Ontiñena - Huesca

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PORQUE NO REDACTAS LA INFORMACION ENTERA MARIANICO, PERO QUE POBRE HOMBRE ERES, NO TE DECIMOS NADA PORQUE PARA QUE PARA CUATRO DIAS QUE TE QUEDAN...

l Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que regulará las instalaciones de gran impacto turístico, como el macroproyecto de ocio y juego Gran Scala, con rígidas garantías legales y la presentación de avales por parte de los promotores por valor de seis millones de euros.

El vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, y el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, han presentado el contenido del proyecto de ley, que han asegurado que establece un "novedoso sistema de garantías medioambientales, urbanísticas y de viabilidad del proyecto".

En la ley se establecen las dimensiones mínimas, de mil hectáreas, que deben de tener este tipo de instalaciones para acogerse a esta nueva ley, así como la obligatoriedad de que se creen como mínimo 3.000 puestos de trabajo directos y oferte al menos 8.000 plazas hoteleras.

Debido a la singularidad de estos complejos en los que coexisten usos hoteleros, lúdicos, deportivos y culturales, se establece un régimen singular de planeamiento territorial y toda la información urbanística, medioambiental y de infraestructuras tendrá el nivel de detalle de un PGOU.

En treinta años, ha dicho el vicepresidente, ningún proyecto en Aragón ha tenido tantas garantías legales, medioambientales, urbanísticas e incluso de viabilidad económica como el que tendrá el que quiera desarrollarse al amparo de esta ley que, ha insistido, regula una materia que, de momento, "no tiene nombre ni apellidos".

En este sentido, y sin referirse al macrocomplejo Gran Scala que planea construir el consorcio Internacional Leissure Development (ILD) en Ontiñena (Huesca), Biel ha precisado que, una vez que las Cortes aprueben la ley y se publique en el BOA, podrá presentarse "una solicitud de una empresa, o no, o más de una".

La ley regula, ha recalcado, una "posible" iniciativa privada pero prevé también un consorcio para el control público de los proyectos, con participación de todos los departamentos gubernamentales implicados, los ayuntamientos y comarcas afectadas.

Este consorcio velará por la ejecución de las obras e incorporará a su patrimonio el diez por ciento del producto del coeficiente de edificabilidad o equivalente económico del suelo, que los promotores, únicos propietarios del terreno, están obligados a ceder.

"Pocos proyectos tienen una expresión tan garantizadora", ha apuntado Biel.

En este sentido, Aliaga se ha referido a los trámites administrativos fijados para que una solicitud sea finalmente declarada como Centro de Ocio de Alta Capacidad (COAC) por el Consejo de Gobierno, y que incluye un capital social de los gestores de diez millones de euros, un estudio económico-financiero de viabilidad, una programación temporal y un análisis de incidencia ambiental.

Para "empezar a mover papeles", ha dicho Aliaga, los promotores de un COAC deberán presentar un depósito de garantía de tres millones de euros a favor del Gobierno de Aragón, que será sustituido por otro de seis millones cuando se constituya la sociedad gestora del proyecto, una vez aprobada la solicitud de crear un COAC.

Se incluye también un régimen jurídico singular de los juegos de azar y apuestas, de juegos permitidos y de publicidad de los mismos, con especial incidencia en la protección de los menores de edad.

Y también un régimen sancionador en el que se tipifican las faltas en muy graves, graves y leves, con multas desde 600.000 a 3.000 euros, y que en último extremo pueden acarrear la pérdida de los derechos adquiridos para gestionar el complejo.

Atendiendo a la especial consideración de centro turístico, la norma establece libertad de horarios comerciales, siempre en función de un futuro Plan de Comercio.

Biel ha rehusado precisar por cuánto tiempo podría prolongarse el trámite administrativo desde que una sociedad promotora presente su solicitud para ejecutar un COAC, pero ha asegurado que éste será "largo".

Ahora, el proyecto de ley se enviará al Parlamento, donde el vicepresidente espera lograr el máximo consenso posible con los grupos políticos de la cámara para aprobar esta ley, "sin duda", antes de que acabe este periodo de sesiones, a finales de junio.

Bajo esta ley se llevaría a cabo el macroproyecto Gran Scala, en el que sus promotores preven construir, en unas 3.000 hectáreas del municipio de Ontiñena (Huesca), setenta de hoteles, más de treinta casinos, varios parques temáticos y otros centros de ocio, que supondrían unas inversiones de 17.000 millones de euros.

El europarlamentario de IU, Willy Meyer, anunció hoy su compromiso de trasladar al Parlamento Europeo el proyecto de ley de Gran Scala al considerar que se trata de un "tremendo error del Gobierno de Aragón que insiste en un modelo fracasado especulativo y no productivo".

