Afirman los Gobiernos autonómicos que los recortes en sanidad son necesarios porque no hay dinero, pero mientras en Castellón la falta de quimioterapia deja a enfermos sin tratamiento, se cerraron 50 camas hospitalarias y se paralizaron las obras del hospital de La Vall o el Consell debe todavía 200.000 euros del año 2011 a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, resulta que sí hay 300.000 euros mensuales para mantener el aeropuerto de Castellón que sigue sin funcionar, más de 84.000 euros anuales para el salario de su director, 300.000 euros par una estatua en la entrada del aeropuerto o 456.521,94 euros para asegurar que “las pistas y el espacio aéreo estén libres de cualquier obstáculo que la fauna de la zona pudiera ocasionar a los aviones que no pasan por allí”.
Mientras Catalunya cobrará un euro por cada receta médica, paradójicamente, los 90 responsables políticos de la cúpula del organismo Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se han embolsado 800.779 euros en dietas por acudir a las reuniones en las que, entre otras medidas, han decidido subir el billete de metro de 1,45 a 2 euros o despedir, como medida de austeridad, a 36 trabajadores eventuales que debían pasar a fijos. El alcalde barcelonés Xavier Trías encabeza el ránking: 36.800 euros por asistir a 29 reuniones (1.269 euros por cita). Y Artur Mas y otros nueve parlamentarios disfrutan de una dieta en concepto de transporte de un mínimo de 20.000 euros, a pesar de contar con coche oficial que los traslada para sus quehaceres políticos.
Todo indica que, en realidad, sí hay dinero. Pero la ciudadanía y el pueblo no son la prioridad de los gobernantes que dicen “representarnos”. Antes y por encima de todo, van ellos y sus amigos. Por ello toman decisiones que priorizan sus propios intereses particulares en detrimento de nuestros propios intereses generales (faltando a su deber) sin importarles lo más mínimo el acabar perjudicando seriamente a los ciudadanos y a su salud.
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