Palos de la Frontera - Huelva

Uno de los secretos mejor guardados desde el comienzo de la transición política ha sido la financiación de las organizaciones sindicales. Los sindicatos -esos entes que han brillado por su ausencia últimamente-, tan dispuestos siempre a exigir transparencia a las empresas, a los organismos e instituciones, llevan más de 30 años ocultando sus finanzas, siendo así que la abrumadora mayor parte de los recursos que manejan procede del erario en la distintas administraciones. La complejidad organizativa de los sindicatos, con aparatos centrales y estructuras territoriales descentralizadas, superpuestas a las sectoriales, hace más complejo e imperseguible el objetivo de conocer una cifra, siquiera aproximada, del dinero que manejan.

El Ministerio de Trabajo financia por una doble vía a las centrales sindicales. Una partida presupuestaria para 2010 (que es exactamente la misma que se aprobó para 2009), alcanza 15.798.500 euros, destinados a la financiación basada en la representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas. Su destino es vago e indeterminado: actividades de carácter sindical. Hay una segunda partida de los Presupuestos del Ministerio de Trabajo, también reproducida literalmente de 2009 al proyecto de 2010, por importe de 4.800790 euros.

Todo ello, sin introducirnos en las arenas movedizas de la financiación indirecta, a través de una trama de subvenciones y pagos en especie que todas las administraciones y otras instituciones pagan.

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