La Carolina - Jaen

La juez debe decidir si envía el sumario al Supremo por la implicación de Griñán, Chaves y otros cinco exconsejeros


Sin duda el 2014 será un año decisivo en el caso de los ERE fraudulentos que el pasado año se cobraron la cabeza del mismísimo presidente José Antonio Griñán que se vio obligado a dimitir por ese escándalo. Pero este año, Mercedes Alaya, la instructora más conocida de España, tendrá que tomar una decisión crucial en el caso de los ERE. Y es, que las diligencias previas 174/2011, que en unos días cumplirán tres años de instrucción parecen haber llegado al momento más trascendental.
Hace apenas unos días, después de que la Audiencia Provincial de Sevilla le ordenara motivar la preimputación de los aforados, Alaya redactó un nuevo auto en el que insistía en la preimputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo (Hacienda), Antonio Ávila (Economía), Manuel Recio (Empleo), José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación).
Pues bien, una vez cumplido ese requisito y, tras recibir en las últimas semanas el informe de la Intervención General del Estado que advertía que los consejeros de Economía de la Junta de Andalucía entre 2002 y 2009 (entre ellos Griñán) no adoptaron «las medidas necesarias» para evitar las irregularidades en la concesión de subvenciones y ayudas en los ERE, Alaya tendrá que tomar la que será, probablemente, la decisión más importante de su carrera. Si envía el caso a la sala segunda del Tribunal Supremo porque, como ha dicho hasta ahora, cree que hay indicios de delito en la conducta de los aforados, o se queda con el caso porque no cree que los responsables políticos lo fueran también penalmente.
Pero, ¿qué falta para que la juez tome, por fin, esa decisión esa decisión?. Según fuentes judiciales, la instructora está a la espera de algunos flecos para que el complicado puzzle de los ERE encaje. En este caso, el documento más importante, es el informe que elabora la Guardia Civil desde hace cerca de dos años, sobre las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla y en las que, según ha apuntado ya la UCO, el exconsejero José Antonio Viera tuvo «un papel trascendental». Además, según lo que ha trascendido hasta ahora de esa investigación, unos 52 millones de euros fueron a parar a esa comarca y a empresas vinculadas a familiares o amigos del núcleo cercano al propio Viera y al exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.