Ibros - Jaen

Los casos de corrupción del PP. La corrupción que el Partido Popular quiere ocultar atacando a jueces, gobierno, fiscalía, y policía
a

COMUNIDAD VALENCIANA:
ALICANTE
Alicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para “calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público”.
Resultado elecciones municipales: PP 44% 15 concejales, PSOE 41% 14 concejales, IU 4% 0 concejales
Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela,el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
Resultado elecciones municipales: PP 44% 14 concejales, PSOE 22% 7 concejales, LOS VERDES 9% 3 concejales
Torrevieja: El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.
Resultado elecciones municipales: PP 53% 14 concejales, PSOE 41% 14 concejales, IU 4% 0 concejales
Dolores: el alcalde de esta localidad, Gabriel Gascón Abadía (PP), está bajo sospecha. Se investiga la inscripción de unas viviendas a nombre de su madre por parte de una promotora.
EN VALENCIA:
Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como ‘Manhattan de Cullera’ cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.
Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.
Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.
-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar
-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.
EN CASTELLÓN:

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, presentó cinco declaraciones de la Renta negativas, entre 2000 y 2004, que le supusieron una devolución de 14.482 euros entre 2000 y 2004, que le supusieron una devolución de 14.482 euros por parte de las arcas públicas.
En el mismo periodo, el presidente provincial del PP ingresó 714.565 euros en diversos conceptos.
Tiene 94 cuentas bancarias conocidas. En 1999, ingresó en ellas 600.000 euros de procedencia desconocida.
Ese mismo año, su patrimonio estaba valorado en 150.000 euros. Cinco años después, se había cuadruplicado hasta los 646.440 euros.Así lo revela la información aportada por los peritos de la Agencia Tributaria al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules, que sigue una causa contra Fabra por supuestos delitos contra la Administración pública.
En concreto, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal.TRAS CAMBIAR DE JUEZ OCHO VECES, NINGUNO QUIERE OCUPARSE DEL “CASO FABRA” Ningún juez quiere ir al juzgado de Nules que investiga el caso Fabra. El Consejo General del Poder Judicial ha confirmado que la plaza de Nules ha quedado desierta por falta de peticionarios, y que el caso Fabra carecerá de juez titular hasta el próximo mes de julio. Un juez novato, recién salido de la carrera judicial, se hará cargo entonces del caso.
CASTILLA LEÓN
ÁVILA:
Navas del Marqués: El proyecto para el complejo ‘Ciudad de Golf’ (1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en 210 hectáreas) en una zona protegida ha puesto en el punto de mira al Ayuntamiento (PP) y a la propia Junta (PP). El TSJ anuló las normas subsidiarias que calificaban estos terrenos como «suelo urbanizable delimitado» y los trabajos han sido paralizados cautelarmente por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.

Villanueva de Gómez
Se ha aprobado el proyecto para levantar 7.500 viviendas y tres campos de golf en una zona de pinares especialmente protegida, aunque la Confederación Hidrográfica del Duero no garantiza el abastecimiento de agua.

Guisando
El alcalde, José Luis Blázquez Jara (PP), ha sido denunciado por un proyecto urbanístico en el Parque Nacional de Gredos.

Cebreros
Presuntas irregularidades en la recalificación de unos terrenos adjudicados al promotor Enrique Ventero— relacionado con la ‘operación Malaya’— para la construcción de alrededor de 3.000 viviendas y un campo de golf.

Piedralaves
En este enclave que ya ha sufrido problemas de abastecimiento de agua, se proyecta la construcción del mayor complejo de turismo rural de Europa, campo del golf incluido.

BURGOS:
Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido “clasificado como suelo rústico de protección natural” según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.


LEÓN:
El secretario general de la Delegación de la Junta en León, Javier Lasarte, presento su dimisión después de que se diera a conocer que una de las dos empresas que administra dos sociedades limitadas, una de las cuales promueve once plantas solares en Valladolid y León, lo que supone una inversión de seis millones de euros.
VALLADOLID:
Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.
Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).

SALAMANCA
En el punto de mira está la operación de recalificación de suelo que pertenece al secretario general del PP en Castilla y León y consejero de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
Las Peñiscas es ahora una zona de 32 hectáreas de labor agrícola con varios dueños. Entre las parcelas se encuentra la finca 19.320, con más de tres hectáreas, que fue adquirida por José Martín en 1956 y cedida en donación en julio del 2005 a sus tres hijos, entre ellos la mujer del consejero de la Junta. La calificación como suelo rústico de entorno urbano se mantuvo para este solar en la tramitación inicial del nuevo Plan General aprobado por consenso entre PP y PSOE en diciembre del 2004. Esta protección incluye la prohibición de construir viviendas. Sin embargo, ante una alegación de la propiedad colectiva del terreno, el grupo Popular del Ayuntamiento de Salamanca incluyó su recalificación a suelo urbanizable no delimitado. Este cambio pasa a dotar al terreno de una edificabilidad suficiente para construir 73 viviendas de 100 metros cuadrados cada una. Ello a pesar de que la opinión de los redactores del nuevo Plan General fue, según la memoria del documento, mantener en el año 2004 para esta zona la protección de suelo rústico.
ISLAS CANARIAS
Telde:El presidente del PP en el municipio grancanario de Telde, José Luis Sánchez González, fue detenido por su presunta relación con el caso Faycán .Sánchez, que fue nombrado en sustitución de María del Carmen Castellano, ex concejala del Ayuntamiento y arrestada también por su presunta implicación en este caso, es el vigésimo sexto imputado en la trama, en la que también están implicados al menos diez militantes del PP, ocho de ellos ediles. la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.
La investigación del caso Faycán se inició en julio de 2005, cuando un empresario denunció las extorsiones sufridas para pagar comisiones al contratar con dicho Ayuntamiento grancanario. El Juzgado número 3 de Telde, la Fiscalía Anticorrupción y la Brigada Provincial de Información de la Policía mantuvieron bajo un estricto control a los presuntos implicados en esta trama político-empresarial para acreditar el trasiego de comisiones.Los pinchazos telefónicos a lo largo de siete meses (en marzo de 2006 se produjo la primera redada) revelaron cómo Enrique Orts (el interventor municipal casado con la presunta jefa de la trama, la edil de Obras, Toñi Torres) detallaba todos sus pagos por adjudicaciones de contratos al recaudador de las comisiones, Francisco Gordillo, para que éste pasase a cobrarlas a las empresas extorsionadas. Gordillo sugería a Orts que acelerase o dilatase los abonos municipales a los contratistas según convenía a su presión recaudatoria.

