GriÑan suma y sigue La juez Alaya da otro ultimátum a Griñán para que envíe de nuevo los datos de los ERE 07:35 (27-05-2011) | 31 Pone un plazo de cinco días a la Junta para solventar los ‘errores’. La documentación es “impropia de una Administración”, sentencia. • AMPLIAR IMAGEN • ENVIAR • IMPRIMIR • • • Menéame M. L. Alonso. Madrid La información remitida al Juzgado número 6 de Sevilla por la Junta de Andalucía está “desordenada, es inconexa y repetida”, sentencia el último auto de la juez Mercedes Alaya. La magistrada que instruye el caso de los ERE falsos va más allá y asegura que el modo en el que el Gobierno del socialista José Antonio Griñán envió la documentación solicitada “es impropio de cualquier órgano de la Administración, donde existe siempre un iter en la tramitación de cualquier asunto, tanto más esperable en expedientes donde se otorgaban en concepto de ayudas cifras millonarias”. Como ya adelantó LA GACETA, fuentes cercanas a la juez Alaya habían advertido de que la instructora estaba muy molesta con la falta de colaboración del Ejecutivo autonómico y culpaba a Griñán de intentar frenar la investigación para evitar que le salpique. El último paso de la juez ha sido poner todas esas quejas por escrito y dar un nuevo ultimátum de cinco días a la Administración regional. Alaya exige a la Consejería de Empleo que “remita copia compulsada de los expedientes auténticos debidamente ordenados y tramitados, o en otro caso manifieste al juzgado detalladamente las razones por las que las citadas actuaciones presentan el estado descrito”. La última resolución judicial, fechada el pasado 17 de mayo, expone tajantemente que “las condiciones en las que ha sido enviada al juzgado la documentación resulta cuando menos inaudita, pues la misma, además de incompleta, carece del menor orden lógico o cronológico”. Asimismo, la magistrada también solicita a la Policía Judicial que prosiga con la investigación y practique diligencias “a fin de comprobar definitivamente los hallazgos obtenidos” en relación con los expedientes de regulación de empleo de Samec (Manufactura del Corcho); Dhul; González Byass, a través de la cual se prejubiló fraudulentamente el ex consejero Antonio Fernández, imputado en la causa; entre otras muchas empresas beneficiadas por la Junta de Andalucía. Por otra parte, y para ahondar en la imagen de falta de interés del Gobierno de Griñán de llegar al fondo del asunto para cortar de raíz las prácticas corruptas que se han instalado en Andalucía, ayer los socialistas volvieron a vetar en el Parlamento autonómico la creación de una comisión de investigación sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo –es decir, las que salieron del fondo de reptiles para pagar el retiro a algunos socialistas y sus amigos– ya concluidos o abonados en su totalidad. Así, los denominados ERE muertos, que la juez Alaya sí quiere investigar, no serán analizados por la Junta. Pero el nuevo auto judicial no es el único varapalo que golpeó ayer al Gobierno andaluz. En torno a 300 prejubilados se encerraron en la sede de la Consejería de Empleo. Muchos de ellos, a los que la Junta ha paralizado el pago de sus salarios, aseguraban que no van a tolerar quedarse sin lo que les corresponde porque el PSOE haya favorecido indebidamente a sus amigos y familiares. |