Lo que etan haciendo con Garzon es de libro de historia. Tres casos de prevaricación son los que incriminan al ex juez de la Audiencia Nacional y que constituyen las tres balas, con las que un extraño y siniestro sindicato, una arcaica formación fascista, un partido político investigado por corrupción y unos magistrados serviles, han cargado el revolver que ha de ajusticiarlo por haberse atrevido a investigar la trama de corrupción del caso Gürtel. De de estos tres procedimientos, el que me parece mas incomprensible y esperpéntico es el del caso del patrocinio del Santander en unos cursos ofrecidos por aquél en una universidad de Nueva York. En este sentido me preguntaba si cabe sostenerse, sin atentar a la inteligencia, que sea considerada indiciaria de prevaricación una decisión judicial -archivo de una causa contra el banco Santander- que ha sido tomada en concurso con el criterio de la Fiscalía y que, posteriormente, fue convalidada por las distintas instancias judiciales que la examinaron, incluido el propio Tribunal Supremo que ahora le acusa de actuar ilegalmente a sabiendas de que lo hacía. ¡Absolutamente surrealista! Pues en estas estaba, cuando una de las noticias de última actualidad que me reservaba Internet era la de que el instructor de este caso, Manuel Marchena, ha ordenado hoy mismo a las entidades BSCH, BBVA, Telefónica, Endesa y Cepsa que identifiquen “todos los procesos penales incoados, archivados, en trámite o en los que hubiera sido dictada cualquier resolución” por parte de Garzón “contra el presidente, consejeros delegados o cualesquiera otros miembros” de sus Consejos de Administración entre 2004 y 2007. En el pasado mes de septiembre, este mimo magistrado del Supremo ordenó a la Guardia Civil que investigase las cuentas corrientes, los depósitos bancarios, las declaraciones tributarias y las participaciones que pudiera tener el juez en sociedades civiles o mercantiles desde el 1 de marzo de 2005 a 30 de julio de 2006. Con anterioridad, todas las entidades que patrocinaron parte de los cursos y cuyos directivos han comparecido en el Supremo ante el juez instructor -BBVA, Santander, Endesa, Telefónica y Cepsa- han reconocido los patrocinios y han negado tajantemente que hubieran pagado parte del salario de Garzón. En todo caso, fuentes de la fiscalía recordaron al magistrado que el caso se inició por posible prevaricación y cohecho, debido a que Garzón había rechazado una querella contra Emilio Botín y otros directivos del Santander y que su decisión fue confirmada por la Sala Penal de la Audiencia Nacional. No quiero pronunciarme con excesiva claridad y rotundidad porque el sindicato (?) Manos Limpias y la organización política (?) Falange Española y de las JONS están muy pendientes de las declaraciones de unos y de otros para ponerlos en conocimiento del Tribunal Supremo por si pudiesen incurrir en calumnias o injurias -que se lo pregunten a Jimémez Villarejo-, pero el desmedido celo de este magistrado instructor ¿no parece más bien que quepa interpretarse como la apertura de una causa general contra Garzón, aun a costa de violentar sus derechos fundamentales, con el objetivo de que aparezca cualquier atisbo de irregularidad para disparar a quemarropa una de las tres balas de la recámara del metafórico revolver cargado en el alto tribunal? A mí, sinceramente, me lo parece. |