Caso Parques Eólicos: Entre los arrestados figuran el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, del PP, supuesto autor de la filtración de información privilegiada, dos funcionarios, tres empresarios, madrileños y canarios, y el directivo de un banco.La policía detuvo en 2006 en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid a siete personas en relación con la supuesta trama vinculada con la Consejería de Industria del Gobierno canario en 2004, entonces dirigida por el consejero Luis Soria (PP), para amañar un concurso de parques eólicos.
La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.
Mogán: al alcalde Francisco González, fue detenido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). También la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno García, dos empleados en activo y un funcionario jubilado.
Prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias son algunos de los delitos que se imputan a esos cinco detenidos, según un comunicado del TSJC
Fuerteventura: El presidente del PP en la isla, Domingo González Arroyo (PP), es investigado por presuntas irregularidades en la concesión de licencias urbanísticas. El consejero de Medio Ambiente, Lázaro Cabrera, también está bajo sospecha por prevaricación. González está relacionado con un presunto intento de soborno.
Firgas: Iimputado por un delito de prevaricación urbanística y otro de daños contra el patrimonio histórico al actual alcalde de Firgas, José Ramón Henríquez Hernández (se presentó a las últimas elecciónes por CNN pero hasta entonces perteneció al PP), a su antecesor Sebastián Arencibia Mejías (PP) y a otras siete personas.Los miembros y ex miembros de la corporación imputados son, además del actual alcalde Henríquez y su antecesor Arencibia, los ex concejales Laura García Cerpa, Asunción Nuez Arencibia y Amparo Santana Gil; el anterior secretario de la corporación Humberto Cruz Marrero y el arquitecto del Ayuntamiento Javier Cabrera Caravallo.
MADRID
Valdemoro: El ex alcalde de esta ciudad, secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, Francisco Granados y el actual regidor de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, vendieron sus contiguos chalés de Marbella a una inmobiliaria de esta población madrileña. Ambos dirigentes del PP habían adelantado 33.000 euros por una vivienda que valía 200.000 y decidieron siubrogarse en el constructor David Marjaliza, según informó El País.
Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.
MADRID: Caso Guateque. Los funcionarios imputados aceleraban la licencia de apertura de locales a cambio de una comisión, logrando acortar los trámites de forma espectacular. La trama llevaba operando desde que Manzano (PP) ocupaba la alcaldía.El concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna que inició la campaña para pedir “primarias en el partido” fue imputado meses después.
Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.
Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.
Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.
Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés – aparecidas en el diario El País – desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.
Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al ‘tránsfuga’ Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.
ISLAS BALEARES
Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un “entramado societario” para “disfrazar” la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.

Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

Campos (Mallorca) :Se investigan las licencias concedidas por el Ayuntamiento para levantar 67 apartamentos en Ses Covetes, en una zona protegida frente a la playa de Es Trenc. El tema fue denunciado por el Grupo Balear de Ornitología en 1994.Ses Salines (Mallorca)
Se investiga el intento de legalizar una vivienda privada a partir de una declaración de interés general para un supuesto centro social de la Asociación de Caballistas local. La causa, en la que está imputado el ex alcalde Sebastiá Vidal (PP) —que dimitió—, está pendiente de juicio.
Ciutadella (Menorca) :
Dos concejales (PP y PM) están imputados por presuntas irregularidades en una permuta de terrenos.
Sant Antoni de Portmany (Ibiza) :
‘Caso Cretu’. En 1999, un grupo ecologista denunció al entonces alcalde, Antoni Marí Tur (PP), por la concesión de una licencia municipal para que el productor musical Michel Cretu pudiera construir su mansión en la cima de una colina en Santa Inés. La licencia fue declarada ilegal y el TSJ de Baleares (TSJIB) confirmó en noviembre de 2005 que la casa debía ser derribada. El Ayuntamiento presentó un recurso.
Sant Josep (Ibiza):
El alcalde, José Serra (PP), está denunciado por el Grupo de Estudios de la Naturaleza por prevaricación por la concesión de una licencia de obras en un terreno no urbanizable.
Santa Eulària (Ibiza):
El primer edil, Vicente Guasch (PP), está denunciado por IU —el caso está pendiente de juicio— por autorizar la construcción de la urbanización de Ses Torres de Talamanca en suelo rústico.
CASO RODRIGO DE SANTOS DE DÍA, LA PEPERA DE NOCHE :
“Representamos una ideología y compartimos muchos de los valores ideológicos cristianos”, con estas palabras el ex teniente de alcalde de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Palma durante la pasada legislatura, Rodrigo de Santos, casado, y con varios hijos,cedía de forma gratuita al Obispado seis solares con un valor de mercado de más de cuatro millones de euros en Diciembre de 2005. Pocos dias después se gastó presuntamente 1.450 euros del erario público en “asuntos carnales”.