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Piden que se impute al marido de la juez Alaya en el ‘caso Mercasevilla’

Auditó las cuentas de la entidad, que está en el origen del 'caso de los ERE' , e informes posteriores afirmaron que sus resultados contenían inexactitudes
ELPLURAL 19/01/2014

Mercasevilla fue el germen y el inicio del caso ERE. Posiblemente no se hubiera investigado a esta entidad si el resultado de la instrucción que practica la juez Alaya hubiera sido otro o simplemente no hubiera sido. En este mismo caso se dio la circunstancia de que tras la imputación de dos hermanos de la ministra Fátima Báñez, posteriormente la magistrada declaró prescritos dos de los delitos imputados de una supuesta irregular venta de terrenos.

https://ww.elplural.com/2013/09/30/la-juez-alaya-declaran-prescritos-dos-de-los-delitos-imputados-a-los-hermanos-banez/

La magistrada dejó sin efecto, por prescripción, los delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude y exacciones ilegales.

Anteriormente se pidió la inhibición de la juez en el caso

No es la primera vez que sale a la palestra que el marido de la juez, Jorge García Castro, fue auditor de la empresa KPMG y participó de lleno en 2002 en el análisis de sus cuentas. De hecho en alguna ocasión se solicitó que la juez Alaya no instruyera este caso pues su esposo estaba relacionado con los asuntos que finalmente investiga la justicia. Hoy se ha dado un paso más adelante y un ex responsable relevante de la lonja hispalense pide que se impute a García Castro.

Piden la imputación del marido de la juez

Concretamente, el exgerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, ha pedido el archivo de la causa contra él por delito societario en las cuentas de la lonja, en un escrito en el que afirma que debería ser imputado el marido de la juez instructora, Mercedes Alaya, puesto que como auditor ratificó dichos resultados.

El fiscal que ahora acusa defendió antes posiciones opuestas

El abogado de Mellet, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, revela la circunstancia de que el fiscal que ahora acusa a su cliente defendía, en un trabajo doctrinal de 2009, la posición opuesta sobre la responsabilidad de los directores generales y gerentes vinculados por relación laboral respecto a los “deberes de lealtad” que sí tienen los administradores de la sociedad.

“Hechos que afectan a la imparcialidad objetiva de la juez”

El defensor de Mellet, José Manuel Carrión, afirma que en la causa concurren “hechos que afectan a la imparcialidad objetiva de la instructora” Mercedes Alaya por el hecho de que su marido, Jorge Castro García, auditó como experto de KPMG las cuentas de Mercasevilla antes de 2002 e informes posteriores afirmaron que sus resultados “no configuraban fielmente el estado de situación de la entidad”. Una segunda experta perteneciente al Instituto de Auditores Censores de Cuentas de España “detectó graves irregularidades en las Memorias de los ejercicios 2000 y 2001″, dice la defensa.

Números rojos

Añade que, como consecuencia, “las cuentas corrientes se encontraban en números rojos debido a que no se cobraba nada ni se realizaba gestión de cobro alguna, encontrándose la empresa en números rojos dado que nada habían advertido los auditores a los administradores”.

Otro auditor sí ha sido imputado

La imputación de Jorge Castro debería realizarse, según Carrión, por su intervención activa en las auditorías de cuentas que como socio de KPMG realizó sobre Mercasevilla, igual que ha sido imputado a José Ignacio Alonso Rivero, posterior auditor de la lonja.

Presuntos delitos societarios

El presunto delito societario en Mercasevilla es uno de los cuatro investigados en la lonja y se dirige contra los exdirectivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo por presuntos delitos de malversación, delito societario, apropiación indebida y fraude y exacciones ilegales.

La Agencia Tributaria afirma que la imagen patrimonial era falsa

Según los peritos de la Agencia Tributaria que han analizado el caso, Mercasevilla dio “una imagen patrimonial de la sociedad que no se correspondía con la realidad” y en concreto en el ejercicio 2008, de unos beneficios contables declarados de 258.024 euros se pasó, después de las correcciones, a unas perdidas de 7.885.285 euros.

Piden archivo de la causa

Carrión, sin embargo, pide el archivo porque considera que los presuntos delitos están prescritos y denuncia que el caso estuvo abierto cuatro años sin que se tomase la primera declaración a su cliente. Además, argumenta que Mellet era “una persona contratada que no firmaba las cuentas ni las aprobaba”, lo que hacían el Consejo de Administración de Mercasevilla y el Patronato de su Fundación.

Contradicciones en el Fiscal

En apoyo de dicha argumentación, cita un trabajo sobre los problemas de prueba de los delitos económicos realizado en 2009 para la Junta de Andalucía por Juan Enrique Egocheaga, el fiscal Anticorrupción que ahora imputa a Mellet con una argumentación contraria. Según el recurso, el citado estudio de Egocheaba afirmaba que incluir a los gerentes o directores generales “en el concepto de administradores de hecho supondría una interpretación extensiva del precepto penal que debe proscribirse”.

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Seria justo que todos los implicados en alguna u otra forma fuesen llamados a declarar. Los politicos presuntos, junto al auditor del caso, y el bufete del suegro de Arenas, que tambien cobraban por hacer el papeleo de los EREs.