Palos de la Frontera - Huelva

Iñaki Urdangarin reformó parte de la mansión que posee en Barcelona con dinero público desviado a la empresa Aizoon que comparte con la Infanta Cristina. La Policía Judicial ha determinado que el duque de Palma invirtió al menos 80.000 euros procedentes de las administraciones públicas balear y valenciana en los cerramientos, aluminios, cristales, puertas y suelos de la vivienda de Pedralbes, que les había costado siete millones de euros y que estrenaron en 2005.

El recorrido de los fondos es muy simple de explicar: Urdangarin y Torres recibían el dinero público en el Instituto "sin ánimo de lucro" Nóos y luego lo desviaban a sus empresas particulares. Parte del dinero que acabó en Aizoon fue empleado en la reforma de la vivienda que el matrimonio posee en el barrio barcelonés de Pedralbes.

La sociedad familiar que comparten los duques de Palma libró a lo largo del ejercicio de 2005 sendos pagos a la empresa de carpintería y ebanistería Pasi Disseny, radicada en Badalona, y a Cristalería Juventud, ubicada en el polígono industrial Sales de Sant Boi, especializada en el montaje de ventanas y estructuras metálicas.

EL MUNDO se ha puesto en contacto con ambas empresas proveedoras y sus responsables han explicado que trabajaron en la reforma del palacete de Pedralbes. Representantes de Pasi Disseny han precisado que participaron en la reforma de la carpintería de la vivienda de Pedralbes empleando "los mejores materiales". "Hicimos una reforma de arriba abajo", añaden en referencia al montaje de puertas, suelos y ventanas.

La misma expresión utilizan en Cristalería Juventud, donde señalan que las ventanas fueron instaladas por sus empleados, recurriendo, de nuevo, a productos de máxima calidad. "Fue una reforma grande", abundan sus responsables, especializados en todo tipo de instalaciones de vidrio. "Cambiamos todos los cristales y el aluminio".

Estas operaciones obran ya en poder del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma que investiga al duque de Palma por malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, prevaricación y falsedad documental.