Bollullos Par del Condado - Huelva

El ex alcalde admite que no hubo concurso público para las obras del recinto ferial

Carlos Sánchez desmiente a su concejala y niega las permutas para hacerse con la titularidad de los terrenos.

El edil comparece ante el juzgado como imputado en una actuación urbanística

Carlos López Martín / Bollullos, bollullos del condado | Actualizado 24.11.2010 - 05:01

El recinto ferial de Bollullos del Condado, objeto de la denuncia.

El ex alcalde de Bollullos, Carlos Sánchez, ha prestado declaración en calidad de imputado a raíz de las diligencias previas abiertas por su actuación en la urbanización de los terrenos que hoy ocupan el Recinto Ferial. El edil socialista compareció durante más de tres horas en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Palma del Condado en las que descartó los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y desobediencia a los que se enfrenta por la urbanización.

La génesis de estos hechos se remontan al año 2006, cuando el Ayuntamiento comienza las labores de urbanización y los trámites para hacerse con la titularidad de unos terrenos rústicos de 60.000 metros cuadrados de superficie que hoy conforman el recinto ferial y que continúan teniendo titularidad privada.

Bajo estos elementos de partida, las discrepancias surgieron a raíz del vehículo jurídico para materializar esta infraestructura. Sánchez sostuvo en su defensa que la actuación se circunscribió a un proyecto que tenía por fin el interés general, aunque reconoce que las obras de urbanización se desarrollaron sin que mediase concurso público.

José Carlos Hernández Casino, que ejerce como letrado del Ayuntamiento, personado como acusación particular, asegura que las declaraciones de Sánchez y la entonces primera teniente de alcalde, Chari Rosado, son enormemente clarificadoras y desmontan de facto cualquier intento por sortear el delito de prevaricación, al reconocer la titular de Urbanismo que "conocía los informes emitidos por la Secretaría General del Ayuntamiento y la Intervención en los que se dice que las permutas (acuerdo mediante el cual se trato de lograr la titularidad de los terrenos privados) no son acordes a la ley".

Las contradicciones, según la acusación, se hacen extensibles al hecho de que Rosado afirmase tener conocimiento de los compromisos de permuta de las fincas 446, 447, 449, 450, 451, 452 del polígono 19 y 323 del polígono 33 en los que se asentaría dicho espacio público y que "tiene conocimiento de que el Ayuntamiento entrega a cambio el 16% de la superficie aportada en parcelas edificables una vez aprobado el PGOU".

Sánchez trató de corregir las afirmaciones de su compañera y afirmó a este periódico que el acuerdo con los propietarios de los terrenos hablaba meramente de "autorizaciones para el uso del suelo". Más novedades arrojaron su declaración. El edil mantuvo que cumplió la paralización de obras que en junio de 2006 le reclamaba la delegada provincial de Obras Pública, Rocío Allepuz. En concreto, la institución andaluza le instaba a paralizar las obras por ejecutarse sin proyecto y sobre suelo "no urbanizable y especialmente protegido" por el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana, lo que le llevaba a exigir la restauración del suelo en las mismas condiciones anteriores a la actuación.

Petición que finalmente no se produjo. Sánchez se aferró a este punto para mantener que los fastos de septiembre han continuado celebrándose en el mismo emplazamiento y cuestiona el por qué si la infraestructura es ilegal ha seguido siendo utilizada por populares y no adscritos.

Una vez fuera de las dependencias judiciales, el alcaldable socialista insistió en que las conclusiones de las comisiones informativas, que dieron cuerpo y sentido a la denuncia, fueron "redactadas por el propio Hernández Cansino", quien a la postre se convertiría en el letrado de la acusación particular.

Independiente de ello, para Sánchez todo el proceso nace viciado desde el mismo instante en que las subrayadas comisiones son "presididas por un edil tránsfuga, que no pueden ejercer estas atribuciones, por lo que sus conclusiones no tienen validez alguna".

El edil aseguró que mantiene la conciencia tranquila y confía en el archivo de las diligencias previas. "Sería el primer alcalde que sin llevarme un duro a casa es condenado por un delito penal", afirmó, a la par que sostuvo que se trata de un problema de índole administrativo pues recuerda que el Pleno pudo darle curso legal a la actuación mediante la aprobación de la figura del Interés Público, si bien adolecía de mayoría plenaria para ello.

Las diligencias continuarán con las comparecencias en calidad de testigos de los técnicos y propietarios.

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