La Carolina - Jaen

Sería necesario añadirle la inabarcable situación de la administración paralela andaluza. Los sucesivos gobiernos del PSOE, encabezados antes por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han consolidado una red de entidades tan difícil de auditar que las cifras que por fin están saliendo a la luz son de lo más alarmantes.
Según los sindicatos de funcionarios, el número de enchufados podría ascender a la friolera de entre 26.000 y 35.000 personas, cifras tan mareantes que superan sobradamente las estimaciones para el resto de España. Se trata, en gran medida, de personas cercanas al PSOE y los sindicatos,
Un ejemplo de esta administración paralela lo tenemos en EGMASA, una empresa de gestión medioambiental que depende de la Consejería y que tiene 5.000 trabajadores. Algo similar podría darse en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, que ha sido integrada en las estructuras del gobierno y agrupa a un total de 2.000 empleados. ¿Más ejemplos? Los 1.600 de RTVA (Canal Sur), los 1.500 de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), etc.
En esta última entidad, la FAFFE, el máximo responsable era un ex alto cargo del PSOE gaditano que superaba los 79.000 euros de remuneración anual. Los sueldos de otros empleados duplicaban los salarios de los funcionarios de carrera ocupados en otros organismos de la Junta. Pero también se ha hablado mucho de otras escalas salariales: por ejemplo, de los 125.000 euros que cobraba el director de RTVA, los 118.000 euros que se llevaba el director de INVERCARIA o los 90.000 euros que se embolsaba el gerente de la agencia pública que gestiona un hospital almeriense.
La opacidad de la Junta andaluza complica el proceso de control. Los sueldos del personal ocupado gracias a la dedocracia no entran en el capítulo presupuestario número uno, que ya de por sí supone 1 de cada 3 euros de gasto público (9.853 millones en 2012, el 30,7% de todo el gasto asumido por la Junta).
Como referencia, eso sí, podemos tomar varias cifras. Sabemos, por ejemplo, que las transferencias que recibe la administración paralela del Gobierno autonómico superan los 3.300 millones de euros. Otro dato interesante es que 37 de los 130 entes públicos han admitido gastos de personal por valor de 877 millones. Es probable, por tanto, que la factura final ascienda, por lo menos, a 1.500 millones de euros, si bien este cálculo es razonablemente conservador.
Es importante señalar, por último, que la administración paralela andaluza creció un 17% en plena crisis y que su eliminación reflejaría la verdadera situación del paro en la región, que según los últimos datos es de los más altos de toda España, con tasas cercanas al 40%.