Escacena del Campo - Huelva

El ministerio de Trabajo ha desestimado la petición de Fuente el Saz, el primer municipio de la Comunidad de Madrid que ha pedido un expediente de regulación de empleo para poder sanear sus cuentas. El argumento del Ejecutivo es que un ayuntamiento, como administración pública que es, no puede acogerse a una medida limitada a la “actividad empresarial o entidades que persigan la obtención de un lucro”. Sin embargo, en Escacena del Campo (Huelva), se practicó exactamente la misma medida que ahora solicita Fuente el Saz, en manos de los populares. “No quiero pensar que haya un posicionamiento interesado y político de la dirección general de Trabajo”, dijo Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, al enterarse del informe “negativo” que envió el Ejecutivo.

Según datos de la Consejería de Empleo de Andalucía, Escacena del Campo (Huelva), Almensilla y Valencina en Sevilla, Huércal de Almería y Jerez de la Frontera son los cinco ayuntamientos andaluces que presentaron desde 2008 expedientes de regulación de empleo, tanto de extinción de contratos como de suspensión temporal. Curiosamente, excepto el ayuntamiento de Huércal, gobernado por IU, los cuatro consistorios restantes están a manos de los socialistas. Curiosamente también, el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), el mismo que acaba de enviar el informe "no favorable" a la Comunidad de Madrid, no envió ninguna notificación a la Junta de Andalucía, para "asesorarle" sobre qué debía hacer con los ayuntamientos andaluces que querían hacer un expediente de regulación de empleo "temporal" en sus consistorios. Ni a favor ni en contra.

El último consistorio andaluz en solicitar la misma medida que Fuente el Saz ha sido el ayuntamiento de Jerez de la Frontera (PSOE), que la presentó el 7 de enero de este mismo año. La suspensión temporal de empleo, que hubiera afectado a 300 empleados mayores de 60 años, finalmente no se ejecutó. A finales de 2009, la delegación provincial de Empleo sí que autorizó el expediente de suspensión temporal de 19 empleados en el ayuntamiento de Escacena del Campo. Antes, en mayo de 2008, el de Almensilla llevó a la delegación provincial un expediente de extinción de contratos que afectaba a 82 trabajadores y que no contaba con el acuerdo de los representantes sindicales, por lo que fue rechazado por la autoridad laboral. Unos meses más tarde, el mismo ayuntamiento presentó otro expediente para extinguir diez empleos, y fue autorizado en septiembre de 2009 al contar con el respaldo sindical.

También en 2008 el ayuntamiento de Valencina de la Concepción quería extinguir 38 empleos públicos, pero al no contar con el acuerdo sindical fue rechazado por la autoridad laboral. En el municipio almeriense de Huércal de Almería el expediente que pedía la eliminación de 29 empleos se efectuó en diciembre de 2008, pero no obtuvo el beneplácito de los sindicatos, y dos meses más tarde fue archivado porque el consistorio desistió.

Fue el pasado 31 de enero cuando el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) desestimó la solicitud del Ayuntamiento de Fuente el Saz del Jarama para el ERE que dejaría sin trabajo durante un año a quince empleados municipales y reduciría a la mitad el salario de otros cuatro. En su escrito, consideraba que “los mecanismos de regulación de empleo, de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas” se limitan “al ámbito de la actividad empresarial o entidades que persigan la obtención de un lucro” y que, por tanto, una Administración Pública como un ayuntamiento no se puede acoger a ellas.

Naturaleza suspensiva, no definitiva

González recordó la semana pasada que es la Comunidad de Madrid y no el ministerio de Trabajo el organismo que finalmente emitirá una resolución sobre el ayuntamiento de Fuente el Saz, que quiere hacer un ERE de naturaleza suspensiva, como los andaluces. Por suspensiva se entiende que no quiere echar a la calle a sus trabajadores, sino suspender temporalmente su relación laboral ante la crisis que tienen. Y ese asunto es el que siendo objeto de valoración por parte de los servicios de empleo.

La última palabra la tendrá finalmente la Comunidad de Madrid, que mañana dará un dictamen final sobre el rumbo del municipio madrileño. En su escrito, Trabajo recordaba que los ayuntamientos están al servicio de los "intereses generales" y que su función es prestar los servicios públicos que marca la ley, pero no perseguir fines empresariales. Asimismo, dado que el ayuntamiento argumentó "motivos económicos" para solicitarlo, el SPEE señaló que la administración municipal debe ser "eficaz" y dotarse de la "previsión financiera" necesaria para la prestación de los servicios públicos".

González insistió que la Dirección de Trabajo de la Comunidad de Madrid dictará la resolución que considere más favorable para los intereses del ayuntamiento, de los ciudadanos y de los trabajadores. "Quien no esté de acuerdo, que recurra a los tribunales de justicia". A espera de la bendición de Aguirre, la propuesta de Fuente el Saz se extenderá como un reguero de pólvora hacia otros consistorios de la comunidad en parecidas coyunturas. El Álamo, Daganzo, Torrelodones, Valdemoro… son los nombres de otras localidades que están esperando la resolución final con Fuente el Saz para sumarse a la moda de los EREs "temporales" públicos.