Moguer - Huelva

madre mia cuantos golfos hasta cuando vamos a aguantar esto los españoles, mientras nos quitan nuestros derechos estos golfos ellos se enriquecen cada vez mas,estamos a punto de esplotar y ya veremos que pasa

La Comunidad de Madrid no actuó a pesar de que tuvo conocimiento del fraude de los cursos de formación en la patronal madrileña, “al menos desde 2012”, según han precisado fuentes de la oposición a ELPLURAL.COM, aunque la directora general de Formación, Patricia Herrero, no lo haya admitido ayer en el pleno en la Asamblea de Madrid. También negó que el cese de uno de sus subordinados, el subdirector de Formación Continua y Emprendedores, Joaquín Velázquez, ha sido en represalia por su denuncia del fraude ante la Policía. El funcionario fue cesado tres días después de declarar y facilitar datos a la Policía.

La responsable de Formación justificó el cese del funcionario
En la Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid, celebrada este miércoles, la responsable de Formación de la Comunidad de Madrid justificó que el puesto de subdirector que ocupaba Velázquez es de libre designación y que éste fue destituido por una “pérdida paulatina de confianza”. Fuentes de la oposición ponen en duda estas alegaciones porque “a un funcionario le reubicas fácilmente en cualquier departamento y si querían sacarlo de Formación podían haberlo trasladado a otro”.

La Comunidad de Madrid no colaboró con la Policía
Herrero indicó que la Consejería no tiene “nada que ocultar” sobre el escándalo de los cursos de formación, un fraude de 15 millones de euros, e indicó que la salida de Velázquez no se produjo porque éste colaborase con la policía.

Según la directora general, la decisión de destituir a esta persona se arrastraba “desde hace muchos meses antes” de conocerse este caso y no se produjo hasta que no existió un relevo. Además, aseguró que la Dirección General de Empleo colaboró con la Policía y facilitó la documentación requerida. Sin embargo, fuentes policiales confirmaron a El País que la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid no había colaborado en la investigación de este caso, antes de la denuncia de Joaquín Velázquez.

Supo de las irregularidades como mínimo desde principios de 2012
La directora general ha argumentado que fue en la primavera de 2013 cuando la Consejería de Empleo detectó la ausencia de documentación de justificación de los cursos y que en ese momento abrió 28 expedientes para la revocación y reintegro de las ayudas.

El diputado de UPyD en el Parlamento madrileño Ramón Marcos ha dicho a ELPLURAL.COM que “como mínimo” la Comunidad de Madrid tiene conocimiento de irregularidades “desde la primavera de 2012”, según les han confirmado fuentes de la Consejería de Empleo. Ramón Marcos ha añadido que su partido tiene “indicios” de que incluso la Comunidad de Madrid sabía de las irregularidades sobre Aneri, el cabecilla de la trama, “desde 2010”.

Se siguió dando subvenciones sin que se justificaran las anteriores
En cualquier caso, apunta el diputado de UPyD, “lo tenían que saber porque las subvenciones de 2010 tenían que ser justificadas en 2012 y no se justificaron”. A pesar de esto, “se siguieron concediendo subvenciones”.

“El jefe de Área de Formación, Vicente Ferreras, lo sabía desde 2012 y en enero de 2013 eran varios los funcionarios que denunciaron la gravedad de estos hechos”, explica el diputado de UPyD. Sin embargo, la responsable de Formación dijo ayer en la Cámara madrileña que ella tuvo constancia de irregularidades del 27 de septiembre pasado.

La Policía fue la que acudió a la Comunidad el 8 de enero
El 28 de octubre pasado la Consejería de Empleo “empezó a llamar a las asociaciones empresariales para que justificaran las subvenciones recibidas” en vez de denunciar las irregularidades ante la Policía, que fue la que acudió a la Comunidad de Madrid, el 8 de enero, como parte de su investigación sobre el fraude de los cursos, que ya investigaba en relación con el empresario José Luis Aneri.

HUELVA INFORMACION HOY 14.03.2014

El ex alcalde de Aljaraque se enfrenta a 5,5 años de cárcel por falsedad y delito fiscal
La Fiscalía reclama para el ex concejal de Urbanismo Casto Pino -mano derecha de Orta- 8,5 años de prisión por cohecho, blanqueo de capitales y dos delitos contra la Hacienda Pública.
RAQUEL RENDÓN | ACTUALIZADO 14.03.2014 - 06:50
zoom
El ex alcalde aljaraqueño, Juan Manuel Orta, junto a su mano derecha, Casto Pino, principales imputados en el 'caso Aljarake'.

Recta final en el caso Aljaraque, centrado en la presunta trama corrupta establecida en el municipio del área metropolitana entre 2003 y 2007 por su ex alcalde, Juan Manuel Orta (PP), el ex concejal de Urbanismo, Casto Pino (PP), y un socio del regidor en la empresa Taller de Finanzas SL, A.G.V. Tras el análisis minucioso de los once tomos que contienen las actuaciones principales (casi 4.500 folios) y los 17 anexos documentales (8.000 folios) que conforman la causa, el fiscal del caso solicita para los tres imputados elevadas penas de prisión y multas millonarias en su escrito de acusación.

