La Carolina - Jaen

El interventor delegado en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Luque Alfonso, entregó para completar la declaración que realizó aún como testigo los días 5 y 6 de julio del año pasado ante agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) copias de 22 informes de disconformidad emitidos por él a expedientes de ayudas sociolaborales de la Junta correspondientes a 2011 y 2012. Figura entre ellos uno referido a Manufactura Española del Corcho (Samec). El órgano gestor era la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, el acto fiscalizado: una encomienda de gestión a la agencia IDEA por un importe de 1.865.939,81 euros.

Según se refleja en el requerimiento de documentación firmado por Luque, la causa por la que se inicia el expediente es «el estado de liquidación en que se encuentra la compañía aseguradora –Apra Leven–», lo que produjo «el impago de las rentas previstas».

Entre las apreciaciones de Luque consta que «en los ejemplares de las pólizas individuales de seguro de rentas no aparece la Junta de Andalucía ni la Consejería de Empleo como tomadora del seguro ni como obligada al pago».

Es más, el interventor mantiene que «teniendo en cuenta que se afirma que hasta la fecha –la Junta– venía pagando las cantidades comprometidas», procede la emisión por parte del gabinete jurídico del Ejecutivo regional de un informe en el que se precise «cuál sea la posición jurídica» de éste respecto a «los beneficiarios de las pólizas y en la liquidación de Apra Leven». Luque pretendió que, ante la ausencia de datos, se aclarara también si el expediente a fiscalizar «estaría duplicando la obligación de pago ya realizada» y si «los administradores de la liquidación» podían reclamar a Empleo «la totalidad de los pagos de prima pendientes».

En otro de los informes de reparo del técnico aparecen como tomadores los sindicatos. En concreto, en un escrito de disconformidad referido a Delphi, se refleja que una póliza de seguro «fue suscrita en calidad de tomadores por la Federación Estatal Minerometalúrgica de CC OO y la Federación Estatal del Metal, Construcción y Afines de UGT, en nombre y representación de los asegurados», cuando en realidad la que en teoría pagaba era la Junta, a través de otra encomienda de gestión a IDEA.

Pese a sus objeciones, Luque se convirtió en uno de los 20 altos cargos o ex altos cargos del Gobierno andaluz imputados por Alaya el pasado 28 de junio. La magistrada lo acusó de seguir aplicando a partir de 2010 el mismo procedimiento de fiscalización que con el denominado «fondo de reptiles» –partida presupuestaria 31L– cuando se prescindió de las transferencias de financiación desde Empleo a la agencia IDEA y se optó por la encomienda de gestión.