Ontiñena - Huesca

ARAGON DIGITAL

Cartas al Director. 9 Julio 2009

Álvaro Abadías Raluy

Llegó a mis manos hace algunos días el periódico “La Crónica de Barbastro y el Somontano” del mes de junio, y en portada el titular “Foro de la Nueva Economía”. Al pasar la primera hoja me encuentro otro titular (bajo una foto de los invitados a ese foro): “’Soy el consejero de Gran Scala’, Arturo Aliaga protagonizó uno de los encuentros del Foro de la Nueva Economía”.

Pensé: este tipo ha debido de comprar un gran paquete accionarial de la empresa ILD y le habrán nombrado consejero delegado, de ahí tanto interés en instalar el macroproyecto lúdico en Ontiñena. Hasta aquí todo más o menos correcto, pero mi sorpresa es mayúscula cuando en la siguiente página leo (cito textualmente): “en el turno de preguntas, uno de los temas estrella fue el proyecto de Gran Scala. Ya en la presentación, ante cantidad de competencias de su departamento, Aliaga se presentó como ‘el consejero de Gran Scala’ y recordó que Aragón tiene el diez por ciento del territorio del conjunto de España y sólo el tres por ciento de población: ‘¿para qué queremos miles de hectáreas ubicadas entre autovías y plataformas logísticas?, ¿sólo para criar cerdos que nos dejan el purín en tierras desérticas? Creo que merece la pena intentar otra alternativa’”.

Sí, señor Aliaga, sí, merece la pena apostar por otras alternativas pero no con casinos, parques temáticos, vicio, drogas, prostitución… Merece la pena que los vecinos de Ontiñena y Los Monegros empiecen por tener las mínimas y básicas infraestructuras, carreteras, centros de salud que no obliguen a desplazarse a Barbastro o Lleida continuamente, mejores servicios sociales, regadíos más modernizados… por citar algunos ejemplos. Y en lo referente a las granjas de cerdos y purines, sólo decirle que hoy por hoy son muchas las familias cuya principal fuente de ingresos proviene del sector primario, concretamente del sector porcino, y que estos purines sustituyen en nuestras tierras desérticas al abono complejo intocable por sus altos precios.

¿Ha hablado el señor Aliaga con su colega de agricultura Gonzalo Arguilé?, ¿qué explicación le ha dado a sus declaraciones?

Y yo me pregunto: ¿Para qué queremos unos consejeros que se dedican a “vender humo” y no a solucionar los problemas de nuestro país? ¿Sólo para ir a inauguraciones de empresas que una vez han cobrado la subvención se plantean hacer un ERE y dejar a los trabajadores desamparados?

Espero que en la próxima inauguración de una planta de cogeneración con purines a la hora del ágape le sirvan en una ruleta unas fichas de bacará y unos naipes como manjar, quizás entonces se acuerde del pernil, del chorizo, la longaniza y hasta de los purines.

Mariano

seras pelele!!!!!!

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón también plantearon dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permite la instalación de Gran Scala en la Comunidad, al igual que los letrados de las Cortes, que en un dictamen posterior se pronunciaron en el mismo sentido. Precisamente, el Ejecutivo y, sobre todo el PAR -principal impulsor de la norma-, siempre han defendido que el texto contaba con todos los informes favorables. La ley ya está aprobada en las Cortes.



El dictamen, que tiene carácter preceptivo pero no vinculante, advierte en varias ocasiones de que la norma puede afectar al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución (lo cita hasta cuatro veces en las 22 páginas del informe).



En una de las ocasiones, incluso asegura que "hay una indefinición del marco jurídico a aplicar en esta materia (el juego) que quiebra el principio de seguridad jurídica", en referencia a que la ley solo establece que las normas atenderán a los principios y reglas de los juegos en ámbitos internacionales de configuración similar a los centros de ocio de alta capacidad. Pero no especifica qué centros ni qué reglas.



Es en este asunto en el que más contundentemente se manifiestan los servicios autonómicos. Pero también plantean "riesgos jurídicos" que podrían afectar al mismo artículo de la Constitución por "la falta de coherencia y conexión con el ordenamiento jurídico actualmente vigente en materias como turismo, ordenación territorial, urbanismo y juego". Además, señala que en algunos preceptos es "contradictoria" con la ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.



En relación con la regulación del juego, los jurídicos argumentan que la doble normativa puede afectar también "a la regulación de derechos estatutariamente reconocidos", como la protección de la salud de los consumidores o la protección de la infancia.

Además, argumenta que esta ley se desvincula del ordenamiento jurídico existente sin que pueda considerarse como una ley singular o de caso único, una figura incluida en la Constitución.



Más allá de las dudas constitucionales, los jurídicos cuestionan la discrecionalidad de la autorización que otorga la DGA a los promotores. Señala que debería reglarse sobre "la lógica del principio de libertad de empresa y la propia apelación a la 'generalidad' de la ley". En caso de mantenerse, recalca que se reconocerían "derechos especiales o exclusivos".



El informe también plantea "dificultades jurídicas" en la figura del consorcio. Explica que no cuenta con "la necesaria cobertura de una ley específica" y que resulta "cuestionable jurídicamente la atribución a estos consorcios no de meras funciones de coordinación sino funciones propias de las Administraciones Públicas Territoriales como el otorgamiento de licencias urbanísticas".

"Obstáculos jurídicos"

Respecto a la posibilidad que se atribuye la DGA de expropiar una vez que los promotores obtengan el 90% de los suelos, el dictamen señala que plantea "obstáculos jurídicos" y, además, advierte de que los principios de publicidad y concurrencia se "encuentran ausentes" en la ejecución y gestión de ordenación del proyecto.



También asegura que las exigencias que deben incluirse en la memoria justificativa (la justificación de la necesidad de la ley, su inserción en el ordenamiento jurídico y una valoración de los efectos) no se cumplen, ni está completa la memoria económica. Y recalca que para lograr "mayor garantía legal" debería haber un informe de la Comisión Jurídica Asesora.

https://ww.heraldo.es/noticias/aragon/el_informe_dga_tambien_dudo_constitucionalidad_ley_gran_scala.html

¿Por que no la central de energia solar mas grande del mundo en Monegros,y ser conocidos por ello?.
O es mejor drogas y prostitucion y luego ser un hipocrita fundamentalista catolico y hablar de lo mal que estan las familias y la juventud?.
Al alcalde y votantes de la derecha en Ontiñena.