La Carolina - Jaen

La Fiscalía Anticorrupción quiere, por fin, que el dinero cobrado fraudulentamente por los intrusos (prejubilados que no trabajaron en las empresas en las que aparecían) y "conseguidores" sea devuelto a la caja pública. Por ello, estos fondos (unos 10 millones de euros, según cifró la Junta) deberán ser devueltos al Gobierno andaluz. Para conseguirlo, la Fiscalía ha pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que imponga una fianza o embargue los bienes de los intrusos. En un escrito, la fiscalía pide a la magistrada "la inmediata adopción de medidas cautelares de aseguramiento de las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias de las personas imputadas". Lo cuentan todos los periódicos. Como cuentan que el PSOE, por novena vez, se opone a una Comisión de Investigación sobre el asunto.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos que imponga fianza o embargue bienes a todos los intrusos y "conseguidores" que les permitieron percibir un "beneficio indebido y delictivo" de fondos públicos.

EFE, que ha tenido acceso al escrito, dice que Anticorrupción considera que se ha demostrado la existencia de una "trama organizada" de percepción de fondos públicos de la Junta, en una investigación "aún embrionaria" pero que causó un "perjuicio grave y manifiesto" a los fondos públicos.

Por ello, el fiscal pide que la juez de instrucción 6 imponga a la veintena de imputados hasta ahora y los que lo sean en el futuro una fianza por el importe de lo recibido indebidamente o les embargue sus bienes.

El fiscal recuerda que se investigan dos tipos de delitos "claramente diferenciados, aunque ligados entre sí", consistentes en una "trama organizada" de "intermediarios, empresarios, aseguradoras y responsables de la Junta para incluir en los ERE a personas que nunca habrían trabajado en las empresas", y otra serie de pólizas individuales para "determinados beneficiarios autorizados por responsables del Gobierno andaluz".

Los intrusos, añade la Fiscalía Anticorrupción, obtuvieron un "beneficio indebido y delictivo del que, de ser condenados, deberán responder devolviendo las cantidades" a los fondos públicos.

Recuerda el escrito que una segunda línea de investigación consiste en la "figura utilizada por la Junta de Andalucía para suministrar ayudas a empresas en crisis", buena parte de las cuales "han terminado en manos de personas próximas a los máximos ejecutores y conseguidores del sistema implantado para alcanzar dichos fines delictivos."

La Fiscalía recuerda además "la existencia de ayudas directas a Ayuntamientos, empresas, asociaciones, fundaciones y otras entidades" que "no reúnen ninguno de los requisitos exigibles en cuanto a concesión y control de una subvención dada con fondos públicos".

Por ello, según adelanta Anticorrupción, "será necesario averiguar, caso por caso, las razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público de la ayuda, y por ende el destino final del dinero entregado".

A pesar de estar en una fase embrionaria de la investigación, la Fiscalía entiende que es "indudable la existencia de un perjuicio manifiesto y grave en los fondos públicos", del que deberán responder los funcionarios públicos que han permitido las irregularidades y los administradores de las entidades perceptoras.

Por ello, pide que la juez pregunte a la Junta si ha iniciado un procedimiento para que le integren los cobros indebidos y que le informe de la documentación entregada a los perceptores de las ayudas, con el objetivo de investigar "otros ilícitos penales" como "estafa, en caso de obtener financiación bancaria a sabiendas de la falsedad de la documentación aportada, estafa procesal y otros".

.Aunque sólo hay una veintena de imputados, la Junta ya ha identificado 72 intrusos y 111 personas con irregularidades administrativas en los cobros de las pólizas. Probablemente, el número de intrusos crecerá. La Guardia Civil examina ahora con lupa cada listado de prejubilados de las empresas subvencionadas.

Lo veo perfecto, ahora cuando vayan saliendo todos estos pajaros, que paguen hasta la ultima perra, y lo mismo que empezaron ha cobrar algunos incluso antes de nacer, pues ahora que paguen hasta que se mueran.

Algunos del pueblo de los dos partidos va a caer, y seguro que los conoces. repito he dicho de los dos. para que se vea que no hay diferencia

Que el hembargo no sea solo para el titular tambien sra.hijos hermanos,primos,cuñaos y todos los que crean que pueden estar compinchaos,asi habria menos que guardan lo que no es suyo.

La juez Alaya sospecha que la corrupción de los ERE era generalizada en la Junta
Un día después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera fianzas para los intrusos, la juez Alaya, encargada del caso de los ERE, dictó una nueva resolución con la que quiere saber si el método utilizado en la Consejería de Empleo (que usaba una partida la 31-L, denominada "fondo de reptiles") era una práctica generalizada en todo el Gobierno andaluz.

Por eso ha pedido información de las subvenciones dadas por todas las consejerías. Esto es, la juez sospecha de una corrupción metodológica y sistemática por parte del gobierno socialista de la Junta de Andalucía.

En su escrito, relata ABC, la juez pide a la Junta de Andalucía que le informe "si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través del IFA o IDEA se han realizado en otras consejerías".

La juez hace hincapié en preguntar si esas ayudas son solamente de la Consejería de Empleo e incluso si hay "otra empresa de manera significativa u otro grupos de empresas que haya recibido ayudas o subvenciones de otras consejerías". La pregunta parece indicar que algún indicio está ya en poder de la juez.

Alaya vuelve a reiterar sus recelos ante la información que recibe de la Junta. Aunque el gobierno Griñán presume de transparencia y puntualidad en la entrega de lo que la juez le pide, ésta le pregunta, sin embargo, si en el informe que le remitió están todas las ayudas que la Consejería de Empleo concedió a través del IFA, porque ha echado en falta alguna como la concedida a Río Grande, empresa implicada en un ERE con intrusos. E igualmente le solicita la relación de ayudas sociolaborales y a empresas que fueron resueltas favorablemente por la Consejería y que no fueron pagadas.

Alaya asegura en el auto que aún «no se han aportado todos los expedientes de ayudas concedidas y pagadas» y recuerda igualmente que está a la espera de conocer lo expedientes de ayudas concedidas pero no pagadas"

En el mismo escrito, se solicita a la Junta de Andalucía que aporte los datos de la contabilidad del IFA o IDEA sobre los convenios firmados por éste con la Dirección General de Trabajo de la Junta en 2003, toda la relación de pagos efectuados por el IFA-IDEA desde el año 2001 al 2011, tanto en concepto de ayudas sociolaborales como de ayudas a empresas para «perseguir las posibles infracciones tributarias derivadas de los ingresos recibidas por las entidades beneficiaria de los pagos» en el supuesto de que estas no los hayan declarado, y avisa a la Agencia Tributaria de su obligación de informar al Juzgado si constatara la omisión de algún dato identificativo.

Además, la juez envía las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que determine las responsabilidades contables que puedan derivarse de ello.

Igualmente a la Junta de Andalucía también le pide que aporte la relación detallada de cualquier reclamación judicial que haya recibido por compromisos de pago asumidos por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social desde el año 2001.

En cuanto a las actas del Consejo de Gobierno (que fueron objeto de una gran polémica por la negativa del Ejecutivo andaluz a entregarlas) asegura que, una vez que las examine, le dará traslado de estas a las partes personadas en el sumario.

Estais en una dimension muy desconocida...