El Ejecutivo aragonés aprobó hoy en Consejo de Gobierno, el proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que deberá aprobarse en las Cortes de Aragón en el actual periodo de sesiones, antes del próximo mes de julio, y que permitirá a los promotores de International Leisure Development (ILD) iniciar las actuaciones para abrir el complejo de ocio y juegos de azar Gran Scala.

En concreto, trasladarán el debate de este proyecto de ley en la Comisión de Peticiones del Parlamento de Estrasburgo además de "aportar pruebas para que se rectifique esta política económica equivocada y de desarrollo no sostenible".

En rueda de prensa, Meyer recordó que el informe Auken del Parlamento Europeo se aprobó con los votos favorables de los populares y socialistas para añadir que el portavoz del grupo socialista europea, de nacionalidad británica "dijo que no seguiría las instrucción del Partido Socialista de España".

El informe Auken, aprobado el pasado 26 de marzo, "es una alerta a España sobre la política urbanística especulativa" y anunció que desde su grupo parlamentario "seguiremos planteando y batallando por un cambio en estas políticas".

Además, quiso destacar la "receptividad de los eurodiputados de otros países hacia este asunto porque España tiene mucho turismo y molesta ver un litoral hormigonado".


"OTRA GRAN MENTIRA DE BIEL"

El coordinador general de IU-Aragón, Adolfo Barrena, criticó que el Gobierno de Aragón aprobara una ley "a la carta que querían los aventureros de ILD y la DGA se pone a la altura de un gobierno bananero cuando regala a unos especuladores un proyecto de ley como ellos querían".

Este uno de los cuatro aspectos "reprobables" que detectó de una primera lectura del proyecto de ley de Gran Scala para lamentar que el texto prevé la constitución de un consorcio de todas las administraciones públicas implicadas (Gobierno de Aragón, Ayuntamientos y Comarcas), cuyos miembros "asumirán las competencias propias de las administraciones" para apuntar que "sería la primera vez que un gobierno delega sus competencias en un consorcio y cree que los ayuntamientos también lo harán".

Otro elemento que criticó es la financiación que se realizará mediante aportaciones de las administraciones consorciadas en función de los ingresos obtenidos tras la implantación del centro de ocio y que calificó de "otra gran mentira de Biel".

Barrena también aludió a la génesis del proyecto de ley que "rompe los esquemas del comportamiento democrático" al explicar que en estos momento el proyecto Gran Scala es "ilegal y para hacerlo legal la DGA se inventa una ley que quiere imponer con su mayoría absoluta y eso rompe las reglas del juego".

Su impresión es que "es una ley a la carta" y se preguntó "qué ha hecho Biel en 30 años para no dotar de protección jurídica mediante una ley a ningún otro proyecto".

Los promotores de centros de ocio de alta capacidad --denominación aplicable al proyecto de ocio y juego de Gran Scala-- deberán tener su domicilio fiscal en Aragón, como forma de garantizar que su entramado societario puede controlarse. Así lo prevé el proyecto de ley que aprobará hoy el Consejo de Gobierno y que, como ya se conoce, exigirá además a los impulsores del macroproyecto un aval de tres millones de euros y un capital social de diez, además de la creación de varios miles de empleos y plazas hoteleras.

El Ejecutivo autónomo dará hoy el visto bueno al proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, un texto que el vicepresidente del Gobierno, José Ángel Biel, no quiere que se considere una ley para Gran Scala pero que, de hecho, es el marco legal sin el que ILD (International Leasure Development) no puede construir su macrocomplejo en los Monegros.

Hasta el momento han trascendido ciertos detalles sobre las condiciones que impondrá este texto a quienes quieran desarrollar un gran proyecto de ocio y juego en Aragón: deberán ser solventes (con un capital social mínimo de diez millones de euros); deberán dejar constancia de que su interés es real (depositando un aval de tres millones de euros cuando inicien la tramitación de su proyecto), y deberán dejar claro que su apuesta es seria (con la creación de un mínimo de 3.000 empleos y 8.000 plazas hoteleras).

Pero, además, según fuentes oficiales, este texto exigirá igualmente que los promotores de estos centros de ocio tengan domicilio fiscal en Aragón, una medida que pretende ser "garantista" y permitir el máximo control público sobre quienes pretendan llevar adelante un complejo como Gran Scala. Hoy se dará el primer paso. El texto se enviará a las Cortes. Biel no ha ocultado su interés en que el proyecto se apruebe con la mayor rapidez posible