La Carolina - Jaen

Medio Ambiente denunció la ocupación ilegal de un poblado forestal. Hoy es el juicio

Son jubilados, parados y hasta matrimonios con hijos menores sin recursos convertidos en okupas a la fuerza. Un total de 18 familias empujadas por la necesidad han ido conquistando año tras año las casas del viejo poblado forestal de Mazagón que se esconde entre los pinares que pueblan la zona, en las proximidades del camping y del Parador Nacional.

Un día después de que el Parlamento andaluz haya dado luz verde al proyecto más vendido por el Gobierno PSOE-IU en esta legislatura, la Ley Antidesahucios, el mismo Ejecutivo que se ha venido dando golpes de pecho contra los desalojos bancarios tiene cita en los tribunales para poner de patitas en la calle a los okupas del poblado.

«Aquí hay personas mayores y niños y no tenemos ningún otro sitio donde vivir… No hacemos mal a nadie». Diego Romero es un jubilado que llegó a los pinares de Mazagón hace poco más de año y medio. «Apenas me quedaban 60 euros para comer…por circunstancias de la vida no podía ni puedo costearme un alquiler».

Romero ha llegado a enviar escritos a la Delegación del Gobierno en Huelva clamando a la Junta por la paralización del procedimiento. «Le agradecería que con nosotros se aplicara las palabras de nuestro presidente Griñán -solicitaba antes de que se produjera el relevo en la Presidencia de la Junta¬-, que tuvieran conciencia tanto los bancos como los jueces con los desahucios».

«Pido en conciencia poder seguir viendo aquí, aunque se nos ponga una renta asumible a nuestra economía». Diego Romero ha tenido la callada por respuesta –como las demás familias- de la Administración andaluza desde que tuvieron constancia de que la Junta no daría marcha atrás.

Una providencia del Juzgado de Primera Instancia 6 de Huelva les confirmaba el pasado año que la demanda de la Consejería de Medio Ambiente, titular del poblado, seguiría su curso. Hasta hoy, cuando los okupas de las casas forestales están citados en el mismo juzgado para juicio por desahucio precario con el departamento andaluz de Medio Ambiente como parte demandante. «Hemos tenido algunos avisos pero nadie nos dice nada», lamenta Romero. De vez en cuando, relata, «viene un coche oficial, alguien se baja, saca fotos y vuelven a irse por donde vinieron. Sólo pedimos que se nos permita quedarnos con un alquiler social».