Cartaya - Huelva

Del Blog de Martín de la Herrán candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por UPyD

La Junta está en suspensión de pagos. Ahí queda eso. Y es así desde el 11 de enero, en que la intervención general dio instrucciones en un escueto email de suspender el pago a los proveedores (quienes, como todos sabemos, no pueden soportar estos continuos impagos y están quebrando, despidiendo empleados, etc). Pero el PSOE lo hace porque, al parecer, logra así “maquillar” las cuentas de 2011 (que se cerraron en noviembre, no lo olvidemos), haciendo desaparecer del sistema informático la existencia de esas facturas, con lo que logra trasvasar déficit oculto a 2012, para que sea otro -el que venga- el que se encuentre con el “pastel”.

Una medida que, por supuesto, se ha mantenido celosamente en secreto y se acaba de filtrar a la prensa. Y entre tanto, los funcionarios, dando la cara a los ciudadanos, que no comprenden porqué ahora sus facturas no existen.

Y el mismo día, nos enteramos de la sentencia que condena al Alcalde de Alhaurín el Grande (PP) y a su concejal de urbanismo por un delito de cohecho, explicando la sentencia cómo pedían comisiones a constructoras (en El País se habla de 122.000 €) a cambio de permisos y licencias. Lo más grave -si cabe- es que el PP andaluz muestre nuevamente su falta de respeto a las sentencias y su rechazo a acatarlas, mostrando su “apoyo”, convencidos de la inocencia de su compañero. Parece que Rajoy sigue sin ver que la corrupción está extendida, y es tan mala la de los EREs como las “del montón”, como ésta, en la que no se habla de tantos millones.

Vaya por delante que ha de primar la presunción de inocencia hasta que no haya sentencia firme -y esta no lo es-, pero el PP debiera, siquiera cautelarmente, suspender al corrupto y no hacer alarde de su “apoyo” a un condenado, aunque la sentencia no sea firme.

Desde luego, estoy seguro de que UPyD cesaría fulminantemente a cualquier cargo público condenado por un delito de corrupción, siendo, de hecho, el único partido que concurre a las elecciones sin imputados por estos delitos en sus listas.