En total, el Ministerio Público entiende que Orta debe ser condenado a cinco años y medio de cárcel y abonar multas por valor de 303.000 euros. Así, estima que incurrió en un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por el que le asigna una pena de dos años de prisión y una multa de 3.000 euros; y en otro delito contra la Hacienda Pública al que corresponden tres años y seis meses de reclusión, 300.000 euros de multa y la pérdida durante tres años de la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

En el caso del ex concejal de Urbanismo la cosa se complica. Casto Pino se enfrenta a una petición global de pena de ocho años y medio de presidio y al pago de más de 1,4 millones de euros en sanciones. La Fiscalía le atribuye la comisión de un delito de cohecho por el que exige que cumpla tres años de cárcel y pague una multa de 4.500 euros. Otros cuatro años suma a la acusación por dos delitos fiscales, que conllevan la solicitud del abono de gravámenes por importe de 500.000 y 300.000 euros, respectivamente. Por último, el Ministerio Público estima que debe imponérsele otra condena de un año y seis meses de prisión por blanqueo de capitales y sancionársele con 600.000 euros de multa.

Para el economista A.G.V., socio del ex regidor aljaraqueño en Taller de Finanzas SL, el fiscal pide (al igual que para Orta) otros cinco años y medio de reclusión en un centro penitenciario y 303.000 euros de sanción por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro contra la Hacienda Pública.

Pino fue concejal de Urbanismo en Aljaraque entre 2003 y 2007, "coincidiendo con una intensa e irreversible urbanización del término municipal", remarca el fiscal en su escrito. A principios de 2007 se entrevistó presuntamente con el empresario Rafael Barroso en su despacho municipal, quien tenía entre manos un proyecto de edificación de apartamentos turísticos en la localidad. Entonces Casto Pino "procedió a solicitarle 300.000 euros para interesarse por la licencia de obras y proceder a reactivarla". La operación no llegó a buen término y el empresario (ex militante del PP) denunció el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de iniciativas urbanísticas ante la Fiscalía Anticorrupción. Barroso abrió la caja de Pandora y, tras 14 meses de investigación, el trío y la mujer de Pino, A.S.N., fueron detenidos en abril de 2008.

El escrito de acusación observa cómo en el ejercicio 2003 Casto Pino obtuvo "incrementos patrimoniales no justificados de 430.596,8 euros". Estimando que esta cantidad no fue declarada por el ex concejal de Urbanismo, la Fiscalía calcula que defraudó a la Hacienda Pública 193.768,6 euros, cantidad que asciende a 378.604 euros "dado que las ganancias patrimoniales de su pareja, A.S.N., han de serle imputadas por desconocimiento o ignorancia" de la mujer.

De hecho, recalca el Ministerio Público, en 2003 ella obtuvo ganancias patrimoniales injustificadas por valor de 410.746,9 euros, con partidas de ingresos en efectivo en su cuenta de 90 billetes de 200 euros (18.000 euros, del 6 de febrero); otra de marzo de 50 billetes de 200 euros (10.000 euros), y una más en mayo todavía más significativa de 86.600 euros distribuidos en "ocho billetes de 500, seis billetes de 200, 357 billetes de 100 euros y 914 de 50 euros". Entiende el fiscal en este caso que tales beneficios corresponden a "bases imponibles ocultas en concepto de ganancias patrimoniales no justificadas pertenecientes realmente a Casto Pino". Es decir, que el patrimonio ilícito ascendería a 841.343,7 euros, defraudando a Hacienda 378.604,7 euros.

En 2005 la historia se repite. Observa que nuevamente Casto Pino ocultó al erario público 118.062 euros, alcanzando los 133.902 al agregarle los ingresos injustificados de su esposa. Llama la atención de la acusación pública que durante ese ejercicio el ex edil "entró en posesión, de modo que se ignora, de una considerable cantidad de dinero en metálico en billetes de gran cuantía de escaso uso en el tráfico económico y comercial, regularizando su tenencia al hacer uso de los mismos para ingresarlos en cuentas de su disposición y transferir luego desde la misma ciertas cantidades en concepto de pago de deudas a proveedores". De ahí que le atribuya el delito de blanqueo de capitales.

Para muestra, un botón. Pino era administrador único de la empresa Transportes Colombinos SL, en cuya cuenta ingresó entre marzo y abril de 2005 173.750 euros "usando enormes cantidades de billetes de 500 y 200 euros". Hasta 175 de los llamados Bin Laden. El engaño se perpetúa, supuestamente, en años sucesivos.

Respecto a Juan Manuel Orta y su socio en Taller de Finanzas SL, A.G.V., el fiscal remarca que "procedieron a alterar de forma sistemática la contabilidad de dicha empresa, falseando directamente las facturas en 2004, 2005 y 2006, simulando totalmente la participación de personas y empresas que no habían tenido participación alguna en los supuestos negocios jurídicos que amparaban dichas facturas falsas". Calcula que ambos "defraudaron a la Hacienda Pública" a través de la mercantil 37.304 euros del Impuesto de Sociedades y 13.745 euros de IVA en 2004; en 2005, 40.719,6 euros del Impuesto de Sociedades y 17.720,5 euros de IVA; y en 2006, 14.234,7 de IVA.

