Calañas - Huelva

La juez busca «intrusos» entre los prejubilados de Minas de Riotinto

Las pólizas fueron realizadas por Uniter, relacionada con la presunta trama fraudulenta de los ERE

Día 18/02/2011 - 07.18h

Las prejubilaciones acordadas entre la Junta de Andalucía y los sindicatos para el expediente de extinción de contratos de Minas de Riotinto fue gestionado por la aseguradora Uniter, investigada por la Policía Judicial por su vinculación con la trama de los ERE detectada en la Consejería de Empleo. Este dato ha provocado que el juzgado esté buscando posibles «intrusos» —trabajadores beneficiados por la prejubilación que nunca hayan trabajado en la empresa— entre los receptores de las ayudas públicas, tal y como ha pasado en los ERE concedidos por la Junta de Andalucía a otras 37 empresas.

La detección de «intrusos» supondría un paso cualitativo en las irregularidades detectadas en las jubilaciones y prejubilaciones realizadas en Minas de Riotinto en enero de 2003. Tal y como viene informando ABC, para este plan de extinción de contratos la Junta y los sindicatos pactaron falsear las vidas laborales de los trabajadores para que pudieran acogerse al plan de ayudas de la Junta, asignándole funciones en los puestos más duros de la mina que nunca habían desempeñado.
Así, personal administrativo e incluso señoras de la limpieza aparecen en los listados que figuran en la Consejería de Empleo como si hubieran trabajando en la galería subterránea de la mina incluso durante el periodo en el que ésta se encontraba cerrada. De esta forma lograban beneficios a la hora de computar su vida laboral, pudiendo acogerse a una prejubilación a la que no hubieran tenido derecho con sus vidas laborales reales.
Los trabajadores han solicitado también el apoyo de los alcaldes

El hecho de que Uniter gestionara las pólizas de las prejubilaciones hace sospechar a los investigadores que entre los 452 trabajadores que se acogieron al plan de jubilación pudiera haber personas sin ninguna relación con la mina, tal y como ha ocurrido en los ERE de otras empresas gestionados por Uniter.

Así, hace unos días la Policía entró en las dependencias de la empresa en Valverde del Camino, requisando numerosa documentación que fue remitida la pasada semana a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.
Uniter es una de las dos entidades mediadoras —la otra es Vitalia— que la Policía ha relacionado con el caso de los ERE y sobre la que se han producido registros domiciliarios. Estos se producen después de que la Policía Judicial transmitiese en enero a la juez encargada del caso que «sería necesario intervenir cuanta documentación obre en las entidades Vitalia Vida y Uniter para comprobar en cuántos de estos ERE y en cuántas de las pólizas suscritas a través de estos mediadores con diferentes compañías aseguradoras se han introducido a personas ajenas a las empresas para lucrarse, defraudando de este modo a la Administración pública».
En estos momentos, la extracción de pirita de cobre sería una actividad rentable

En su oficina de Valverde del Camino la empresa se encargaba de la gestión de las pólizas de los mineros incluidos en su día en el acuerdo de medidas sociolaborales para la minería metálica, acuerdo firmado en 2002 —que no empezó a aplicarse hasta 2003— y que incluía medidas como prejubilaciones, ayudas extraordinarias, recolocaciones y un plan de formación para unos 1.200 mineros de la Faja Pirítica afectados por el declive de la minería y cierre de las explotaciones.

Los registros policiales también se realizaron en las sedes de la aseguradora Uniter en Sevilla, Jerez, Cádiz y Linares.
Entre 90 y 120 millones de euros para prejubilar a la faja pirítica onubense
Los acuerdos alcanzados por la administración y los sindicatos en septiembre de 2002 preveían la inversión de entre 90 y 120 millones de euros para atender a los trabajadores de la faja prirítica de Huelva, que llevaba varios años en crisis. Las medidas estaban orientadas a dos colectivos: los trabajadores en activo y los trabajadores históricos, donde se incluían los prejubilados de Minas de Riotinto y una bolsa de trabajadores de Nueva Tharsis que no pudieron ser recolocados tras una crisis anterior que atravesó la mina en 1999.
El acuerdo con el Foro de la Minería Metálica incluía la posibilidad de que 600 mineros se acogieran al plan de prejubilaciones, a las que podrían acogerse todos aquellos mineros incluidos en los expedientes de extinción de contratos que tuviesen cumplidos los 55 años.
El acuerdo garantizaba la percepción del 78% de la retribución salarial bruta mensual de los últimos seis meses percibida por el trabajador, y como mínimo el 85% de la retribución salarial neta correspondiente al mismo periodo, no pudiendo ser superior a la pensión máxima de seguridad social en cada momento. Para los mineros que no pudieran ser prejubilados, se aplicaría el llamado «contador a cero», por el que los trabajadores que hubieran agotado sus prestaciones por desempleo podrían comenzar a cobrarlas de nuevo.