Zalamea la Real - Huelva

Los políticos cada vez se alejan más de los ciudadanos y sus problemas. El tema de la inmigración no es único, pero sí en muchos casos sangrante. Mientras los partidos políticos han dado el derecho de voto a cientos de miles de inmigrantes, que ahora deciden cómo debe ser nuestra forma de vida en pueblos y ciudades, se lo niegan a los españoles que viven en el extranjero que solo podrán votar al Senado. No es broma.

El PSOE y el PP negocian un pacto para que los emigrantes que forman parte del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) sólo puedan votar en las elecciones para el Senado . El acuerdo, que está muy avanzado en la subcomisión parlamentaria sobre la reforma de la Ley Electoral, supondría que 1,3 millones de emigrantes españoles residentes en todo el mundo dejasen de votar en elecciones municipales, autonómicas y para el Congreso de los Diputados.

La fórmula pactada, que está ya casi cerrada, pasa por crear una circunscripción específica en el Senado para estos votantes. Es decir, que habría senadores electos por cada provincia, más los correspondientes a una circunscripción exterior, más los designados por las comunidades. El proceso electoral se llevaría a cabo mediante votación presencial en los consulados para evitar fraudes. Los emigrantes votarían en urna en los días previos a la jornada electoral, y las papeletas serían remitidas después a España por valija diplomática.

La situación será aún más significativa en sucesivos procesos electorales cuando se aplique la Ley de Memoria Histórica, que prevé que puedan recibir la nacionalidad española los nietos de españoles. En este momento el número de solicitudes para lograr el pasaporte rondan las 300.000, según los datos manejados por los partidos.

¿DEMOCRACIA? SOLO PARA UNOS POCOS

Otra de las medidas que incluiría el acuerdo consiste en endurecer los requisitos exigibles para presentar candidaturas. En este momento es reconocido que hay candidaturas que se presentan casi con el único fin de disfrutar de beneficios como el acceso al censo, la posibilidad de contar de forma automática con espacios gratuitos de publicidad o las subvenciones para el mailing electoral. Por eso los dos partidos mayoritarios trabajan con fórmulas como exigir un número mínimo de firmas para avalar las candidaturas, o una fianza que disuada a las que no tengan apoyos previos.

LOS DOS GRANDES SE LO REPARTEN TODO

Entre los flecos que quedan por cerrar está la petición insistente del PP para que en los ayuntamientos gobierne la lista más votada.

Los dos partidos están también de acuerdo en medidas referidas a las campañas electorales; por ejemplo, que las televisiones privadas estén obligadas a emitir espacios gratuitos de publicidad electoral como hacen las cadenas públicas.

También hay acuerdo para crear un consejo permanente que se encargue de establecer unas normas fijas para los debates electorales, evitando así tener que pactarlos cada vez.

Inicialmente, PSOE y PP se inclinaban por eliminar la actual limitación legal de no publicar encuestas la última semana de campaña, y barajaron la posibilidad de permitirlas hasta la misma jornada de reflexión. No obstante, es probable que fijen el límite en el lunes previo al domingo electoral.

Los dos partidos tienen previsto cerrar el acuerdo durante el mes de abril, cuando culmine el mandato de la subcomisión. Sin embargo, la iniciativa para cambiar la Ley de Partidos y la Ley Electoral con el fin de obligar a la izquierda abertzale a condenar el terrorismo podría modificar ese calendario, de forma que se tramitase toda la reforma legal de forma conjunta.