La Carolina - Jaen

La juez Alaya ha dejado en evidencia el nivel de corrupción de UGT y CC OO, al decretar responsabilidad civil subsidiaria por los ERE de Andalucía. Es la gota que colma un vaso de prebendas, privilegios, nula representatividad y oscurantismo.

La trama de los falsos ERE en Andalucía seguramente sea el mayor caso de corrupción en el que se hayan visto involucrados UGT y CC OO. La juez instructora del caso, Mercedes Alaya, decretaba el pasado miércoles la responsabilidad subsidiaria de ambas centrales sindicales en la trama, después de determinar que algunos de sus responsables en Andalucía cobraron comisiones, entre 20.000 euros y 90.000 euros mensuales, pagadas por intermediarios de los ERE y con pleno conocimiento de que dichas cantidades de dinero procedían de fondos públicos. Por todo ello, sus responsables se enfrentan a un posible delito de malversación, a la espera de que termine la instrucción, que todavía podría arrojar nuevas imputaciones.

Al contrario de lo que ocurre en otros países como Alemania, en donde la Federación Alemana Sindical (DGB), que aglutina a 6,8 millones de afiliados, se muestra orgullosa de autofinanciarse, en España UGT y CC OO no sólo aspiran a mantener su verticalidad, sino que lo hacen, además, inmersas en el más absoluto oscurantismo, sin ofrecer datos de afiliación y ocultando, durante más de 30 años, sus finanzas. Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno del Partido Popular nada más llegar al poder fue la de reducir el presupuesto a sindicatos y patronal un 20%. En los dos últimos años los sindicatos han perdido un 44% de sus subvenciones. No obstante, sus fuentes de ingresos siguen siendo numerosas y, en ocasiones, hasta indeterminadas.

A través de los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, el Ejecutivo destinó 8,8 millones de euros a los sindicatos. De esta cifra, que se reparte entre todas las centrales sindicales de España según su nivel de representatividad, UGT y CC OO se llevan las tres cuartas partes. Además, desde el Ministerio de Trabajo se destinan algo más de tres millones de euros para sufragar la participación de sindicatos y patronal en consejos u órganos consultivos como el Consejo Económico y Social (CES).
Peaje sindical A ello hay que sumar lo que reciben de los respectivos presupuestos de Comunidades Autónomas y municipios a través de su entramado de organizaciones territoriales, a distintos niveles, que hacen prácticamente imposible mantener un seguimiento sobre los ingresos reales.

Pero sin duda, la joya de la corona es lo que UGT y CC OO reciben a través de las ayudas para los cursos de formación que, aunque para los Presupuestos de 2013 éstas se han visto reducidas un 34%, siguen suponiendo unos ingresos de 4.000 millones de euros.

Pero si ya puede resultar escandaloso el hecho de que los dos sindicatos de clase sean mantenidos con el dinero de todos los españoles, aún puede ser peor conocer lo que éstos recibieron entre 2007 y 2009, cuando la crisis empezaba a cebarse con la economía de nuestro país.

En ese período, solo a través de los Presupuestos Generales del Estado, UGT y CC OO recibieron la escalofriante cifra de 500 millones de euros. Y todavía más sangrante es saber que los dos grandes sindicatos han convertido en un auténtico negocio el paro y la crisis.

Los empleados de empresas afectadas por ERE deben pagar entre 100 y 400 euros a los sindicatos por los servicios de asesoría jurídica. Además, la organización sindical cobra un extra a cada uno de estos trabajadores, que oscila entre un 10% y un 15% de la cantidad que obtiene como indemnización por encima de los 20 días por año trabajado.

Solo por participar en este tipo de intermediaciones se calcula que los dos grandes sindicatos podrían haber ingresado más de 200 millones de euros entre 2007 y 2009.

Desde la famosa huelga general que CC OO, con Marcelino Camacho a la cabeza, le organizó a Felipe González en 1985, a cuenta del sistema de pensiones, los sindicatos de clase han ido perdiendo poder e influencia.

Han pasado de poder paralizar todo un país, decidir sobre la política nacional u obligar a efectuar cambios en los Gobiernos de turno a ser unas de las instituciones peor valoradas por los ciudadanos y que mayor rechazo generan.

Y es que lo cierto es que tanto UGT como CC OO, en los últimos años, han mostrado más preocupación por su financiación que por la defensa del elevado número de parados, a los que no les ha importado dejar de lado si con ello se granjeaban los favores del poder.
El crucero de Toxo En 2010, revelaba que el Secretario General de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, preparó la huelga general del 29 de septiembre de ese mismo año a bordo de un crucero de lujo por el Báltico, en pleno mes de agosto, acompañado por su mujer, y para el que pagó sendos billetes cuyo precio oscilaba entre los 1.700 y los 2.400 euros por persona. Todo ello lo hacía mientras afirmaba que la falta de medidas del entonces Gobierno Zapatero había dejado a mucha gente “sin vacaciones”.

Unos meses antes, en junio de 2010, se informaba que Toxo había logrado un ático de protección oficial a pesar de que su sueldo, de 114.000 euros anuales, triplicaba el salario mínimo interprofesional. A día de hoy, sigue siendo un misterio cómo Toxo logró acceder a la propiedad de dicha vivienda, aunque sí se sabe que la cooperativa estaba liderada por Comisiones Obreras.

Tampoco se salva de los escándalos el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Conocido por sus relojes suizos de lujo, valorados en 6.000 euros cada uno, suele frecuentar los restaurantes más caros de Madrid, como el del hotel Villa Magna, en donde suele pedir el Gourmet Buffet, compuesto por especialidades frías como crustáceos, mariscos, sushi, ensaladas, cremas o quesos y platos calientes a base de carnes y pescados. También es asiduo al restaurante El Torreón, en donde un plato puede costar hasta 75 euros mientras riega sus comidas con vinos de 60 euros la botella.

A pesar de todo, y de los numerosos ejemplos de corrupción de los que hacen gala los dos grandes sindicatos, siguen sin existir auditorías ni fiscalización de sus finanzas.

UGT y CC OO, como sindicatos verticales y de clase, siguen viviendo de la subvención estatal mientras se niegan a ofrecer datos de afiliación.

Jamás han sido auditados por el Tribunal de Cuentas a pesar de que manejan dinero proveniente de fondos públicos, como las ayudas que se destinan a los cursos de formación.

Con todo ello no se quiere afirmar que no sean necesarios los sindicatos, todo lo contrario. En los últimos años, hemos comprobado cómo los pequeños sindicatos sectoriales, profesionalizados en sectores, han ejercido una labor encomiable en la defensa de algunos colectivos. Ahí destaca la labor de algunos sindicatos policiales, que han mostrado un espíritu de lucha constante por mejorar las condiciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Otra cosa son los que, sin haber hecho la Transición, han cambiado la hoz y el martillo por la gamba y la langosta a costa del bolsillo de un país esquilmado y que no debería pagar ni un euro más.


RECORTE DE PRENSA.