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Andalucía se pone al lado de los desahuciados con un revolucionario decreto de vivienda

ELPLURAL/ANDALUCÍA | 09/04/2013

La Junta fomentará el alquiler de casas vacías, sancionará a bancos e inmobiliarias que mantengan su stock residencial y hará expropiaciones temporales de hasta tres años para evitar desalojos


Con leyes, con hechos y no con palabras, la Junta aborda desde ahora el problema de los desahucios y del acceso a los más débiles de la sociedad a una vivienda digna. De paso pone en su sitio a bancas y promotoras plenas de casas y pisos vacíos. Toda una normativa revolucionaria y transformadora que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. De nuevo la Junta demuestra que otra política diferente a la de la derecha es posible y que Andalucía marca la diferencia en políticas de progreso.

Se aplicará de inmediato

Según la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IULV-CA), el decreto, que se aplicará “sin dilación” tras su aprobación con carácter de urgencia y se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, introduce además medidas de “incentivo” a particulares y “sanciones” a bancos e inmobiliarias para que “salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía”, que ha cifrado entre 700.000 y un millón de viviendas.

Un millón de inmuebles

La norma, que posteriormente será tramitada en el Parlamento como proyecto de ley, tiene como principal objetivo hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la comunidad autónoma: entre 700.000 y un millón de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias. Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler, se crea un nuevo régimen sancionador y se establece la expropiación temporal del uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario en los casos más graves de emergencia social de las familias.

Subvenciones, ayudas y medidas fiscales

Las subvenciones se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos. De forma complementaria, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre personas propietarias y demandantes. De igual modo, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliar el actual parque a precios adecuados.

Sanciones a bancos, inmobiliarias y entidades de gestión

En cuanto al régimen disciplinario, el Decreto Ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su ‘stock’ residencial. Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros. La recaudación de las multas se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta de Andalucía y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda.

Regulación de la vivienda vacía

La norma regula la figura de la vivienda vacía y considera como tal aquella que, reuniendo todos los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación, se encuentra desocupada. Quedan excluidas, por tanto, las residencias secundarias, las destinadas al recreo y las de uso turístico así reguladas. De acuerdo con el Decreto Ley, una vivienda no está habitada cuando no cuente con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. Asimismo, se tienen en cuenta otros aspectos como los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de residentes u ocupantes; la recepción de correo y notificaciones en otros lugares, o la utilización habitual de éstos para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.

Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación. En todo el proceso de declaración los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista.

Registro de Viviendas Deshabitadas

La nueva regulación establece la creación del un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de este tipo de inmuebles. Además, dispone la elaboración de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Administración en este ámbito.

Expropiación temporal del uso

El Decreto Ley incorpora una disposición adicional que posibilitará a la Administración autonómica expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, del uso de los inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio. Con ello se pretende garantizar el derecho a la vivienda de aquellas personas en especiales circunstancias de emergencia social que se ven afectadas por estos procesos de ejecución hipotecaria, dando así una respuesta inmediata al drama social de los desahucios, que en Andalucía suman casi 86.000 desde 2007.

El procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

Requisitos para la expropiación temporal

Entre los requisitos que se fijan para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar una situación de exclusión social, acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias en las que se concedió el préstamo.

Hipoteca

El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).