Ontiñena - Huesca

El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones un informe que amenaza con congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.


El informe contaba con la oposición de socialistas y populares españoles, que no lograron convencer al resto de eurodiputados de sus respectivos partidos de otras nacionalidades de que votaran en contra.

Se trata de la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura. La primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria. Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

Socialistas y populares españoles habían presentado resoluciones alternativas para suavizar el contenido del informe, pero ambas fueron rechazadas. La del PP fue descartada por 393 votos en contra y solo 126 a favor. La del PSOE contaba a priori con el respaldo de todos los socialistas europeos. Pero justo antes de la votación, el laborista británico Michael Cashman anunció que retiraba su nombre del texto del PSOE y pidió que se votara el informe Auken sin cambios. La alternativa socialista fue derrotada por 436 votos en contra y sólo 72 a favor.

El PSOE y el PP se culparon mutuamente de la aprobación del informe Auken. Los eurodiputados socialistas españoles, que se abstuvieron en la votación final del texto, aseguraron que el responsable de esta condena es el Gobierno de la Comunidad Valenciana, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.

'En lo que respecta a la Comunidad Valenciana, si se hubiese cumplido la ley desde un principio, se habría evitado llegar a una situación como la actual', afirmaron los socialistas en un comunicado.

El PP español voto en contra del informe que condena el urbanismo en España y lo calificó de 'aberración legal' porque 'tacha a España de república bananera, la califica como un país en el que no se respeta el derecho de propiedad, en el que no existen tribunales a los que recurrir en caso de daños o cuando alguno se pronuncia no se aplican las sentencias'.

'Esa es la imagen de España que los socialistas llevan transmitiendo a Europa durante los últimos cinco años, cuando iniciaron la campaña para derribar al Gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, bajo la premisa del 'todo vale', incluido el desprestigio exterior de España', dijo el eurodiputado popular José Manuel García-Margallo, en un comunicado. García-Margallo también criticó que el Gobierno español tampoco 'diera la cara' ante la comisión de Peticiones, que fue donde se elaboró el informe.

El eurodiputado verde David Hammerstein destacó que 'de nada ha servido los intentos desesperados sin argumentos del PP y del PSOE de evitar el reconocimiento político europeo de lo obvio: el modelo español de urbanismo choca con la legislación europea y vulnera los derechos de las personas y del medio ambiente'.

'Ya no valen defensas patrioteras; ahora toca hacer cambios legales y tomar medidas visibles para mostrar a los europeos que el Estado español y los gobiernos autonómicos toman en serio las críticas recibidas a lo largo de los últimos 5 años. Para recuperarse de esta mala imagen y palpable realidad, urge la acción, no palabras defensivas', afirmó en un comunicado.

En el mismo sentido se expresó el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, que subrayó que 'la aprobación del informe ha sido un varapalo a la política especulativa del PP y el PSOE'. 'El informe reconoce que España ha desarrollado un modelo de crecimiento económico devastador, tanto para el medioambiente como para la propia economía española', insistió.

El informe Auken denuncia que 'todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas'.

Resalta que 'las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones'. Y denuncia 'la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción'.

Los eurodiputados expresan en particular su 'preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria'.

La resolución indica que la falta de 'claridad, precisión y seguridad jurídica' en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la 'laxitud' en los procedimientos judiciales, 'ha generado una forma de corrupción endémica'.

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas 'no están debidamente preparadas' para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que 'las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos'.

'Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española', prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara 'pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador'.

Se insta a revisar 'urgentemente' y a modificar la Ley de Costas 'a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero'.

Los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para 'agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor'.

El Parlamento recuerda que la Comisión está facultada a 'interrumpir la provisión de fondos estructurales' o suspenderlos a un Estado miembro o una región que vulnere la normativa comunitaria. También resalta que la propia Eurocámara, en tanto que autoridad presupuestaria, puede 'colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y los principios que está obligado a respetar'.


