Jamilena - Jaen

El Gobierno tripartito de Orihuela ha recibido una herencia económica envenenada, según descubrió ayer la portavoz municipal del PSPV, Antonia Moreno. Las cifras hechas públicas tras la Junta de Gobierno local dejan a la capital de La Vega Baja al borde de la quiebra. La deuda que arrastra es de 92 millones de euros, pero solo tiene un presupuesto para 2011 de 69,4 millones. Es decir, debe un 1,3 veces su previsión anual de ingresos.

Moreno repartió las obligaciones pendientes del Consistorio entre los 60 millones de euros que deben a entidades bancarias sumando el principal y sus intereses, otros 17 millones de facturas remitidas por proveedores que están sin pagar —las llamadas facturas en los cajones—, de las que el 90% son de los ejercicios 2009 y 2010, y 15 millones más de pagos sin cancelar que están reclamados por los juzgados, una situación que calificó como de “estrés financiero”, de la que no podrán salir para normalizar los pagos, según avanzó, antes de un año. La realidad que se ha encontrado el Gobierno local que forman Los Verdes, el PSPV y el Centro Liberal Renovador-Claro no da más que para gestionar todas las cuestiones heredadas del PP, así que “nuestro trabajo ahora mismo se basa en afrontar facturas y deudas”, remarcó la portavoz municipal.

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A pesar de la grave situación de las finanzas locales, el Gobierno popular anterior a las elecciones municipales, que gobernaba con mayoría absoluta, aprobó un presupuesto de 69,4 millones de euros, un millón más que el año anterior pese a la crisis, que fue calificado como “austero, realista y muy comprometido con la situación actual”. El anterior edil de Hacienda, Antonio Lidón, solo reconoció como deuda los 52,5 millones que tenían prestados por los bancos y teniendo en cuenta únicamente esa cantidad cifró el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento en el 70%.

La mayoría de la recaudación de Orihuela proviene de tasas e impuestos. La caída de los ingresos por el desplome de la actividad urbanística fue compensada en parte en 2010 con la recaudación de tres millones de euros provenientes del cobro de sanciones urbanísticas. En el término de Orihuela hay 8.000 viviendas ilegales repartidas por su término.