Entre otros presuntos fraudes, el Ministerio Público afirma que el ex alcalde aljaraqueño defraudó a Hacienda 146.101,6 euros en 2004; su socio, 180.826,9 euros. Los dos socios habían adquirido además apartamentos en El Portil e Islantilla.

El escrito de acusación, con el que se interesa la apertura del juicio oral, contempla también un apartado de responsabilidad civil que atañe a los tres procesados. A juicio de la Fiscalía, Casto Pino debe indemnizar al Ministerio de Hacienda con la totalidad de la deuda tributaria no ingresada por el IRPF de 2003, 378.604,7 euros, y de 2005, importe que asciende a 133.902,6 euros. El erario público debería recibir -en opinión de la acusación pública- de Juan Manuel Orta 146.101,6 euros por la deuda tributaria no percibida por el IRPF de 2004, mismo concepto por el que pide que A.G.V. indemnice a Hacienda con 180.826,9 euros. Exige además que los tres asuman las costas procesales.

PSOE e IU creen que la "especulación urbanística" marcó la gestión local

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, valoró la petición de la Fiscalía de cinco años y medio de prisión para el ex alcalde del PP de Aljaraque, Juan Manuel Orta -al que acusa de delito fiscal y falsedad documental- y de ocho años y medio, más cargos por cohecho, para el ex concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Casto Pino, como a un hecho que "apunta a que el PP aprovechó presuntamente los años del pelotazo urbanístico para lucrarse".

Bajo su punto de vista, "en el PP fueron los artífices del urbanismo salvaje, desaforado y sin control en Aljaraque, que intentaron convertir en la Marbella onubense". Concretamente, "siguieron el modelo de desarrollo urbanístico que nos ha llevado a la crisis actual". Según el dirigente socialista, "ahora, seis años después, la Justicia viene a constatar que Orta y Casto Pino presuntamente actuaban en favor del enriquecimiento personal".

Ferrera, además, mostró su preocupación por que el actual alcalde, David Toscano, formaba parte de este equipo de Gobierno y, por tanto, "se ha convertido en el alumno aventajado, al ser una persona de la máxima confianza de Juan Manuel Orta".

El portavoz de IU en Aljaraque, Rafael Sánchez Rufo, se mostró confiado en que al finalizar la instrucción del procedimiento abierto contra Orta y Pino, "se aclare todo lo relativo a esta oscura etapa" en el Ayuntamiento de la localidad. Según aseguró, la acusación por parte del Ministerio Fiscal del delito de cohecho al ex concejal "relaciona este caso con la gestión del PP en el Ayuntamiento de Aljaraque durante los años en lo que esta formación política ha estado gobernando en esta localidad".

Sánchez, al igual que Ferrera, le recordó a David Toscano que formó parte del equipo de gobierno del ex alcalde acusado, "que ésta es la verdadera herencia recibida que lastra el futuro de Aljaraque, una gestión de dice años marcada por la especulación urbanística y la ausencia de transparencia".

El PP onubense, por su parte, recordó ayer que tanto el ex alcalde popular de Aljaraque, Juan Manuel Orta, como el ex concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Casto Pino, "llevan seis años retirados de la vida política y del partido". El secretario general del PP onubense, Guillermo García Longoria, expresó ayer el respeto "absoluto" de su partido a los procedimientos judiciales, indicando que, "por lo tanto, no valoramos el proceso judicial hasta que esté concluido". No obstante, García Longoria subrayó que este es un proceso que se dilata desde hace más de seis años, al tiempo que destacó que "ni Juan Manuel Orta ni Casto Pino ostentan cargo público alguno ni tienen representación en ningún órgano del PP".

Psoe y Iu impiden que se investiguen en el parlamento andaluz el fraude de los fondos de empleos dado a Ugt, todos iguales psoe, pp ,iu, cuando les toca a los otros , y aquí en el foro los de unos o otros sacando la mierda del otro sin mirar en su casa

Pues claro,que esperabas de los comunistas y socialistas panzones ? Izquierda unida se a unido a la mierda del gobierno andaluz y se revuelca en ella, dan asco ! Y los andaluces no se levantan contra estos sinverguenzas

A la carcel los corruptos del pp y psoe

Viva andalucia libre

no te esfuerse antpermol estos que solo hablan del psoe y no dicen ni mu del pp son estomaguitos agradecidos estan comiendo gracias al pp o mejor dicho al dinero corrupto del pp

a la cacerl con todos los corruptos sean del psoe depp o del c..o de su madre

Hablando claro no dices nada del director general que robaba la luz y el agua, ganando mas de 60000 euros, solo los del pp roban? todos a la carcel unos y otros no hay que ser tan partidista

pues claro que si digo lo del golfo ese y si lees mis comentarios veras que hablo de todos los sinverguenzas sean del partido que sean a mi no me dan de comer los politicos pero aqui hay algunos que parece que comen de ellos