Si quereis el texto íntegro del informe aprobado podeis ir al siguinte enlace:
https://ww.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0082+0+DOC+XML+V0//ES

Ya sabeis... copiar y pegar.

Mariano

Muchas enmiendas están redactadas antes de la crisis o las presuntas corruptelas.Varios diputados dicen que habrá norma antes del verano, otros lo dudan.

05/04/2009 A. I. I.

La crisis económica. El presunto caso de corrupción urbanística en La Muela. El informe Auken que califica a las administraciones españolas como una auténtica "república bananera" por su relación con el suelo. Tres parámetros que no estaban previstos en la redacción del proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón que se empieza a debatir en ponencia esta semana y que desde hace poco tiempo están condicionando la política aragonesa. Estas tres circunstancias hace que el debate de las enmiendas sea tan laborioso y complejo que algunos diputados piensan que habrá dificultades para que la ley se apruebe antes de que acabe este periodo de sesiones, es decir, antes del verano. Algunos van más allá y temen que pueda agotarse incluso la legislatura, en el 2011.

Pero su ponente, el socialista Ricardo Berdié, es tajante: "Habrá ley antes del verano. Y será una buena ley. Las coyunturas no pueden condicionar las iniciativas legislativas, pero este texto tiene en cuenta muchas cosas. Esta ley protege e impulsa la autonomía municipal y determina que la comunidad autónoma puede decidir en equipamientos públicos, vivienda protegida y proyectos de carácter de interés general, siempre con el conocimiento del municipio y sin menoscabo de su autonomía local".

CONSIGNA Berdié dio la consigna al resto de ponentes (Eloy Suárez por el PP, Miguel Ferrer por el PAR, Bizén Fuster por CHA y Adolfo Barrena por IU): trabajar, trabajar y trabajar. Hasta el extremo de que pretende impulsar reuniones incluso tres o cuatro veces por semana. Los ponentes coinciden en la necesidad de trabajar y aseguran que ellos se apuntan al carro. "Por trabajo no será, es difícil ganarme", señala el popular Suárez, convencido de que habrá ley.

Eso sí, pone en duda su oportunidad. "Tal y como está planteada, haciendo del Gobierno de Aragón amo y señor de los municipios, es una barbaridad. El Gobierno de Aragón podía haber modificado la ley actual por consenso y no habría habido problemas. Pero a este gobierno le interesa por la supramunicipalidad, y no hacía falta una ley nueva. Esta ley, tal y como está planteada, es una barbaridad".

Tanto CHA como IU están a la expectativa. Con pocas esperanzas de que sus enmiendas de calado sean aceptadas --en eso coinciden con el PP-- sus ponentes Bizén Fuster y Adolfo Barrena respectivamente, quieren aportar sus propuestas para mejorar una ley que consideran muy mejorable. Barrena constata ciertas tensiones entre el PAR y el PSOE (el primero coordina otra ley importante y complementaria a la de Urbanismo, la de Ordenación del Territorio), que tal vez podrían influir negativamente en la aprobación de la ley. Y cree imprescindible que haya una ley de Urbanismo pronto. Eso sí, muestra sus temores: "Me parece que lo que más le interesa a este Gobierno es tener la herramienta de la supramunicipalidad para desarrollar ciertos planes como Gran Scala".

Fuster confía en que no haya una especie de pacto "para adormecer la ponencia". Confía en que el ritmo de los trabajos podría llegar a buen puerto. Y recuerda que su partido ya pidió la devolución de la ley porque las 533 enmiendas presentadas se redactaron en un momento en el que los problemas del urbanismo eran otros: "Hace un año el principal problema era la carestía del suelo. Ahora el contexto sociopolítico es otro. Hay alarma social por posibles casos de corrupción y casi nadie puede comprar una vivienda por la crisis. Además, no se puede olvidar el informe Auken. Las enmiendas deben reelaborarse en un número elevadísimo".