La Carolina - Jaen

“Hasta 2007, los registradores calificábamos las cláusulas de las hipotecas. Cuando detectábamos la presencia de cláusulas abusivas, nos negábamos a registrarlas”. Así de contundente se manifestó este jueves Alfonso Candau, el decano presidente del Colegio de Registradores de España.

La reforma legislativa de 2007, impulsada por el entonces ministro de justicia, Mariano Fernández Bermejo, y respaldada por Pilar Blanco-Morales Limones, entonces directora general de Registros y del Notariado, ató de pies y manos a los registradores. La reforma hipotecaria -se modificó la Ley 2/81, de 25 de marzo de regulación del mercado hipotecario- limitó el trabajo de los registradores a transcribir las escrituras hipotecarias.

Eran los años de plena expansión y boom inmobiliario y “entonces se consideró que los registradores estorbábamos y entorpecíamos el tráfico jurídico”, explica Candau. “Con la crisis, todo esto ha explotado y nos encontramos con que las hipotecas están plagadas de condiciones abusivas que nunca deberían haberse inscrito”.

“La última instancia de control de la legalidad del préstamo hipotecario corresponde a los registradores. Sin embargo, el nefasto cambio legislativo nos obligó a convertirnos en ciegos y a introducir auténtica basura en los registros”, explicaba Belén Madrazo, directora del Servicio Registral de Protección a los Consumidores y Usuarios.

“En los últimos cinco años los registros se han llenado de hipotecas con cláusulas abusivas sin que los registradores hayamos podido hacer nada para evitarlo”, lamentaba Madrazo. “Y los que se negaron a ello fueron sancionados”.

De hecho, tal y como consta en múltiples resoluciones, la propia Dirección General de Registros y del Notariado echó por tierra la negativa de muchos notarios a registrar hipotecas con supuestas cláusulas abusivas después de 2007. Así sucedió, por ejemplo, en 2008 con la registradora Ana Allende Aguirre-Mendi. Al frente de la dirección general se encontraba Pilar Blanco-Morales Limones. Su decisión fue publicada en el BOE un jueves 7 de agosto de 2008.

La Dirección General abrió más de 400 expedientes disciplinarios, que años más tarde fueron anulados. “Hubo registradores que fueron multados con 12.000 hasta 600.000 euros, en el caso más extremo. También se produjeron degradaciones profesionales”, reconoce Candau.