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BONARES, HUELVA
Declaran los cinco acusados de cambiar el uso de suelo forestal por agrícola
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva celebrará hoy y mañana el juicio correspondiente al caso de los cuatro empresarios y un agente de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía acusados de delitos contra la ordenación del territorio, así como de realizar construcciones ilegales en una finca de la localidad onubense de Bonares.
07/06/2010 Informativos CanalSur Así, la Fiscalía de la Audiencia Provincial pidió un total de 17 años de prisión para cuatro empresarios y un agente de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por delitos contra la ordenación del territorio, y en el caso del funcionario por los delitos de cohecho y omisión del deber, ya que habría aceptado sobornos a cambio de evitar que fuesen denunciadas las actividades de transformación y cambios de uso, además de por la existencia de construcciones ilegales en una finca de Bonares.

Según reza el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el empresario J.M.S. contaba con una finca de cien hectáreas en el paraje 'El Avispero', y al objeto de obtener "altos beneficios" con la agricultura intensiva de frutos rojos llevó a cabo al menos desde 2005, un cambio de uso forestal a agrícola, "expresamente prohibido" por la legislación medioambiental vigente.

Además, este mismo empresario concibió la idea de arrendar parte de las hectáreas compradas para que "apareciesen otras personas en las solicitudes de la administración y así enmascarar su actividad ilegal, dados que tenía numerosos expedientes abiertos por la Administración autonómica".

De este modo, este cambio de uso prohibido de forestal a agrícola también se llevó a cabo por A.C.P., quien solicitaba autorizaciones a Medio Ambiente que luego "no respetaba", así como procedió a la apertura de pozos. En esta misma línea, actuó M.M.C., quien arrendó 50 hectáreas de la finca 'El Avispero' con el mismo fin, es decir, realizar "la transformación de uso a cambio de una rebaja en el arrendamiento".

Por ello, los tres acusados, con el fin de dedicarlas a sus usos agrícolas, "han destocado y eliminado toda la cubierta vegetal de pinos, matorral mediterráneo y eucaliptos, manteniendo sólo los árboles que lindan con las carreteras para intentar disimular la transformación".

Asimismo, J.M.S., para asegurarse "la impunidad" de sus actuaciones, contactó con F.B.O., funcionario de la Delegación de Medio Ambiente, para que se ocupase de "evitar las denuncias a cambio de dinero".

Así, en pago de sus servicios el empresario J.M.S., le hizo entrega al funcionario de diversas cantidades en metálico en 2006 --de las que pueden documentarse 6.000 euros en abril, julio y diciembre, y 3.000 en el mes de septiembre y 1.000 euros en octubre--.

El funcionario realizó por tanto "informes erróneos en los expedientes sancionadores y que no reflejaban la magnitud de las transformaciones", cuyo cambio fue denunciado incluso por Ecologistas en Acción de Bonares, agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y agentes de Medio Ambiente, distintos del acusado.

Petición de Fiscalía
Ante esto, la Fiscalía solicita para el empresario J.M.S., cuatro meses de prisión por el delito de daños y por el delito de desobediencia la pena de ocho meses de prisión; dos años de cárcel por el delito de construcción ilegal y multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros, así como inhabilitación para el ejercicio de promotor-constructor durante un año y además por el delito de cohecho tres años de prisión y una multa de 30.000 euros.

Para los otros dos empresarios, A.C.P., y M.M.C., pide para cada uno, cuatro meses de prisión por un delito de daños y por el de desobediencia una pena de ocho años, mientras que por el delito de construcción ilegal pide dos años de cárcel, con la multa de 10 euros diarios durante 12 meses y la inhabilitación de oficio durante un año.

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