Encinasola - Huelva

La Junta dice no saber nada del dinero de los ERE que fue a paraísos fiscales

Miércoles, 06 de Febrero de 2013 09:12

El Gobierno andaluz no sabe nada sobre el presunto desvío de fondos a paraísos fiscales por parte de una intermediaria de los ERE. La Junta sólo podría "certificar" las cantidades abonadas a las aseguradoras "y, a partir de ahí, escapan a las posibilidades de investigación" de la Administración. Es lo que dijo ayer el portavoz del gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez al ser preguntado por el caso de Vitalia Vida, una aseguradora de los ERE que construyó un complejo entramado empresarial para desviar fondos a diversos paraísos fiscales como Luxemburgo, Andorra y la República Dominicana.

Según la agencia EFE, Vázquez ha insistido hoy en que "desde el primer momento", la Junta está "colaborando" con la Justicia en el caso de los ERE fraudulentos "y todo documento que puede ser enriquecedor para la investigación lo está poniendo a disposición de los tribunales".

"Desde el primer minuto la Junta ha colaborado, incluso ha pedido fianzas por el perjuicio que se pudiera haber provocado", ha remarcado el portavoz, quien ha enfatizado que la Junta está "a tumba abierta", en una actitud "colaboradora". "Si ese punto en concreto es así, supongo que lo estarán investigando, pero eso corresponde más a la labor judicial que a la propia labor de la Junta, que sólo podrá certificar o no la cantidad que abonó a las aseguradoras y, a partir de ahí, lo que hayan hecho con esas cantidades se escapa a las posibilidades de investigación de la Junta", ha subrayado.

El juzgado sevillano que investiga los ERE fraudulentos prorrogó ayer de nuevo el secreto del sumario, decretado por primera vez en noviembre pasado para favorecer una nueva línea de investigación de la Guardia Civil que ya ha enviado a prisión a un presunto testaferro de empresas pantalla. La decisión se ha tomado a petición de la Guardia Civil para proseguir una nueva línea de investigación sobre blanqueo de capitales que el pasado 15 de enero envió a la cárcel a Juan Francisco Algarín, administrador de una empresa presuntamente utilizada como pantalla para introducir en el sistema financiero las comisiones ilegales que cobraban.

Los paraísos fiscales de los ERE

La consultora Vitalia Vida, mediadora habitual de los ERE financiados por la Junta de Andalucía, a la que cobró comisiones abusivas, tejió un entramado empresarial para desviar fondos a diversos paraísos fiscales como Luxemburgo, Andorra y República Dominicana. La consultora cobró en cinco años 23,2 millones de euros en comisiones por los ERE y al menos 13 millones acabaron desviados a paraísos fiscales. Así lo cree la División de Investigación Criminal de los Mossos, que ha remitido varios informes al Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en los que describe el proceder del holding Vitalia Vida, que sólo entre 2006 y 2010 cobró al menos 23,2 millones de euros en comisiones del conocido como fondo de reptiles que nutría los ERE.

La Policía de la Generalitat investigaba la quiebra fraudulenta de la mutua Fortia Vida, que dejó sin cobrar durante meses a miles de prejubilados en toda España, y se encontraron con que la entidad «era parte de un entramado personal y financiero que trasciende los hechos inicialmente investigados». En ese entramado, ha resultado imputado un ex alto cargo de Jordi Pujol, Jordi Conejos, director general de Industria de la Generalidad.

Los responsables de Fortia disfrazaron como malas inversiones inmobiliarias lo que, en realidad, según sus administradores judiciales, fue un desvío de más de 23 millones de euros hacia otras sociedades. Al menos 13 millones acabaron en empresas controladas por responsables de Vitalia mientras prejubilados de toda España se quedaron sin cobertura. Para ello, se utilizó un complejo entramado empresarial en el que, según los Mossos, «se podría enumerar muy generosamente más de un centenar de mercantiles», con la participación de sociedades radicadas en Luxemburgo, Andorra, República Dominicana y Bélgica.

Pese a ello, Vitalia la Junta la eligió durante años para llevar a la práctica el sistema de los ERE: prejubilar a trabajadores de empresas en crisis con cargo a las arcas públicas sin convocar concurso ni realizar ninguna oferta pública. Cobraba por ello unas comisiones que la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, considera abusivas, desproporcionadas y fuera de mercado.

