos días se elegirá un jefe o jefa de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y Unidad Especializada Seguridad Social, que tendrá nivel 28 y cobrará un complemento específico de 13.500 euros.
Este tipo de actuaciones, que tienen como finalidad dificultar el objetivo de recortar gastos en la Administración Pública, está dejando claro que el Ejecutivo en funciones no tiene la menor intención de facilitar el traspaso de poderes ni dejar libre el camino a la mejora de la pésima situación económica que el Gobierno liderado por Mariano Rajoy heredará del que encabezó José Luis Rodríguez Zapatero.