En la cúpula de la organización los agentes sitúan al dueño de Vitalia Vida, el empresario catalán Eduardo Pascual Arxé, que mantiene negocios con la Junta al menos desde principios de los 90, a través de Medicalia, una sociedad dedicada también a la consultoría laboral y a la tramitación de incapacidades e invalideces.

Medicalia fue la empresa a la que recurrió Renfe a finales de los 80 para tramitar 1.800 ceses e invalideces en la empresa pública de ferrocarriles, durante el Gobierno de Felipe González. El Tribunal de Cuentas consideró desproporcionadas las comisiones cobradas por Medicalia en aquella operación, por la que el Estado le pagó unos 4,7 millones de euros.

La Junta había contado con Medicalia para varios planes de prejubilaciones en los 90, como los de las empresas aeronáuticas Isa, Inverisa, HTC y HTM. Cuando se estableció formalmente el fondo de reptiles en el año 2001, mediante la implantación de un sistema opaco de concesión de ayudas, Vitalia se convirtió en la mediadora y consultora de cabecera del Gobierno autonómico para llevar a buen puerto los planes de prejubilaciones.

El holding Vitalia invirtió los beneficios de su actividad, entre ellos las comisiones de los ERE, en operaciones inmobiliarias fuera de España, realizando poco a poco una descapitalización de Fortia Vida. El resultado fue la quiebra de la aseguradora, con el consiguiente perjuicio para sus clientes, y el enriquecimiento, presuntamente ilícito, de particulares. Así lo consideran los Mossos y así lo avanzaron ya los administradores provisionales de Fortia Vida, en su informe final.

Junto a Eduardo Pascual Arxé, los investigadores colocan en el puente de mando o «la cúspide» del holding Vitalia Vida a María Vaqué Molas. Estas dos personas utilizaron «testaferros y una dirección comercial de la mano de Antonio Albarracín», con un objetivo primordial: «Las comisiones sobre las pólizas».

Albarracín está doblemente imputado: por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en la quiebra presuntamente fraudulenta de Fortia Vida, y por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, en el caso de los ERE.

Los bufetes y los amiguetes

El despacho sevillano, Estudios Jurídicos Villasís, participó en la tramitación de algunas pólizas irregulares y conoció supuestamente la inclusión de falsos trabajadores en expedientes subvencionados por la Junta. Bajo esta tesis, la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya (apartada desde el verano del caso por enfermedad), imputó a los responsables del bufete, Carlos Leal B. y Daniel Gutiérrez M.

A cambio de su asesoramiento legal a empresas en quiebra, este despacho, que tuvo como comercial al conseguidor de ayudas y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, cobró jugosas minutas que directa o indirectamente abonaba la Consejería de Empleo con cargo al fondo de 647 millones de euros para empresas en crisis, bautizado como «fondo de reptiles» por el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

Tras rastrear los datos fiscales de la empresas que tomaron parte en la trama de corrupción, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda descubrió que Estudios Jurídicos Villasís recibió un montante superior a 3,34 millones de euros por parte de la consultora Uniter SL entre 2006 y 2010, es decir, durante la mitad de la década en la que estuvo funcionando el polémico sistema de financiación pública de los ERE creado en 2001. Uniter SL, perteneciente a José González Mata, fue una de las principales mediadoras en el negocio de los ERE junto con Vitalia. Ambas llegaron a ingresar más de 34,5 millones en comisiones en sólo cinco años, según el estudio fiscal.

Uniter y el Estudios Jurídicos Villasís gestionaron las pólizas de los ERE más voluminosos, que afectaron a las empresas Santana Motor, Astilleros, Delphi o la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla. Empleo asumía, sin mediar ningún concurso público, el pago de las comisiones a intermediarios y, lo que resulta más insólito, el asesoramiento legal a empresas y sindicatos.

Los fondos de los ERE constituyeron para Estudios Jurídicos Villasís la principal fuente de entrada de dinero. Así lo revelan con claridad las cuentas del bufete, que en 2006 y 2007 declaró haber facturado 2,17 y 1,54 millones de euros, respectivamente. Estas cifras contrastan con el que hecho de que las ganancias al cierre de 2007, por ejemplo, fueran de apenas 10.969 euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.